CONSIDERANDO que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzó su estrategia de control informativo mediante campañas de estigmatización, agresiones digitales, cierre de espacios gremiales y restricciones migratorias
CONSIDERANDO que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzó su estrategia de control informativo mediante campañas de estigmatización, agresiones digitales, cierre de espacios gremiales y restricciones migratorias
CONSIDERANDO que el periodismo se mantiene atrapado entre la vigilancia estatal, la hostilidad del discurso oficial y la precariedad de las condiciones de exilio
CONSIDERANDO que desde 2018 casi 300 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio por ejercer su labor con integridad y compromiso al visibilizar los abusos de derechos humanos
CONSIDERANDO que los periodistas exiliados continúan enfrentando un clima de hostigamiento creciente y varios denunciaron represalias contra sus familiares en el país, lo que aumentó la autocensura y reforzó la percepción de inseguridad, y que al menos 15 periodistas exiliados en Costa Rica enfrentaron obstáculos relacionados con su situación migratoria
CONSIDERANDO que tres periodistas permanecen en prisión: Irving Guerrero, detenido el 9 de febrero de 2025; Leo Cárcamo, el 22 de noviembre de 2024, y Elsbeth D’Anda, el 27 de octubre de 2024
CONSIDERANDO que las agresiones digitales no solo afectan a los periodistas en lo personal y profesional, sino que también persiguen debilitar su vínculo con las audiencias, para erosionar la credibilidad de los medios independientes y sembrar desconfianza en el público
CONSIDERANDO que el hostigamiento a youtubers y creadores de contenido se volvió más evidente y sistemático: uno fue retenido y varios extranjeros fueron intimidados, acusados de espías, deportados o se les impidió ingresar al país
CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en su cuarto principio que "las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa", y afirma en el décimo artículo que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".
LA 81ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Expresar solidaridad con los periodistas y medios que, pese a la adversidad, continúan informando con firmeza
Exigir la liberación inmediata e incondicional de periodistas y trabajadores/as de medios de comunicación que estén detenidos arbitrariamente
Demandar al Estado que cese de usar discursos públicos, medios estatales o autoridades para estigmatizar, difamar, amenazar o criminalizar a periodistas y medios independientes
Reclamar la devolución de todos los bienes, equipos, licencias, infraestructura y medios que hayan sido confiscados, clausurados o intervenidos, y que se permita que retomen sus operaciones libremente
Requerir la restitución de la ciudadanía a quienes la hayan perdido de forma arbitraria, y que se permita el regreso seguro de quienes fueron forzados al exilio por su labor informativa o crítica.
