PARAGUAY

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La situación de la libertad de prensa se vio afectada, en lo general, por continuos ataques verbales de parte de las más altas autoridades del país y, en lo particular, por la violencia del crimen organizado contra periodistas y medios de comunicación. El asesinato de un periodista y la reaparición con vida de otro dado por desaparecido por más de un año y prácticamente se tenía por muerto, fueron hechos que sacudieron a la opinión pública. El 14 de julio reapareció el periodista radial Enrique Galeano en San Pablo, Brasil, quien había desaparecido el 4 de febrero del 2006. Se había adjudicado su desaparición a grupos mafiosos de narcotraficantes conectados al poder político. Durante meses fue intensamente buscado por organismos de seguridad e investigadores independientes, y además fue presentada una denuncia contra el Estado ante tribunales internacionales de derechos humanos. La reaparición de Galeano, a quien ya se lo daba por muerto, no desacredita en lo más mínimo las denuncias de los peligros del ejercicio libre del periodismo en la zona de Yby Yaú y de la frontera con Brasil, donde se han comprobado casos de amedrentamiento, agresiones y asesinatos contra periodistas que no han sido esclarecidos, provenientes de narcotraficantes ¬protegidos por sectores políticos, policiales y judiciales corruptos. El retorno de Galeano suscitó una reacción de parte del Gobierno nacional en la que se acusó al periodista, a los gremios de comunicadores y a los medios de montar una farsa con el propósito de dañar la imagen del país y buscar la caída del Partido Colorado. El presidente Duarte Frutos, en declaraciones del 16 de julio, habló de una “maquinaria de infamia contra los colorados” y amenazó con acciones penales contra quienes habían perjudicado al Estado con sus denuncias ante instancias internacionales. El desenlace del caso Galeano intensificó un fenómeno que desde meses viene en ascenso. Se trata de los virulentos ataques del Partido Colorado y, de forma muy particular, del Presidente a la prensa, quien ante la Asamblea general de las Naciones Unidas el pasado 25 de setiembre, acusó a la prensa de mantenerse en un “maniqueísmo rastrero” y de no convertirse en “vehículo para la veracidad informativa y la opinión seria”. El 7 de agosto, en plena campaña electoral, Duarte Frutos, dijo que los dueños de medios eran contrabandistas y evasores. “Esos son los que quieren ahora dictar clases de ética y moralidad. Piensan que con tinta, flashes y cámaras pueden ganar al coloradismo”. Cuatro días más tarde, volvía a la carga contra el “capital mercantil que controla los medios de comunicación” y los periodistas que publican medias verdades para perjudicar al partido colorado. El 15 de agosto, en coincidencia con una visita de miembros de la SIP, ratificó que seguiría atacando a la prensa “parcializada, sectarizada y manipuladora” y llamó a sus partidarios a “no amilanarse ante la prensa anticolorada”. El 21 de agosto fue asesinado en la localidad de Mayor Otaño, distante a 300 kilómetros de Asunción, el periodista radial de origen chileno Alberto “Tito” Palma. Las sospechas recaen, una vez más, en el narcotráfico de la zona de Itapúa con la complicidad de policías. El hecho no atenuó la ofensiva oficialista. El 26 de agosto el presidente Duarte Frutos denunció una “conjura mediática a través de diarios, canales y radios”, y el 6 de septiembre acusó a los dueños de medios de desearle la muerte. El 12 de septiembre, el titular de la juventud colorada, Hugo Ramírez, llamó a boicotear los medios de comunicación, en tanto que el senador Juan Carlos Galaverna, durante el aniversario del partido de gobierno, se lanzó con dureza contra Aldo Zucolillo, director del diario Abc color. Dos días más tarde, el diputado Benjamín Maciel Pasotti criticó individualmente a los directores o a las familias propietarias de los tres principales diarios de circulación nacional, acusándolos de contrabandistas y falsificadores. El 26 de septiembre, el candidato opositor a la Presidencia, Fernando Lugo, calificó de “interesada” a la prensa por defender solo los intereses particulares de sus propietarios. Como elemento positivo, se destaca la visita de una delegación de la SIP el 14 de agosto, que promovió en el seno del Congreso, un debate sobre la necesidad de una ley de acceso a la información pública. Otros hechos de consideración: El 15 de mayo, el diputado Julio Colmán, del partido colorado, golpeó al corresponsal del diario Abc color en Santaní, ofuscado por la cobertura del momento en que su hijo, detenido por un accidente de tránsito, ingresaba al juzgado. Colmán destruyó parte del equipo del periodista. El corresponsal del diario Ultima Hora en Capitán Miranda (330 kilómetros de Asunción), Oscar Bogado, denunció el amedrentamiento sistemático mediante llamadas telefónicas de parte de narcotraficantes de la zona. El 13 de agosto, el corresponsal de los diarios La Nación y Crónica en Capiibary (320 kilómetros de Asunción) recibió amenazas de muerte como consecuencia de la divulgación de videos caseros que involucran a miembros de la familia de un concejal. Luis Ayala, camarógrafo del canal 13 de Ciudad del Este, denunció una brutal golpiza por parte de tres policías en una comisaría de la localidad. El 28 de septiembre, la jueza Nilse Ortiz declaró improcedente la acción planteada por César Rojas Mignarro en contra del diario La Nación. El 5 de octubre, el diputado liberal Blas Riveros querelló por difamación al corresponsal del diario Abc color en Concepción, Telmo Ibáñez. El periodista reportó que se había encontrado ganado robado en una propiedad del legislador.

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