En su segundo mandato como presidente, Donald Trump ha emprendido ataques directos contra los medios nacionales, impulsando una avalancha de demandas y ataques retóricos, y envalentonando a agencias federales, incluida la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), para amenazar a las emisoras con retirarles sus licencias por difundir expresiones que críticas contra el gobierno.
La administración desmanteló la emisora internacional financiada por Estados Unidos, Voice of America, y prohibió a Associated Press participar en eventos de la Casa Blanca por su decisión editorial de seguir refiriéndose al “Golfo de México” mientras reconocía que Trump había cambiado el nombre a “Golfo de América”. Las acusaciones del gobierno de que la prensa tradicional ya no goza de amplia confianza, e incluso de que es responsable de fomentar la violencia, generan serias preocupaciones sobre la posibilidad de ataques aún más amplios contra la libertad y la seguridad de prensa.
El U.S. Press Freedom Tracker ha registrado 97 agresiones contra periodistas desde el 1 de abril; un aumento significativo respecto a los seis meses anteriores, cuando solo se reportaron 10 incidentes. Este incremento se debe principalmente a la cobertura de protestas en respuesta al aumento de las deportaciones de inmigrantes. Solo en junio se registraron 68 incidentes relacionados con protestas en Los Ángeles, California.
El endurecimiento de las medidas de inmigración en la ciudad provocó protestas masivas, así como detenciones y lesiones de periodistas. Las protestas se intensificaron cuando la administración Trump federalizó y desplegó a miles de miembros de la Guardia Nacional de California y unos 700 marines en servicio activo. Periodistas que cubrían las protestas denunciaron haber sido alcanzados por balas de goma y disparos de proyectiles de pimienta por parte de las fuerzas del orden. Por ejemplo, la periodista australiana Lauren Tomasi, de Nine News, recibió un disparo en la pierna con una bala de goma mientras transmitía en vivo desde las protestas.
En los días posteriores al asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk, ocurrieron dos ataques contra redacciones. El 12 de septiembre se encontró un artefacto incendiario bajo un camión de prensa de la filial local de Fox en Salt Lake City; dos sospechosos fueron arrestados. El 19 de septiembre, un día después de un mitin en apoyo a Jimmy Kimmel, presentador suspendido temporalmente por sus comentarios sobre el asesinato de Kirk, al menos tres disparos impactaron en las oficinas de la filial de ABC en Sacramento. Un sospechoso fue detenido y la fiscalía considera que “el tiroteo tuvo motivaciones políticas”.
La seguridad se ha convertido en una preocupación creciente y en un gasto mayor para los medios en Estados Unidos. En un evento reciente en Nueva York, A.G. Sulzberger, editor del New York Times, afirmó: “Hoy gastamos casi diez veces más que hace una década para proteger la seguridad, la integridad y los derechos legales de nuestros periodistas.”
Trump continúa criticando públicamente a los medios. En su segundo mandato, ha equiparado a los periodistas con terroristas, y en septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional instó a “los medios y la extrema izquierda” a cesar su “retórica de odio”, alegando que estaba inspirando violencia política e incrementando los ataques contra agentes del DHS. Tras el asesinato de Charlie Kirk, Trump condenó la retórica de la “izquierda radical” y prometió perseguir “a quienes contribuyeron a esta atrocidad y a otras formas de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan”. Más tarde vinculó esas declaraciones a la prensa, sugiriendo que el gobierno federal podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estuvieran “en su contra”. Su comentario ocurrió un día después de que ABC suspendiera el programa Jimmy Kimmel Live, debido a comentarios de su presentador sobre el supuesto asesino de Kirk y su relación con el movimiento MAGA. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo: “Leí en algún lugar que las cadenas estaban 97 % en contra de mí, otra vez, 97 % negativas, y aun así gané fácilmente, en los siete estados clave. … Solo me dan mala publicidad, prensa. Quiero decir, están obteniendo una licencia. Creo que tal vez debería retirárseles.” Esta nueva retórica, que se expande en línea, plantea un reto mayor para periodistas y medios.
El presidente de la FCC, Brendan Carr, ha iniciado investigaciones sin mérito y ha lanzado amenazas explícitas contra organizaciones de noticias e implícitas contra sus empresas matrices, incluidas CBS, Disney (matriz de ABC), Comcast (matriz de NBC), las cadenas públicas NPR y PBS, y la estación KCBS de California.
