URUGUAY

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El hostigamiento verbal contra la prensa independiente o crítica continuó por parte de organismos del gobierno, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo, aunque el presidente Tabaré Vázquez ha moderado sus ataques personales contra medios y periodistas. El 16 de marzo, el periodista César Casavieja, redactor responsable del semanario “Señal de Alerta”, fue atacado a golpes en la vía pública por un individuo que había sido denunciado por el reportero como el narcotraficante “más buscado del Uruguay”. Luego de la golpiza, el agresor, llamado Amir Alial González, le avisó al periodista que “eso no es nada” y que “la próxima vez no contás el cuento”. Tres policías que observaban la escena detuvieron al periodista y dejaron ir al agresor. Casavieja decidió cerrar su semanario luego de recibir amenazas de muerte telefónicas contra él y contra su familia, y porque la publicación no fue repartida por los distribuidores. Amir Alial González tiene antecedentes por contrabando en Uruguay y en 2006 exportó un cargamento de garbanzos a Portugal, dentro del cual se hallaron más de 90 kilos de cocaína. El periodista pidió una entrevista a la ministra del Interior, Daysi Tourné, pero nunca recibió una respuesta. El caso se encuentra en la Justicia. En marzo, la ministra de Salud, María Julia Muñoz —una de las principales acusadas de discriminar medios a través de la asignación política de la publicidad de su ministerio— atacó a la SIP por la difusión del informe aprobado en Cartagena. El 22 de marzo, el primer senador del gobierno, el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, y la senadora Lucía Topolansky acusaron al semanario “Búsqueda” de inventar noticias, y de que el periódico “juega un papel” en la política uruguaya para perjudicar al gobierno por ser “el gratín de la crema de la peor derecha”. El 13 de abril, fotógrafos de periódicos locales y de agencias de noticias emitieron una declaración en rechazo al Ministerio del Interior que pidió imágenes publicadas de incidentes ocurridos durante manifestaciones de protesta por una visita al Uruguay del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con el propósito de identificar a los participantes. El 3 de mayo, el periodista Luis Elisburu, del Canal 8 de TV del departamento de Flores (190 km al noroeste de Montevideo), denunció haber recibido amenazas telefónicas del ex jefe de Policía, Tabaré Sartorio, criticado por el reportero por su actuación en un operativo policial de abril de 2006, en el que murieron un delincuente y un agente del orden. El 13 de junio, el senador oficialista José Korzeniak atacó durante una sesión del Congreso al diario El País, al que acusó de “mentir de manera ostensible y grotesca” y de hacerlo por ser —dijo— “una empresa periodística de derecha”. El 1º de julio entró en vigor una ley de reforma tributaria que supuso para la prensa un aumento de impuestos considerable, al quitarle exoneraciones de las que gozaba hasta ese momento. Sin embargo, el gobierno dispuso exoneraciones para sectores como los de taximetristas y los jugadores de fútbol. El 28 de agosto, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, afirmó durante una conferencia ante empresarios que algunas “actitudes del periodismo” uruguayo buscan “desestabilizar o poner en aprietos al gobierno”. Mientras se refería a noticias relacionadas con el caso de Alejandro Guido Antonini Wilson, un venezolano allegado a negocios con el gobierno de Hugo Chávez descubierto con 800 mil dólares ilegales adentro de una valija en el aeropuerto de Buenos Aires, que luego viajó a Uruguay y desde que regresó a su residencia en Miami tiene pedida una captura internacional por parte de la justicia argentina, el vicepresidente Nin Novoa críticó a la prensa uruguaya que había difundido declaraciones del jefe del gabinete argentino, Alberto Fernández, quien dijo que la misteriosa valija tenía como destino Uruguay. Novoa dijo que publicar ese tipo de noticias significaba “atacar al país”. El 3 de setiembre, el periodista radial y televisivo Ignacio Alvarez recibió una amenaza de muerte anónima, vía telefónica, mientras denunciaba al aire presuntas irregularidades ocurridas en el servicio de mensajería “Tele Chat”, que diariamente cierra la programación de la emisora Teledoce de Montevideo. “Que se cuide Nacho, que le vamos a pegar dos tiros del lado del acompañante”, dijo la voz de un desconocido a un integrante de la producción de “Las cosas en su sitio”, un programa matinal que Alvarez dirige en Radio Sarandí. El periodista denunció la amenaza a la Policía, que investiga el caso. El 6 de septiembre, el