HONDURAS

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La libertad de prensa se vio afectada en las últimas semanas por una serie de querellas contra periodistas interpuesta el 28 de septiembre por el gerente de la estatal Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, por reproducir denuncias contra esa empresa sobre presunta malversación y desvío de fondos. Las alegaciones fueron publicadas originalmente en el diario mexicano El Universal. Una demanda fue presentada contra Renato Alvárez y Rossana Guevara, del canal Televicentro; Melissa Amaya y Juan Carlos Funes, de Radio Cadena Voces; Carlos Mauricio Flores, del diario El Heraldo y Nelson Fernández, director del periódico La Prensa, por los supuestos delitos de injurias, calumnias y difamación. El empresario se amparó en el Código Penal que establece en su artículo 164 que “los dueños, gerentes o directores de medios de publicidad están obligados a exhibir la firma que cubra el escrito original, o la cinta magnetófonica o película que contengan las grabaciones o imágenes, en cuyas publicaciones se hubiere calumniado, injuriado o difamado. De no hacerlo, ellos serán responsables del delito de que se trate”. Los Tribunales de Sentencia Penal rechazaron estas querellas por considerar que en las publicaciones no existía dolo ni ánimo de causar daño. Los atentados contra periodistas han continuado, sin poder determinar con certeza si el motivo fue esencialmente por su actividad periodística, se están efectuando las investigaciones del caso por las autoridades correspondientes. Ejecutivos y periodistas de la emisora Radio Cadena Voces (RCV), de Tegucigalpa, denunciaron a fines de agosto ser objeto de intimidaciones y amenazas por parte del presidente Manuel Zelaya, quien expresó a una de sus reporteras que “si fuera Hugo Chávez, ya hubiera cerrado esa radio”. La periodista de RCV Carolina Torres, que cubre desde agosto la Casa Presidencial, consideró que existe un cerco informativo contra ese medio. Denunció que en la sede presidencial se le ha negado acreditación formal y el uso de la palabra en las conferencias de prensa y se le ha ocultado la agenda del presidente. El 7 de septiembre, la periodista del canal Hondured, Geovanny García, fue perseguida cuando viajaba en su vehículo por desconocidos que circulaban en una moto y que, tras cortarle el paso, efectuaron siete disparos, uno de los cuales la hirió levemente en una mano. García había denunciado en la televisora casos de corrupción relacionados a contratos de asfaltado de calles, en los que estarían implicados algunos funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas. Ese mismo día, Martín Ramírez, del diario La Tribuna, recibió numerosas amenazas tras publicar un artículo sobre el crimen organizado (pandillas juveniles) y los presuntos vínculos con la policía. Las intimidaciones telefónicas, dirigidas al periodista y a su familia, se multiplicaron después de que unos policías revelaron su identidad y el objeto de sus investigaciones.

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