Discurso de la Presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos

La escalada de presiones contra el ejercicio periodístico en los últimos meses se ha acelerado.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa insistimos en que las libertades de expresión y de prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia.

Sin embargo, los informes de la región evidencian que, a pesar de los marcos constitucionales protectores en algunos países, la práctica diaria se ha visto socavada por diversas formas de agresión, lo que compromete el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados.

Hostigamiento y estigmatización desde el poder, uso estratégico del acoso judicial y restricciones legales; violencia, impunidad, desplazamiento forzado, presión económica y manipulación de la publicidad estatal, además de control y censura digital se han presentado desde Canadá hasta Argentina.

I. Hostigamiento oficial y estigmatización desde las altas esferas del poder

El uso de discursos descalificadores y estigmatizantes por parte de funcionarios de alto nivel, incluidos presidentes, se ha consolidado como un riesgo estructural para el ejercicio periodístico.

Argentina: La libertad de prensa fue afectada por el hostigamiento verbal desde las más altas esferas, con el presidente Javier Milei en el centro de una estrategia de descalificación hacia periodistas y medios críticos. La frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” se convirtió en un eslogan reiterado por el presidente y sus seguidores.

Colombia: El presidente Gustavo Petro ha proferido discursos de estigmatización, señalando a periodistas y medios, sin pruebas, de ser parte de entramados ilegales o de promover la violencia.

Costa Rica: Funcionarios gubernamentales mantienen un discurso descalificador recurrente, y un fallo de la Sala Constitucional obligó al presidente a moderar su lenguaje tras usar insultos como "canallas" y "sicarios". El gobierno utiliza un segmento llamado "Dato mata mentira" para acusar a medios independientes de publicar falsedades mediante el uso de distorsiones.

Ecuador: Funcionarios del gobierno de Daniel Noboa han utilizado canales oficiales para atacar a periodistas, descalificando públicamente a medios como Expreso y tildando a comunicadores de “terroristas”.

Estados Unidos: El expresidente Donald Trump ha impulsado ataques directos y retóricos contra los medios, llegando a equiparar a los periodistas con terroristas, y ha sugerido que el gobierno federal podría revocar licencias de cadenas de televisión críticas.

Nicaragua: El régimen de Ortega-Murillo utiliza campañas de estigmatización sistemática, señalando a la prensa independiente como “enemigos del pueblo” o “sicarios mediáticos”.

Adicionalmente, el uso de operadores digitales para amplificar el discurso oficial y atacar voces críticas es una práctica reportada en varios países. En Colombia, el gobierno contrata influencers bajo la figura de prestación de servicios que funcionan como operadores digitales de propaganda. En Argentina y Costa Rica, el acoso digital es amplificado por cuentas asociadas al oficialismo o por altos funcionarios que han admitido usar troles.

II. Violencia física, amenazas y contexto de riesgo extremo

La violencia contra la prensa abarca desde amenazas y agresiones en protestas hasta asesinatos, siendo una preocupación central en gran parte del continente.

Perú: Se registró como uno de los peores años en las últimas décadas, con el asesinato de dos periodistas (incluido el de Raúl Celis en mayo) y agresiones por parte de funcionarios, empresarios y delincuentes. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo en un evento público que "hay que cargarse a Gorriti," director de IDL Reporteros, lo que se interpreta como incitación al asesinato.

Haití: El panorama está marcado por un clima de anarquía, impunidad crónica y una crisis de seguridad que obligó a periodistas a desplazarse con protección armada o en vehículos blindados. Algunos medios han tenido que evacuar sus sedes, las cuales fueron saqueadas.

Ecuador: Se documentaron agresiones físicas contra periodistas durante manifestaciones, y el corresponsal Marcelo Ruiz sobrevivió a un atentado armado.

Brasil: Se reportó un alarmante crecimiento de la intimidación, acoso y violencia proveniente de funcionarios, políticos, civiles y el crimen organizado. Se registraron agresiones físicas graves contra varios periodistas.

Bolivia: El periodo estuvo caracterizado por numerosos casos de violencia e intolerancia, incluyendo ataques contra equipos de prensa con fuegos artificiales y amenazas de quemar a periodistas por parte de bloqueadores.