diario El País respondió al ministro de Economía, Danilo Astori, quien durante una interpelación parlamentaria a la que había sido sometido el día anterior, criticó un artículo del periódico acusándolo de intentar presionar a la justicia, que debe decidir qué hacer con miles de recursos sobre la presunta inconstitucionalidad de una reforma tributaria, impulsada principalmente por ese ministro, que creó un “impuesto a la renta de las personas físicas”. El 18 de septiembre, el sindicato de periodistas (APU) denunció que el estatal Banco de Previsión Social (BPS) abrió una investigación para conocer el origen de una “filtración” informativa y, en ese marco, citó a dos periodistas del semanario Brecha para “interrogarlos de manera improcedente” sobre sus fuentes de información. Los periodistas, Fabián Werner y Walter Pernas, habían publicado el 31 de agosto un artículo que revelaba presuntos hechos de corrupción en los casinos públicos, que involucran al actual Director Nacional de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa. Los periodistas se negaron a revelar sus fuentes informativas y cuando pidieron a sus interrogadores del BPS una copia de la declaración que habían hecho, ésta les fue negada, lo cual configuró una violación de las garantías del debido proceso. En materia judicial se registraron los siguientes hechos: El 12 de abril, la jueza penal Aída Vera Barreto inició una acción judicial contra Washington Muniz, un ciudadano al que acusó de quemar una bandera de Estados Unidos durante una protesta política en Montevideo convocada en rechazo a una visita al Uruguay del presidente George W. Bush. El 17 de abril, la jueza Julia Staricco condenó a 12 meses de prisión por el delito de “desacato” a un edil del departamento de Florida (100 km al norte de Montevideo) por haber criticado a través de una carta publicada en el diario local El Heraldo al director de un liceo estatal. La jueza dictaminó que el honor del funcionario público cuestionado por el edil está por encima del derecho a la libertad de expresión y que “es interés de la Administración Pública preservar la dignidad y el respeto que debe rodear su función”. La jueza entendió, además, que el delito de “desacato” fue “especialmente agravado por haberse cometido a través de la prensa”. El edil, que apeló el fallo, quedó en libertad condicional por ser un “delincuente primario”. El 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia confirmó en forma definitiva una sentencia dictada el 18 de mayo de 2006 contra el periodista Gustavo Escanlar Patrone, quien había sido condenado a tres meses de prisión en suspenso por el delito de “injurias”. El 19 de junio, la fiscal Diana Salvo pidió archivar una demanda contra el ex edil tupamaro Jorge Zabalza por haber quemado una bandera de Estados Unidos ante las cámaras de un canal de televisión. La fiscal, cuyo dictamen fue aceptado por la jueza Fanny Canessa, estimó que Zabalza actuó en el marco de su libertad de expresión, que no quemó un emblema oficial de Estados Unidos y que, además, esa acción no se castiga en ese país. El 23 de agosto fue difundida una sentencia contraria a la pretensión de la jueza Estela Jubette que había iniciado una querella judicial por daños y perjuicios al sentirse afectada por críticas a su gestión formuladas en el año 2000 por el entonces presidente Jorge Batlle y por el entonces ministro de Defensa, Luis Brezzo. Una cámara de apelaciones, integrada por los ministros Tabaré Sosa, Mariela Sassón y Jorge Chediak, dictaminó que los jueces deben aprender a recibir críticas sin pensar que son “seres perfectos” y “especialmente iluminados”. Según el Tribunal, “que los jueces puedan verse contestados (en sus decisiones judiciales) y que la libertad de expresión se abre camino frente al argumento de autoridad judicial, son factores insoslayables del desarrollo democrático de la sociedad”. El 3 de septiembre, la fotógrafa Nancy Urrutia debió presentarse ante un tribunal judicial luego de que un particular le iniciara una demanda por daños y perjuicios con el argumento de que la reportera gráfica le había tomado una foto y ella había sido publicada sin su autorización por el semanario Brecha el 20 de mayo de 1987, hace más de 20 años. El demandante, entonces un niño de 11 años de edad, asistía con una bandera del hoy gobernante Frente Amplio en la vía pública a una marcha organizada por la Asociación de Familiares de Desaparecidos, en la que se reclamaba “verdad y justicia”. La fotógrafa registró la imagen del niño y ella fue publicada. La Justicia condenó al semanario Brecha luego de dos instancias al pago de una indemnización de 1.500 dólares más intereses con el