PERÚ

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Este período fue de particular importancia para el reconocimiento y promoción de las libertades de prensa y expresión, así como para la lucha contra la impunidad en los crímenes contra periodistas. En primer lugar el 17 de mayo, el presidente Alan García Pérez firmó la Declaración de Chapultepec, comprometiendo a su gobierno a respetar y garantizar la libertad de expresión, e instó a los otros sectores del Estado a considerar medidas jurídicas y legales para frenar la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas en el país. El presidente también se mostró favorable a la creación de un Sala Nacional que resuelva los casos de crímenes contra periodistas y delitos contra la libertad de expresión. Asimismo al retornar de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa, Impunidad, organizada por la SIP en Santo Domingo, en julio, el presidente de la Corte Suprema y Presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, anunció que propondrá al Consejo Ejecutivo de este sector, la creación de una Sala Nacional Especial para los Delitos contra Libertad de Prensa y Expresión; además de reformas legislativas que también permitan ampliar el plazo legal de detención de los sospechosos y la imprescriptibilidad de los juicios por crímenes cometidos contra periodistas. Resaltado por la SIP como un claro y muy positivo contra la impunidad fue el fallo de la jueza Clotilde Cavero Nalvarte, presidente de la Sala Penal Nacional, quien el 2 de octubre sentenció a 15 años de pena privativa de libertad al ex comandante del Ejército Peruano Víctor Fernando La Vera y a 17 años de prisión al ex teniente coronel EP Amador Vidal Sambento, por su participación como instigador y autor material, respectivamente, en el asesinato en 1988 del corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas Hugo Bustíos Saavedra. Asimismo, ordenó pagar a favor de los familiares de la víctima una reparación civil de 50,000 nuevos soles. Los inculpados apelaron la sentencia ante la Corte Suprema. También resulta sumamente alentador el inicio del juicio contra los presuntos asesinos de Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario, La Republica asesinado en 1984 en Huanta. En mayo, miembros de la SIP y del Consejo de la Prensa Peruana viajaron a Pucallpa, sumando ya cuatro visitas a esa zona oriental del país, desde abril del 2004, fecha del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández. Durante el curso de las reuniones sostenidas con los fiscales y jueces que llevan el juicio en la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se comprobó y denunció un evidente conflicto de interés de la Presidenta de la Sala, Miriam Calmet Caynero quien mantenía como apoderado legal, en un juicio familiar, a uno de los abogados de la defensa del alcalde provincial de Coronel Portillo, Víctor Valdez Villacorta, procesado como presunto autor intelectual, junto con el ex presidente de la Corte Superior de Ucayali, Solio Ramírez Garay y otros. El 10 de septiembre, un hecho de trascendental importancia para que no quede impune el asesinato del periodista radial Antonio de la Torre Echeandía, fue la captura por la Policía Nacional del Perú (PNP), de David Julca Orrillo, sindicado por la justicia como el presunto autor material del crimen ocurrido en febrero de 2004 en la provincia de Yungay, departamento de Ancash. Por otro lado, llama la atención la falta de diligencia y transparencia de la PNP para aclarar denuncias periodísticas sobre irregularidades en la investigación policial y la posible participación de miembros de esa fuerza en el asesinato del periodista Miguel Pérez Julca, de Radio Éxitos, ocurrido en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, el 17 de marzo del 2007. Los informes policiales tampoco han contribuido a desvirtuar las sospechas sobre una posible participación de efectivos policiales en la muerte de Pérez Julca, quien ese día había anunciado que durante su próximo programa revelaría la identidad de los miembros de la PNP involucrados en actos de corrupción en la región. Por otra parte, una serie de controvertidos e irregulares fallos contra periodistas y medios de comunicación, emitidos en juicios por difamación empieza a enturbiar el libre ejercicio del periodismo. El 24 de septiembre, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, ratificó su fallo, de agosto, encontrando culpable de delito de difamación agravada al periodista Juan Carlos Tafur a raíz de la publicación de una serie de artículos de investigación, firmados por diferentes periodistas del diario Correo, que entonces dirigía Tafur, y en los que se afirma que una magistrada estaba siendo investigada a raíz de una cuestionada sentencia. Dicha sentencia revocó una orden de detención, por comparecencia en beneficio de un narcotraficante que inmediatamente huyó del país. Hay nueve querellas que discurren en diversos juzgados de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, presentadas por quien fue, hasta diciembre del 2006, presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano y miembros de su más cercano entorno familiar, contra el director y el editor responsable de la edición del diario Correo de Trujillo, Rolando Rodrich Sarango y Luis Bahamonde Amaya, respectivamente. En septiembre, durante una entrevista transmitida por Radio Nacional, el mismo vocal de la Corte Suprema, Vásquez Vejarano, advirtió al director del diario Perú.21, Augusto Álvarez Rodrich, que presentaría una denuncia por el presunto delito contra la libertad individual, por “persecución y acoso”, a raíz de la publicación sucesiva de fotografías que vinculan al ex Presidente de la Corte Suprema con el escándalo político de los “empleados fantasmas” del Congreso de la República, que en ese momento amenazaba con causar el desafuero de, su sobrina , la congresista Tula Benites Vásquez. Por otra parte, el 18 de septiembre la juez suplente del Primer Juzgado Transitorio Especializado en lo Penal de Lima, Haydeé Silvia Monzón Gonzáles, condenó en primera instancia a Gustavo Mohme, director de La República, a los periodistas Ángel Páez Salcedo y Edmundo Cruz Vílchez y al caricaturista Carlos Tovar Samanez "Carlín", a dos años de pena privativa de libertad y al pago solidario de 50 mil soles de reparación civil, por delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada por medio de prensa escrita, en perjuicio de la ex funcionaria de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) y ex directora de personal del Ministerio del Interior (MININTER), Gladys Barboza Peña. La sentencia, que ha sido apelada y por consiguiente ha quedado en suspenso, se sustenta en la publicación en el 2005, de seis notas informativas de los periodistas de las que se responsabiliza a la directora. Los reportajes se refieren a hechos documentados que vinculan a la ex funcionaria de migraciones con la fuga del país de una testigo en el escándalo de la falsificación de firmas para la inscripción del entonces partido de gobierno, Perú Posible. El 3 de mayo, el Congreso de la República aprobó el dictamen que propone prohibir cualquier material de difusión que ofrezca servicios sexuales o pornografía en medios de comunicación. Según el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Yonhy Lescano, la norma es necesaria para proteger la dignidad de la mujer, que es presentada como objeto de transacción en este tipo de avisos. Por ultimo el 19 de junio, la muestra de arte Dibujos en Prensa/1990-2007, del caricaturista político Piero Quijano, que se presentaba en la Casa Museo Mariátegui, en Lima, fue lamentablemente censurada por la Directora de Registros y Cultura Peruana y la Directora de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Cultura (INC), Soledad Mujica y Karina Moreno, respectivamente, debido a que un afiche de la muestra, sobre violaciones contra los derechos humanos, causó malestar en el Ejército Peruano.

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