La prensa en Paraguay atraviesa un panorama complejo y dinámico, marcado por la expansión de la era digital y la persistencia de graves desafíos que ponen en jaque el ejercicio pleno de la libertad de expresión. La necesidad de adaptarse a los nuevos modelos de consumo de información convive con un entorno de fragilidad institucional y violencia, especialmente en zonas fronterizas, donde el periodismo investigativo se vuelve una tarea de alto riesgo.
El principal avance se sitúa en la transformación digital y la consecuente diversificación de voces. La proliferación de medios nativos digitales, podcasts, plataformas de streaming y redes sociales han permitido el surgimiento de nichos informativos, periodismo comunitario y una mayor interacción con la audiencia lo que ha potenciado la capacidad de respuesta ante temas de interés público.
En lo institucional, la tensión entre el gobierno nacional y la prensa continuó en este período con ataques sistemáticos contra periodistas de medios independientes, mientras que el amedrentamiento se ha institucionalizado como respuesta a las investigaciones periodísticas sobre nepotismo y corrupción.
El presidente Santiago Peña, involucrado en un escándalo por posibles hechos de corrupción tras el hallazgo de sobres con altas sumas de dinero, choca a menudo con los medios, así como diputados y senadores de su partido.
El patrón de uso indebido de influencias y consiguiente retroceso de derechos y libertades ha quedado expuesto en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este marco, es evidente la presión gubernamental contra las voces críticas de los medios y las empresas ligadas a ellos, como el cierre de la cadena de tiendas Biggie del Grupo Zuccolillo, propietario de ABC Color.
Estas tendencias autoritarias del oficialismo son evidentes en la presión contra la oposición en el Congreso, la manipulación de la pauta publicitaria estatal como herramienta de presión económica, la restricción a las organizaciones de la sociedad civil en el caso de la “Ley Anti-ONG” y el impulso de iniciativas legislativas que tienen el potencial de limitar la libertad de expresión. Estos mecanismos indirectos de censura buscan debilitar la sostenibilidad financiera y operativa del periodismo independiente.
En septiembre la Cámara de Diputados volvió a incluir para su tratamiento el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Esta iniciativa es cuestionada porque podría limitar la transparencia y el acceso a la información pública. El artículo 24 establece restricciones a la Ley Nº 5189/14 sobre provisión de informaciones de uso de recursos públicos, y a la Ley Nº 5282, de libre acceso a la información y transparencia gubernamental.
En cuanto a temas renuentes a la transparencia, en mayo, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó una circular que insta a los funcionarios del Ministerio Público a “guardar secreto” sobre las actuaciones que realizan. Mientras tanto, el presidente Peña firmó el decreto que reglamenta la Ley del “Servicio Diplomático y Consular; y del Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”, que dispone que los funcionarios y empleados de esa dependencia “deberán guardar absoluta reserva y discreción acerca de los temas vinculados a su tarea”.
En septiembre, el presidente argentino, Javier Milei, fue orador en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), pero los guardias de seguridad impidieron a los periodistas grabar su discurso, lo que el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció como acto de censura.
En julio, Cinthia González, viuda del periodista Leo Verás, asesinado en 2020 en Pedro Juan Caballero, acusó al diputado Santiago Benítez (ANR) de ofrecerle “protección” y “compensación económica” a cambio de ayudar a liberar de cargos a Waldemar Rivas Días, principal sospechoso del crimen. En septiembre se cumplieron tres años del crimen del periodista Humberto Coronel Godoy, en Pedro Juan Caballero. El caso fue archivado tras morir en la penitenciaría el autor material del crimen.
El periodista Carlos Benítez, conductor del programa “El Observador” en Radio Ñandutí, denunció recientemente un atentado a balazos contra su domicilio, en Lambaré, municipio limítrofe de Asunción. El comunicador sospecha de la “mafia de los pagarés”, sobre la que viene realizando investigaciones.
