México

Castro era director del portal Código Norte Veracruz en Facebook, en la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz. Cubría temas de seguridad y había colaborado con los medios Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque. Había denunciado amenazas y en 2024 recibió medidas de protección que fueron retiradas meses antes del crimen.

Estos hechos se producen en un contexto de alta impunidad, señalado por especialistas como un factor que favorece la repetición de estos crímenes.

Persisten, además, prácticas de hostigamiento judicial contra medios y periodistas. Se documentaron casos contra el diario Vanguardia, en Coahuila, involucrado en un supuesto litigio mercantil que derivó en órdenes de embargo. La detención de su director, Armando Castilla, fue considerada por organizaciones internacionales como un precedente peligroso para la libertad de expresión. Al mismo tiempo, demandas en Campeche contra periodistas críticos de la administración estatal encabezada por la gobernadora Layda Sansores generaron preocupación.

En ese mismo estado, el 21 de octubre la Fiscalía solicitó a la empresa periodística y medio de comunicación Telemar información sobre periodistas y responsables editoriales vinculados con la publicación de 59 notas periodísticas relacionadas con la gobernadora Sansores, bajo advertencia de sanciones administrativas. A ello se suma el uso de figuras legales —como el derecho al honor, la protección de datos personales, la violencia política en razón de género y los derechos de autor— para solicitar la remoción de contenidos periodísticos sin orden judicial, según alertó la Red en Defensa de los Derechos Digitales el 28 de octubre.

El entorno también se ve afectado por altos niveles de agresiones, especialmente contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, con 367 casos documentados desde 2016. El 98 por ciento de los casos permanece en la impunidad y solo el 12.5 por ciento ha derivado en sentencias condenatorias, de acuerdo con los datos expuestos en el foro “Justicia para las mujeres periodistas y defensoras”, realizado en la Cámara de Diputados el 23 de octubre.

En el ámbito institucional, se registraron decisiones y tendencias que generan preocupación, como la cancelación, el 29 de octubre, del programa Primer Plano en Canal Once, interpretada por algunos analistas como un indicio de reducción de espacios de debate crítico en medios públicos.

Un informe del 27 de octubre de Artículo 19 sobre la distribución de la publicidad oficial señaló la persistente concentración y discrecionalidad en su asignación, tanto a nivel federal como estatal. Durante el pasado período presidencial, el 46 por ciento del presupuesto federal destinado a publicidad oficial se concentró en seis medios de comunicación, mientras que el 33 por ciento del gasto total se dirigió a solo cuatro empresas mediáticas. El estudio también indicó que aproximadamente el 70 por ciento del gasto público en comunicación social se trasladó a los gobiernos estatales, lo que ha generado esquemas de asignación menos transparentes y con mayor discrecionalidad.

El 31 de octubre, diversas columnas periodísticas documentaron cuestionamientos sobre el financiamiento indirecto a medios vinculados a proyectos editoriales cercanos al oficialismo, a través de contratos con empresas de impresión.

En contraste, autoridades federales han sostenido que en el país prevalece un amplio ejercicio de la libertad de expresión y han rechazado la existencia de censura. El 3 de octubre, durante un informe presentado en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México se vive “la mayor libertad de expresión de la historia” y sostuvo que su gobierno no practica la censura ni utiliza al Estado para reprimir a la prensa.