En mayo, Trump firmó una orden ejecutiva para recortar los subsidios públicos a PBS y NPR, acusando a las emisoras de “sesgo” en su cobertura. La orden instruyó a la Corporación para la Radiodifusión Pública y a otras agencias federales “cesar la financiación federal a NPR y PBS” y eliminar cualquier fuente indirecta de financiamiento público a estas organizaciones. Más tarde, NPR y tres estaciones locales demandaron a Trump, argumentando que la orden violaba su libertad de expresión y excedía su autoridad. Ese verano, el Congreso aprobó la eliminación de 1.100 millones de dólares destinados a la radiodifusión pública.
Trump también ha seguido usando los tribunales contra medios críticos. En julio, Paramount Global accedió a pagarle 16 millones de dólares para resolver una demanda por la edición de una entrevista de 60 Minutes con Kamala Harris en 2024, cuando era candidata presidencial demócrata. Trump exigía 20.000 millones alegando “angustia mental”. Paramount afirmó que el dinero se destinaría a la futura biblioteca presidencial de Trump y al pago de sus honorarios legales. Ese mismo mes, Trump presentó una demanda por 10.000 millones contra The Wall Street Journal y Rupert Murdoch, después de que el diario publicara una historia sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. En septiembre, un juez federal de Florida desestimó una demanda por difamación de 15.000 millones que Trump interpuso contra The New York Times, calificándola de “excesivamente larga” y “abrumada de lenguaje tedioso e irrelevante.”
Más de una docena de páginas web gubernamentales fueron eliminadas casi inmediatamente después de que Trump asumiera, privando a periodistas y al público de información crítica sobre salud, criminalidad y otros temas. En febrero, Trump retiró a Associated Press del press pool de la Casa Blanca, lo que impidió a sus periodistas acceder a la Oficina Oval, al Air Force One y a otros eventos restringidos. La medida fue una represalia por la negativa de AP a cambiar “Golfo de México” por “Golfo de América”. Más tarde, AP demandó a Trump y un tribunal de distrito falló en abril a favor de la agencia, afirmando en base a la Primera Enmienda que el gobierno no puede castigar a un medio por el contenido de su cobertura. En junio, una corte federal de apelaciones suspendió la decisión, que ahora está en revisión.
En septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth presentó nuevas normas restringiendo el acceso de la prensa al Pentágono. La política, por primera vez, define la solicitud de información noticiosa sobre el Departamento como causal para revocar una credencial. Organizaciones de prensa evalúan actualmente estas restricciones y han emitido declaraciones de rechazo.
Según el U.S. Press Freedom Tracker, en los últimos seis meses se registraron 26 incidentes de arresto o detención de periodistas, muchos durante protestas: 14 en las manifestaciones migratorias de junio en Los Ángeles. Aunque muchos cargos finalmente se desestiman, estas detenciones obstaculizan gravemente la labor periodística.
Las citaciones para obtener material periodístico siguen siendo motivo de preocupación. El 25 de abril, la fiscal general Pam Bondi emitió un memorando titulado “Política actualizada sobre obtención de información de miembros de los medios de comunicación”, revocando reformas clave implementadas en 2021 y 2022 por Merrick Garland. Entre ellas, la norma que prohibía el uso de citaciones o registros contra periodistas que actúan dentro del “alcance de la labor periodística”, incluyendo la posesión y publicación de información gubernamental, incluso clasificada. La política ha vuelto en gran medida a versiones anteriores con reformas limitadas de Eric Holder de 2014 y 2015.
Finalmente, la política migratoria también representa un riesgo para la libertad de prensa. En el caso de Rümeysa Öztürk, estudiante de doctorado en Tufts, detenida por el ICE en marzo, el gobierno ha alegado tener poder ilimitado para detener a no ciudadanos durante meses o años. El único motivo de su arresto parece haber sido un artículo de opinión que confirmó en su periódico estudiantil sobre Israel y Palestina. Öztürk presentó un recurso de hábeas corpus alegando que su detención era inconstitucional. El gobierno argumenta que los tribunales federales no pueden revisar su caso hasta que terminen los procedimientos de deportación, que suelen durar mucho tiempo. De aceptarse este argumento, el Poder Ejecutivo tendría discreción casi total para detener a periodistas extranjeros en represalia por su trabajo, sin recurso inmediato.