En septiembre, el periodista Fabián Costa, jefe de Prensa de la Municipalidad de Lambaré, denunció un ataque con 22 impactos de bala en contra de su vivienda y vehículo. Fueron detenidos tres personas, entre ellos un jefe de la barra brava del Club Cerro Porteño, reconocido como narcotraficante.
A esto se suma la violencia no letal, que incluye agresiones, amenazas, coacciones y, cada vez más, el hostigamiento judicial (lawfare) y las campañas de desprestigio digital, a menudo orquestadas desde esferas de poder político y económico para silenciar la crítica e impedir las investigaciones de corrupción y crimen organizado.
En agosto, el periodista radial Aníbal Gómez, de Pedro Juan Caballero, presentó una denuncia por coacción y amenaza tras haber recibido mensajes de texto. Con anterioridad había denunciado que un emisario del diputado Santiago Benítez le había pedido “olvidarse” del cubrir al legislador.
En septiembre, el diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) tildó en redes sociales de “sicaria” a la periodista Francisca Pereira, del Grupo La Nación, y la amenazó con acciones legales. El ataque se produjo después que Pereira difundiera un video donde un ciudadano cuestionaba un proyecto de Gamarra sobre cobro de peajes.
En agosto se realizó una audiencia sobre el caso “Zuccolillo Moscarda vs Paraguay” en Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Cuatro jueces de la Corte plantearon cuestionamientos al alegato del procurador saliente, Marco Aurelio González, en la defensa del Estado. Los magistrados criticaron que la causa se juzgue con criterios vetustos que penalizaban la libertad de expresión. En julio de 2024, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos de libertad de pensamiento y expresión de Zuccolillo, al condenarlo en el año 2005 por supuesta “difamación” contra el entonces senador Juan Carlos “Calé” Galaverna (ANR). La CIDH, los representantes de la víctima, CEJIL y el abogado César Coll Rodríguez, solicitaron entre otros pedidos que hicieron en sus alegatos: dejar sin efecto la sanción penal contra Zuccolillo, despenalizar los delitos de difamación, injuria y calumnia cuando se trate expresiones sobre asuntos de interés público o guarden relación con un funcionario público y que se establezcan límites a las sanciones pecuniarias para garantizar el principio de proporcionalidad.
En materia judicial, en mayo comenzó el juicio al comunicador Carlos Granada, imputado en agosto de 2022 por acoso sexual, coacción sexual y coacción, tras denuncias de trabajadoras del Grupo Albavisión. La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay había denunciado la “excesiva lentitud” del proceso y destacó el derecho de las trabajadoras cumplir sus tareas en un ambiente libre de acoso.
También en mayo, la senadora Norma Aquino, (ANR-HC), hoy destituida del Congreso por supuesto tráfico de influencias, reaccionó a nuevas publicaciones en la prensa sobre casos de nepotismo en su familia, exhortando a sus colegas del Senado a considerar una ley para “regular la actividad del periodista”.
En este período continuaron las demandas de habeas data para que se eliminen noticias publicadas. Recientemente un juzgado de primera instancia rechazó la demanda por habeas data de Jonattan Ortiz Ríos, presentada en febrero, para que los diarios Ultima Hora, contra ABC Color y otros medios eliminen información que lo involucraba en temas criminales.
El 25 de agosto, Gladys Elena Núñez Peralta promovió un habeas data contra los diarios Hoy, ABC Color y Crónica para que se eliminen noticias sobre ella y el asesinato de su marido.
El 15 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado postergó el tratamiento del proyecto de ley de protección a periodistas, en debate desde hace años. El proyecto establece la creación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (MPPD). Horas antes de aplazar el proyecto el presidente del Senado, Basilio Núñez, sostuvo que el Estado ya cuenta con instituciones encargadas de velar por la seguridad de los periodistas. El senador Dionisio Amarilla dijo que la propuesta crearía una “casta” de ciudadanos “de primera y de segunda”.