Estados Unidos: Se registró un aumento significativo de 97 agresiones contra periodistas, principalmente durante la cobertura de protestas relacionadas con la inmigración, donde fueron alcanzados por balas de goma y proyectiles de pimienta.

Honduras: La labor de la prensa fue afectada por acciones directas de las Fuerzas Armadas que configuraron un patrón de intimidación, difamación y estigmatización. Se registró el asesinato del periodista salvadoreño Javier Hércules Salinas.

III. Acoso judicial, restricciones legales y legislativas

El uso de mecanismos legales y judiciales para limitar la crítica y la labor de investigación periodística es una amenaza sistemática en varios países.

Panamá: Enfrenta un incremento notable de demandas judiciales (civiles y penales) que ponen en riesgo la viabilidad financiera de los medios, ya que la ley permite el secuestro de bienes al inicio del proceso. No se aplica el principio de la "real malicia", dejando las decisiones al criterio discrecional del juez.

México: El acoso judicial se consolidó como principal mecanismo de censura. Se emplean figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos notables incluyen el cierre de un medio y la asignación de un censor a un periodista.

Argentina: Se registró un aumento en las demandas por calumnias e injurias, presentadas por funcionarios, incluido el presidente, lo que genera un efecto inhibitorio (autocensura). También hubo intentos de vulnerar la protección constitucional de las fuentes periodísticas.

Perú: El Congreso intentó imponer "mordazas" mediante leyes, incluyendo una que impone a los medios publicar rectificaciones en tres días consecutivos. El Ministerio Público continúa exigiendo a los periodistas que revelen sus fuentes.

Chile: Preocupa la discusión de proyectos de ley con potenciales repercusiones, incluyendo la "Ley Mordaza 2.0", que buscaría sancionar con cárcel las filtraciones de procesos penales.

Brasil: Persiste el preocupante panorama de acoso judicial en primeras instancias, aunque las decisiones finales del Supremo Tribunal Federal (STF) han sido generalmente favorables a la libertad de prensa. Preocupa un proceso en el STF que podría aumentar la pena por delitos contra el honor cometidos contra funcionarios públicos.

Colombia: Se tramita un proyecto de ley que impondría multas a periodistas incluso después de retractarse, lo que representa una amenaza adicional a la libertad de prensa.

IV. Censura, control de contenidos y acceso a la información

Las restricciones a la información pública, la instrumentalización de medios públicos y la censura digital son mecanismos comunes de control.

Restricciones a la información pública:

En Argentina, el presidente ha optado por no brindar conferencias de prensa, y se registraron intentos de reinterpretar la ley para ampliar las excepciones que permiten reservar información.

En Perú, el Poder Ejecutivo fue la institución que más asedió el trabajo de la prensa, incluyendo el silencio de la presidenta Dina Boluarte antes de su destitución y el rechazo a pedidos de información pública, argumentando riesgo a la seguridad.

En Uruguay, a pesar de la ley de acceso a la información, existe un "letargo burocrático" y una "cultura del secreto" en muchas autoridades.

En Guyana, la Ley de Acceso a la Información sigue siendo ineficaz, y el presidente Irfaan Ali ofreció solo tres conferencias de prensa en su mandato anterior.

Control de medios públicos y publicidad estatal:

Colombia: El sistema de medios públicos, RTVC, ha sido instrumentalizado para difundir mensajes alineados con la visión gubernamental, sin pluralidad.

Costa Rica: El gobierno utiliza la pauta publicitaria estatal como mecanismo para premiar a medios afines y castigar a los críticos, contradiciendo estándares internacionales. También utiliza los medios públicos como propaganda gubernamental.

Guyana: El gobierno retuvo por ocho meses los pagos de publicidad estatal a Stabroek News como táctica de presión.

Argentina: El gobierno anunció la suspensión de la publicidad oficial y redujo drásticamente los recursos de los medios públicos.

México: La opacidad en la pauta de publicidad oficial persiste, manteniéndose reglas discrecionales para favorecer a unos sobre otros.

