ESTADOS UNIDOS

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El ataque más horroroso contra un periodista norteamericano este año fue el asesinato de Chauncey Wendell Bailey, Jr. en Oakland, California, en agosto. Tenía 57 años. Bailey, un ex reportero del Oakland Tribune que era director del Oakland Post, fue muerto a balazos en Oakland mientras caminaba a su trabajo, como acostumbraba a hacerlo. De acuerdo con el San José Mercury News, fue arrestado un sospechoso de 19 años, quien dijo a la policía que se consideraba “un buen soldado” por matar a Bailey. El móvil del crimen fue, aparentemente, una serie de artículos negativos que había escrito Bailey sobre la panadería Your Black Muslim Bakery, donde él trabajaba. Dijo que estaba preocupado por artículos que sergún él pudiera escribir Bailey en el futuro. Numerosos periodistas, organizaciones de medios y escuelas de periodismo de las universidades del área de la Bahía de San Francisco formaron un equipo investigativo para completar el trabajo que Bailey estaba preparando y encontrar respuestas a cuestiones relacionadas con su muerte. En otro incidente violento, un ataque a tiros de madrugada desde un automóvil en marcha rompió cristales de ventanas y causó daños a la sala de control de la radioemisora KPFT-FM, de Houston, Texas, cuyo sitio en la web tiene el lema “Radio por la Paz”. El director de programación, Ernesto Aguilar, creía que había sido obra de un oyente que no estaba de acuerdo con algún programa o tema transmitido por la estación. A principios de este mes, hubo otro hecho positivo en la larga campaña por conseguir la protección federal para los periodistas a los que les pidan abogados y fiscales federales que identifiquen fuentes confidenciales. La Comisión de Justicia del Senado federal aprobó por mayoría abrumadora la Ley de Flujo Libre de Información, un proyecto que daría protección tanto a los reporteros como a las fuentes confidenciales. Una ley de protección federal similar fue aprobada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes a principios de agosto. El nuevo proyecto de ley irá ahora al Senado en pleno. Y fuentes de la bancada mayoritaria de la cámara anunciaron hace algunos días que hay buenas posibilidades de que la sea sometida a votación esta semana. Por otro lado, hay preocupación por la decisión tomada en agosto por un juez federal de Washington, D.C., ordenando a cinco periodistas que identifiquen a los funcionarios del gobierno que les dijeron que el ex científico gubernamental Steven Hatfill era un sospechoso de una serie de ataques con ántrax ocurridos en el 2001. Hatfill está demandando al Departamento de Justicia bajo la Ley de Privacidad por supuesta e inapropiadamente revelar su información personal. Los cinco periodistas son Allan Lengel, de The Washington Post; Michael Isikoff y Daniel Klaidman, de Newsweek; la ex reportera de USA Today, Toni Locy, y James Stewart, de CBS News. La promulgación de una severa ley de protección es una de las máximas prioridades de la Asociación Americana de Periódicos y de la Sociedad Americana de Editores de Periódicos. Pero continúa siendo un importante obstáculo el gobierno del presidente George W. Bush y el Departamento de Justicia, los que se oponen al proyecto aduciendo que podría afectar a la aplicación de la ley y hacer más difícil rastrear las filtraciones de información de alta seguridad. Haciéndose eco de los sentimientos de muchos de sus colegas, el editor ejecutivo del New York Times, Bill Keller, dijo a la Asociación Mundial de Periódicos en mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que la decisión de publicar secretos gubernamentales nunca es fácil, y que se ha tornado aún más difícil desde los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos. Un signo positivo en los últimos meses fue la aprobación en agosto por parte del Senado de Estados Unidos de la Ley de Gobierno Abierto. El proyecto de ley fortalecería la Ley de Libertad de Información al imponer penas contra las agencias federales que no respondan a las peticiones de la Libertad de Información dentro de 20 días. Un proyecto similar fue aprobado en marzo por la Cámara de Representantes por un amplio margen. Entre los motivos citados