17 de octubre de 2025
17 de octubre de 2025
Muchas, muchísimas gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa por este reconocimiento tan honroso y conmovedor. Es un gran honor estar hoy aquí para aceptar este premio en nombre de la Fundación Thomson Reuters.
El primer principio de la Declaración de Chapultepec establece que ningún pueblo ni sociedad puede ser libre sin libertad de expresión y sin libertad de prensa. Es un principio que actúa como una estrella guía para gran parte del trabajo de la Fundación. Pero también es un principio que, desde que esa declaración fue adoptada en 1994, rara vez se ha sentido tan frágil, tan socavado.
Según el informe V-Dem 2025, la medida global más completa sobre el estado de la democracia, la libertad de expresión está en retroceso en 44 países, el mayor deterioro registrado hasta la fecha.
Estamos viendo, efectivamente, que a medida que el autoritarismo se expande, la libertad de prensa se erosiona en todo el mundo, con un alarmante aumento de los ataques deliberados y del silenciamiento de periodistas por parte de gobiernos y grupos poderosos desesperados por suprimir narrativas y debates públicos indeseados.
Como ustedes saben, este no es un problema exclusivo de países con regímenes dictatoriales o autoritarios. La represión contra la libertad de prensa adopta muchas formas y ocurre en todas partes, incluso en las democracias más consolidadas del mundo. No hay que mirar muy lejos: Estados Unidos y gran parte de América Latina están viviendo una verdadera crisis de libertad de prensa.
Como abogada, tal vez tenga un sesgo profesional, pero entre las muchas y diversas amenazas a la libertad de los medios que se han multiplicado en los últimos años, son los crecientes ataques legales contra periodistas y redacciones los que me quitan el sueño. Una serie de amenazas legislativas, regulatorias y judiciales amplias y represivas están asfixiando la capacidad de los periodistas de operar de forma libre e independiente, con graves consecuencias tanto para ellos como para las audiencias a las que sirven.
No se trata solo de ataques contra periodistas y el periodismo, sino también contra el derecho del público a estar informado y a tomar decisiones libres y fundamentadas. Son ataques contra la democracia.
Las cifras también cuentan una historia sombría: el Comité para la Protección de los Periodistas informa que el año pasado se registró un número récord de periodistas encarcelados. Actualmente, 361 reporteros están tras las rejas, con China, Israel, Myanmar, Bielorrusia y Rusia entre los principales infractores.
La mayoría de estos periodistas fueron encarcelados bajo leyes originalmente concebidas para proteger a las personas y a la sociedad, pero que se han convertido en instrumentos de represalia, intimidación y opresión.
En la Fundación llamamos a esto la “instrumentalización de la ley”, y se está extendiendo como un incendio.
Para comprender y visibilizar la magnitud del problema, en 2023 nos asociamos con el Tow Center for Digital Journalism de la Universidad de Columbia para mapear las amenazas legales a los periodistas en todo el mundo. El informe resultante reveló un crecimiento sin precedentes de los ataques legales, con un número cada vez mayor de gobiernos que utilizan la ley como arma para socavar el periodismo independiente. De hecho, casi el 50% de los periodistas encuestados —de 106 países— afirmó que ellos o sus medios enfrentaban amenazas legales, lo que ilustra la escala de esta guerra contra la libertad de prensa.
Diseñadas para atrapar y paralizar a los periodistas, las formas de abuso legal van desde la introducción de nuevas leyes bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional, hasta el aumento de denuncias por delitos financieros o financiamiento ilegal para deslegitimar su trabajo.
El ejemplo paradigmático es la llamada “ley de agentes extranjeros”, que se ha convertido en un pilar del manual autoritario. Estas leyes supuestamente buscan evitar la injerencia extranjera en los asuntos internos —una intención que podría parecer legítima para proteger las instituciones democráticas—, pero con el tiempo los líderes autocráticos han descubierto que pueden invocar y abusar de ellas con facilidad para acallar la disidencia.
El mecanismo suele ser el siguiente: las organizaciones que reciben financiamiento del extranjero deben registrarse ante el ministerio de justicia y presentar informes periódicos sobre sus actividades, finanzas e interacciones. Todo ello se justifica para asegurar que no realicen “actividades políticas” en nombre de una potencia extranjera.
Pero la definición de “actividad política” se mantiene deliberadamente ambigua, hasta el punto de abarcar prácticamente cualquier cosa que pueda influir en la opinión pública, desde organizar un evento educativo hasta publicar encuestas.
Una vez que su trabajo es catalogado como tal, sus activos pueden ser congelados, sus cuentas bancarias cerradas y los fondos o donaciones que los sostenían cortados. Si no cumplen, enfrentan multas e incluso prisión.
Vimos estas leyes aplicadas por primera vez de este modo en Rusia e India a comienzos de la década de 2010, dirigidas contra ONG dedicadas al monitoreo electoral y la defensa de los derechos humanos, cuyo trabajo ponía en entredicho la credibilidad del gobierno.
Muy pronto, el blanco se amplió para incluir a los medios independientes: redacciones y periodistas que realizaban reportajes de interés público sobre corrupción gubernamental, manipulación electoral y crímenes de guerra.
Cada vez más países están siguiendo este modelo. Lo vemos en Europa del Este, en Asia Central y, especialmente, en América Latina: El Salvador, Perú, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Venezuela… todos han adoptado o propuesto versiones de este tipo de legislación en los últimos años.
