COSTA RICA

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En este período no hubo hechos de consideración que afectaran la libertad de prensa, sino que conflictos que fueron dilucidados en los tribunales. Una sentencia de la Sala Constitucional dictada el 27 de abril esclareció para el derecho costarricense el tema del equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. En palabras de la Sala, el programa de televisión Noticias Repretel efectuó una entrevista con cámara escondida “(…) para obtener y luego difundir una clara e inequívoca información de relevancia e interés público, relacionada con un tema que le atañe a toda la colectividad, como lo constituye el ingreso ilegal de extranjeros al territorio nacional y la obtención fácil de visas de ingreso, todo lo cual apunta a una situación o coyuntura irregular que precisa ser investigada por los medios de comunicación colectiva”. En este caso, el fallo, rescatando la presencia del interés público y la defensa de intereses legítimos de la sociedad hicieron que, en este caso, primara el derecho de la información. La Sala no omitió señalar el doble carácter del derecho a la información como derecho fundamental y como garantía institucional del régimen democrático. Esa garantía, dice la Sala, se concreta por la información que los medios brindan a la opinión pública, en aras de la transparencia y el efectivo control ciudadano sobre las políticas públicas. El 25 de marzo, el Laboratorio Costarricense de Metrología, adscrito al Ministerio de Economía, pretendió imponer a los medios de comunicación el sistema métrico decimal y las normas de estilo “oficiales” sobre puntuación de cifras y otros temas, imponiendo sanciones, como multas, y hasta la posibilidad de cierre de la empresa que incumpla. La ley está diseñada para uniformar pesos y medidas en los bienes de consumo, pero el Laboratorio pretende equiparar a los medios de comunicación con las latas de atún y otros artículos similares. El 17 de mayo, fue absuelto el periodista Eduardo Alvarado, de La Nación, quien había sido demandado por dar a conocer un informe preliminar de la Asamblea Legislativa donde se sugería sancionar a un ex funcionario. El demandante solicitó a una oficina de la Asamblea certificar si el informe existía y obtuvo respuesta negativa. Sin embargo, dos diputados de la comisión redactora del informe declararon que sí existía y su testimonio bastó para que los jueces declararan inocente al periodista. El 22 de junio, un juez ordenó al Estado resarcir a La Nación el pago de unos $120.000 hecho a Félix Pzerdborsky, un ex diplomático que logró una condena por difamación contra el periódico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló la sentencia y ordenó la reparación. Ahora, el Estado deberá pagar a La Nación el monto de la reparación civil cancelada al demandante, además de las costas e intereses. La Sala de Casación estudia el recurso interpuesto por La Nación contra una sentencia que absolvió a sus periodistas en lo penal, pero les obligó a pagar una reparación civil a un policía que, según declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, incurrió en irregularidades. El juzgado razonó que si bien los periodistas no incurrieron en delito porque sólo citaron al Ministro, el policía sufrió un daño en su reputación y, según el Código Civil, todo el que causa un daño tiene la obligación de repararlo. El juicio por el homicidio del periodista Parmenio Medina continúa en la etapa de debate oral y público. A estas alturas, se está en la fase de conclusiones y se espera la sentencia en el curso de los próximos dos meses. Continúa vigente el proyecto de reforma en materia de libertad de prensa, aunque no avanza. Diputados comprometidos con la misma piden su envío a una comisión para que se agilice su trámite, pero otros se oponen. La reforma incorporaría los estándares de la “real malicia” basados en el fallo estadounidense Sullivan, aunque conserva la vía penal para los “delitos contra el honor” e incorporaría nuevas defensas para los periodistas llevados a juicio.

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