para tener una ley más severa es que siete agencias federales han pasado más de 10 años sin responder a las peticiones de información bajo la ley actual. En otro frente, el fotógrafo de la Associated Press, Bilal Hussein, sigue detenido en Irak por el ejército estadounidense. Está preso desde abril del 2006, pero nunca se le han presentado cargos ni se le ha dado una audiencia pública para que se defienda. Las fuerzas armadas sostienen que tiene información que lo vincula con actividades insurgentes, pero no las ha revelado porque en su opinión son clasificadas. Una acusación contra Hussein, de 35 años, era que tomó fotos en Irak que estuvieron sincronizadas con explosiones, lo que indicaría que tenía conocimiento previo. La AP examinó 900 de sus fotos y dijo que no había indicios de que estuviera en la escena antes de que ocurrieran los ataques. La agencia continúa objetando tenazmente la detención de Hussein. Continúa la preocupación sobre la política del Pentágono de negar a la prensa los pedidos para cubrir las audiencias marciales de sospechosos de terrorismo presos en la base naval norteamericana de Guantánamo. La Associated Press ha sostenido que la decisión viola las propias regulaciones del Departamento de Defensa. La AP está de acuerdo en que algunas partes de los tribunales –llamadas Juntas de Revisión Administrativa– podrían necesitar que se cerraran, pero que sería un error cerrarlas totalmente. Entretanto, circularon informaciones de que un camarógrafo de la cadena de televisión Al-Jazeera, Sami al-Haj, detenido en Guantánamo desde hace más de cinco años sin que se le formulen cargos, se encontraba con la salud quebrantada después de llevar a cabo una huelga de hambre. El portavoz del Pentágono, el comandante Jeffrey D. Gordon, dijo que los informes eran falsos. Al-Haj es el único periodista que se sabe está preso en Guantánamo. Tres reporteros de CNET Networks, un boletín informativo de tecnología, demandó a Hewlett-Packard, acusando a la compañía de computadoras de violar su intimidad al obtener sus registros telefónicos privados. La compañía fue el año pasado el foco de un escándalo tras revelaciones de que su directorio contrató investigadores privados para que averiguaran sis us miembros habían filtrado información delicada a reporteros de CNET, The New York Times y The Wall Street Journal. Hewlett-Packard reconoció posteriormente que sus investigadores utilizaron subterfugios para obtener los registros telefónicos de los reporteros y pidió disculpas. Un proyecto de ley para limitar las facultades de la Oficina Federal de Investigaciones, otorgadas bajo la Ley Patriótica de Estados Unidos, para tener acceso virtualmente ilimitado a los documentos de transacciones de comunicaciones electrónicas sin supervision judicial fue presentado al Senado. La medida fue saludada por La Campaña para la Privacidad de la Lectura, una coalición de organizaciones que representa a editorials, autores, bibliotecas y librerías. En septiembre, el ex anfitrión del noticiario “CBS Evening News”, Dan Rather, presentó una demanda de 70 millones de dólares contra la cadena CBS, afirmando que fue un “chivo expiatorio” por una nota que no fue corroborada sobre el servicio del presidente George W. Bush en la Guardia Nacional. Rather, de 75 años, dejó CBS en junio del 2006, después de 44 años con la empresa. El 4 de octubre se supo que una demanda presentada por una coalición de asociaciones de editoriales y autores contra la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) fue retirada después que la entidad eliminó las regulaciones que impedían a las editoriales de Estados Unidos publicar las obras de escritores de países considerados “proscritos”. La demanda fue presentada originalmente después de que La OFAC, que aplica los embargos comerciales norteamericanos contra naciones “enemigas” como Cuba e Irán, emitió regulaciones en el 2003 que exigían a las editoriales de Estados Unidos obtener un permiso del Departamento del Tesoro para poder editar y publicar las obras de escritores de las llamadas naciones proscritas. Las regulaciones de la OFAC incluían cuantiosas multas y penas de cárcel para los infractores.

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