Censura y acoso digital:

Venezuela: El bloqueo al internet es total, afectando a más de ochenta páginas digitales de noticias.

Ecuador: Se registraron ataques digitales coordinados que resultaron en la eliminación de contenidos críticos en plataformas como Facebook, bajo el pretexto de infracciones de derechos de autor, configurando un patrón de censura digital.

Brasil: Una decisión del STF sobre la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas en la moderación de contenido ilegal generó preocupación por el riesgo de censura y la vulneración de la prerrogativa legislativa.

V. Países bajo control extremo o crisis severa

En varios países, la libertad de expresión está prácticamente desmantelada o enfrenta una crisis existencial debido al control estatal total o la violencia incontrolada.

Cuba: El periodismo independiente opera bajo continua represión política, hipervigilancia, agresiones físicas, y la amenaza de encarcelamiento bajo leyes que registran más de una docena de artículos para penalizar a periodistas. El acceso a la información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales está prohibido para la prensa independiente. El estado bloquea las webs de decenas de medios y organizaciones internacionales.

Venezuela: Dieciocho periodistas y trabajadores de medios permanecen encarcelados, y se teme un aumento de la represión. La Ley Resorte impone autocensura, y el bloqueo de internet es total.

Nicaragua: El régimen reforzó el control informativo mediante restricciones migratorias, cierre de espacios gremiales y hostigamiento contra periodistas en el exilio. La presencia física del periodismo independiente ha sido casi desmantelada, con 28 de los 40 casos de violaciones ocurriendo en el ámbito digital.

El Salvador: La libertad de prensa está siendo paulatinamente silenciada, llevando al desplazamiento forzado de más de 40 comunicadores y salas de redacción. El gobierno utiliza el régimen de excepción contra periodistas y abogados, acusándolos de delitos financieros.

VI. Países con retos específicos y estabilidad relativa

Algunas naciones, a pesar de mantener garantías básicas, enfrentan desafíos institucionales o regulatorios.

Canadá: No se registraron incidentes graves, pero hubo discriminación en el acceso y acreditación a eventos gubernamentales. Preocupa el proyecto de ley C-63, la Ley de Perjuicios en Línea (Online Harms Act), por la posibilidad de un "enfriamiento" del discurso al definir contenido perjudicial.

Costa Rica: Se mantienen ciertas garantías legales, con ausencia de violencia física o cierres arbitrarios. Sin embargo, el discurso estigmatizante gubernamental y el uso discriminatorio de la publicidad estatal son desafíos importantes.

Uruguay: No se han constatado hechos graves que afecten la libertad de prensa. El principal problema es el letargo burocrático en el acceso a la información pública. También hay preocupación por acciones aisladas de jueces y fiscales en casos de derecho de réplica que afectan el libre ejercicio periodístico.

Puerto Rico: Persisten los intentos de las dependencias gubernamentales para limitar el acceso a la información pública, como las restricciones a los datos del Registro Demográfico.

Consecuencias

Utilizar el aparato jurídico como arma de ataque y censura previa requiere atención especial. La defensa legal de periodistas y medios exige nuevas estrategias.

El efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y de medios de comunicación

En este semestre notamos que, en proporción la violencia contra comunicadores ha crecido más en Perú, en tanto que El Salvador ha obligado al desplazamiento forzado de decenas periodistas, fenómeno que en su momento vimos en Nicaragua, Venezuela y Cuba.

El descontrol y violencia desbordada en Haití hace prácticamente imposible el trabajo periodístico.

Preocupa especialmente el bloqueo al ejercicio periodístico libre en Estados Unidos, desde condicionamiento de visas a corresponsales extranjeros y demandas multimillonarias contra medios, hasta la amenaza de cancelar licencias por expresiones críticas y la revisión previa de publicaciones como lo ha exigido el Pentágono, porque corre el riesgo de convertirse en ejemplo a seguir de gobernantes autoritarios.

Hemos retomado el podcast Periodismo en Riesgo como un foro para explicar a detalle la situación país por país. Desde la SIP seguiremos denunciando y alertando sobre cualquier amenaza contra la libertad de prensa.