El ejercicio de la libertad de prensa enfrenta un entorno marcado por crecientes tensiones entre el gobierno y medios de comunicación independientes. Entre las principales preocupaciones se encuentran la distribución discriminatoria de la pauta publicitaria estatal, los discursos oficiales de descalificación hacia la prensa, las restricciones al acceso a fuentes gubernamentales, el hostigamiento digital y diversas iniciativas que afectan las condiciones para el ejercicio del periodismo.
La asignación de la pauta publicitaria estatal ha sido cuestionada por su presunto uso para favorecer a medios cercanos al gobierno y limitar el apoyo a medios críticos. Asimismo, persisten expresiones de funcionarios gubernamentales que descalifican, estigmatizan y desacreditan públicamente a periodistas y medios de comunicación.
Las conferencias de prensa semanales de la presidenta Laura Fernández han generado preocupación por la participación predominante de medios afines al gobierno, varios de ellos con limitado alcance y estructuras periodísticas reducidas. Las conferencias, transmitidas en vivo por la televisora estatal, también generan contenidos audiovisuales que posteriormente son reproducidos por medios favorables al gobierno. En estas actividades se incluye el segmento denominado “Dato mata mentira”, producido por el gobierno y destinado a cuestionar informaciones difundidas por medios independientes. Diversos sectores han cuestionado la metodología y el tratamiento de la información utilizados en este espacio.
Estudios y encuestas, entre ellos los realizados por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, han documentado presiones sobre periodistas y un incremento de la autocensura. Históricamente considerada una excepción regional en materia de libertad de prensa, Costa Rica muestra señales cada vez más claras de convergencia con los mecanismos de presión y estigmatización contra periodistas observados en otros países de Centroamérica, ha afirmado el PROLEDI.
Asimismo, Costa Rica ha experimentado un deterioro en algunos índices internacionales sobre libertad de prensa: Reporteros Sin Fronteras ubicó al país en el puesto 36, frente al octavo lugar que ocupaba en 2022.
En materia de acceso a la información pública, el 10 de agosto el gobierno emitió el Decreto N.º 45870-MSP, mediante el cual declaró secreto de Estado determinada información, documentos y contrataciones relacionados con tres órganos de seguridad: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Fuerza Élite.
La reserva comprende contrataciones públicas, incluidos expedientes, estudios previos, ofertas, adjudicaciones y contratos, así como información sobre operaciones, planes policiales, capacidades operativas y formas de despliegue. El decreto también permite a los jerarcas ampliar la reserva a otras acciones de seguridad y defensa coordinadas por la Presidencia. La Sala Constitucional estudia cuatro acciones interpuestas contra el decreto, acumuladas en un solo expediente.
Otro foco de preocupación es la reforma a la Ley de Radio. El 9 de septiembre, 13 diputados de oposición presentaron una consulta de constitucionalidad que suspendió temporalmente el trámite del expediente 24.461, antes de su segundo y definitivo debate legislativo. El proyecto, promovido por el gobierno, establece nuevos cánones para el uso de frecuencias, calculados como porcentajes de los ingresos brutos, que alcanzarían hasta el 7,73% para empresas de televisión y el 3,13% para las de radio. Sus críticos sostienen que estos montos podrían afectar la viabilidad económica de algunos medios.
La reforma también contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo invoque razones de “interés público” para rescatar o retirar frecuencias. Los diputados que presentaron la consulta cuestionan la amplitud de este concepto y la ausencia de un procedimiento suficientemente claro para la defensa e impugnación de esas decisiones. La Sala Constitucional deberá pronunciarse sobre los argumentos de presunta inconstitucionalidad planteados en la consulta.
En otro ámbito, a finales de abril, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de cinco integrantes de la Junta Directiva de Grupo Nación, empresa editora del diario La Nación y de otras publicaciones. Según medios locales, las revocaciones formaron parte de una serie más amplia de cancelaciones de visas que también afectaron a magistrados, exdiputados, al expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y otros actores políticos e institucionales del país. Estas medidas fueron descritas por distintos sectores como parte de una escalada de presión diplomática. La Nación cuestionó, además, que la divulgación inicial de las revocaciones se produjera por vías distintas de una notificación oficial a las personas afectadas.
En conjunto, las restricciones al acceso a la información, las presiones sobre medios y periodistas, los cuestionamientos a la distribución de la publicidad estatal y las iniciativas regulatorias en materia de radiodifusión configuran un escenario de creciente tensión para el ejercicio independiente del periodismo y la libertad de prensa.
A comienzos de septiembre, una delegación del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizaron una visita conjunta a Costa Rica para reunirse con periodistas, directivos de medios, asociaciones de periodistas y académicos para analizar la situación. La misión también se reunió con la presidenta Laura Fernández, integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ex mandatarios de Costa Rica.