Y este es solo uno de los muchos modos en que la ley se está utilizando como arma para silenciar periodistas y disidencias. Frente a ello, en la Fundación Thomson Reuters ampliamos nuestro trabajo para incluir programas legales que fortalecen los marcos de libertad de prensa y ayudan a proteger y defender a periodistas y redacciones frente a amenazas legales. Junto con nuestros programas de desarrollo mediático de larga trayectoria, buscamos un enfoque integral que aborde los crecientes y cambiantes desafíos que enfrenta la libertad de prensa y quienes la ejercen.
Cada vez más, esto incluye apoyar a medios independientes en el exilio, forzados a huir de sus países debido a la instrumentalización de la ley, ayudándolos a establecer operaciones en nuevas jurisdicciones y a navegar en entornos legales desconocidos para que puedan seguir realizando su labor informativa de interés público.
Tomemos el caso de El Salvador, donde la Asociación de Periodistas registró más de 40 periodistas que huyeron del país en los meses previos a la adopción de una ley de agentes extranjeros a comienzos de este año. No esperaron a ver cómo se aplicaría: ya conocían el desenlace. La Fundación Thomson Reuters ha estado apoyando a algunos de estos medios en sus necesidades legales durante su exilio: desde la constitución y registro en un nuevo país, hasta el asesoramiento fiscal, laboral y de propiedad intelectual.
A medida que la “guerra jurídica” contra periodistas se intensifica, los abogados desempeñan un papel crucial en la defensa de una prensa libre e independiente. Detrás de casos emblemáticos como los de Evan Gershkovich, Maria Ressa o José Rubén Zamora, hay abogados que los representan asumiendo riesgos extraordinarios.
Los gobiernos están amenazando, arrestando y procesando a abogados para disuadirlos de defender periodistas. Las tácticas habituales incluyen inhabilitarlos profesionalmente o presentarles cargos penales.
Se trata de una estrategia muy efectiva: envía un mensaje inequívoco, no solo al abogado afectado, sino a toda la profesión jurídica —si defiendes estos casos, iremos tras de ti—. El efecto disuasorio potencial no puede subestimarse.
El caso de José Rubén Zamora ejemplifica esta tendencia. Todos aquí conocen su arresto tras las investigaciones de elPeriódico sobre presunta corrupción del entonces presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Lo que pocos conocen es lo que sucedió con su defensa legal.
Sus primeros abogados, Mario Castañeda y Romeo Montoya, fueron informados apenas cinco días después de asumir el caso que la Fiscalía Especial guatemalteca había iniciado una investigación contra ellos por presunta conspiración para obstruir la justicia. Meses después se emitieron órdenes de arresto y fueron imputados penalmente.
Con su segundo equipo defensor, integrado por Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, el patrón se repitió casi exactamente: investigaciones, órdenes de arresto y acusaciones.
Cuando llegó el turno del tercer abogado, Christian Ulate, la persecución fue tan grave que debió huir del país, denunciando que era seguido, que todos sus casos habían colapsado y que se ejercía presión sobre el Colegio de Abogados para revocar su licencia.
A pesar de estos riesgos, los abogados continúan defendiendo valientemente la libertad de prensa, y la Fundación sigue comprometida en facilitar esa defensa. Nos enorgullece ser uno de los miembros fundadores de la Red Legal para Periodistas en Riesgo, una plataforma que conecta a periodistas con asesoría legal especializada, defensa judicial, monitoreo de juicios, litigio estratégico y reparación por violaciones de derechos.
Pero queremos ir más allá de la respuesta reactiva. Nuestro objetivo es construir la resiliencia legal del ecosistema mediático independiente. Queremos que las redacciones no solo estén mejor preparadas para resistir las amenazas, sino también para prevenirlas.
Lo hacemos a través de nuestro Servicio Legal para Medios Independientes, que aprovecha TrustLaw, nuestra red global de más de 120,000 abogados en 190 países, dispuestos a ofrecer su tiempo y experiencia para ayudar a periodistas, medios y organizaciones sin fines de lucro a fortalecer su capacidad legal, resiliencia y sostenibilidad.
Los abogados de nuestra red asesoran a redacciones sobre protección de datos, difamación, debida diligencia o requisitos de financiamiento extranjero, reduciendo el riesgo de demandas abusivas. Elaboran recursos prácticos, como listas de verificación legales previas a la publicación de una historia. Organizan talleres personalizados para identificar vulnerabilidades legales y orientan a medios exiliados en el proceso de registro y estructuración en nuevos países.
Si bien atravesamos un momento precario para la libertad de prensa global, el nivel de colaboración e impacto que vemos en nuestra red nos da una enorme esperanza.
Demuestra que los periodistas y los medios no están solos. La comunidad legal está firmemente a su lado.
Y a medida que el panorama mediático evoluciona y las amenazas emergen con nuevas formas, es imperativo seguir ampliando y profundizando este trabajo. Nunca antes la labor de la Sociedad Interamericana de Prensa, ni la de todos los aquí presentes, había sido tan crucial.
Estamos profundamente agradecidos por este reconocimiento y, más aún, por el trabajo que ustedes realizan. Esperamos continuar colaborando en la defensa inquebrantable de la libertad de prensa.
Muchas gracias.