argumento de que “tanto para que la captación como la difusión de la imagen de una persona sea lícita, se requiere su consentimiento expreso”. El demandante, Fernando Ayala, le reclama a la periodista, además, otros 7.000 dólares. El mismo 3 de septiembre, el director del diario El Heraldo de Florida, Alvaro Riva Rey, fue obligado a comparecer por segunda vez en un juicio promovido por un productor rural, acusado del delito de injurias por un artículo publicado en el periódico. El periodista ya había sido absuelto el 4 de agosto de 2006 en el mismo juicio por la Fiscalía y por la jueza interviniente, pero la “ley de prensa” vigente en Uruguay, en clara violación al precepto constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, autoriza al demandante a enjuiciar por segunda vez a los periodistas en caso de absolución en primera instancia. El 7 de septiembre, la jueza Graciela Barcelona impidió el ingreso de periodistas a una audiencia por un juicio contra el Estado referido a la situación de los niños en situación de calle. El 10 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para reglamentar la actividad de los partidos políticos, en el cual incluyó una disposición que pretende regular las noticias de prensa durante las campañas electorales al plantear que los medios de comunicación deben informar “en forma ecuánime”. La inmediata protesta de varios órganos de prensa movió a varios senadores a anunciar que esa disposición sería excluida del proyecto. El Observador, por ejemplo, advirtió en su editorial principal que “la conminación” a informar “en forma ecuánime” demuestra “ignorancia sobre el trabajo informativo de los medios en una sociedad libre o, peor aún, esconde la tendencia de algunos dirigentes a ponerle un bozal”. El 17 de septiembre, David Rabinovich, director del periódico San José Hoy del departamento de San José (100 km al noroeste de Montevideo), denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por un caso de acceso a la información, luego de intentar sin éxito obtener registros sobre el presupuesto municipal. El periodista recurrió después a la Justicia, pero su pedido fue rechazado en dos instancias. También el 17 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) absolvió al ex director de Rentas de Uruguay, Eduardo Zaidensztat, quien había sido condenado antes, por un juez de primera instancia, a cinco meses de prisión en suspenso por el delito de “desacato por ofensa”, tras formular duros comentarios contra otro juez penal. En su fallo absolutorio, la SCJ dijo que “la comunidad internacional y la más prestigiosa doctrina penalista repudian la subsistencia” del delito de “desacato”, puesto que “privilegia la situación de los funcionarios públicos respecto de los ciudadanos en general”. En la última semana de septiembre, el diario Ultimas Noticias recibió la notificación de un tribunal judicial de segunda instancia para publicar, contra su parecer, una fotografía en portada rectificando un error que el periódico ofreció en forma reiterada corregir voluntariamente. Un fallo de primera instancia, redactado por el juez penal Nelson dos Santos, y una sentencia condenatoria de segunda instancia, dispuesta por los ministros José Bonavota, José Balcaldi y Eduardo Borges, hicieron pie en el llamado “derecho de respuesta”, contemplado en la “ley de prensa” uruguaya, según el cual el Estado puede ordenar a un medio de comunicación publicar, dónde, cómo y cuándo el Estado decida, textos y/o imágenes que refuten otros textos y/o imágenes difundidos por el medio, si éstos son considerados por los jueces inexactos o agraviantes. Se continúa registrando en el país el uso indiscriminado de la publicidad oficial por parte de organismos estatales. Un monitoreo sobre el tema realizado por la Asociación de Prensa Uruguaya y el IPYS de Perú detectó la existencia de nuevos casos en esa materia. El 6 de septiembre, el asesor en Comunicaciones de la telefónica estatal Antel, Michel Visillac, admitió públicamente en el diario oficialista La República que esa empresa empleaba o se disponía a emplear criterios discriminatorios para la adjudicación de publicidad oficial e instó al resto de la Administración Pública a hacer lo mismo. Luego declaró al diario El País, donde dijo que “si en un programa de TV están atacando a la empresa, no puede aparecer en la tanda de ese programa publicidad de la empresa. No sería lógico; es como tirar la plata. Me puede pasar lo mismo en un diario cuando un editorial habla mal de la empresa y en la siguiente página hay un aviso entero”. El directorio de Antel se negó el 17 de septiembre a responder sobre gastos de publicidad pedido por el sindicato de periodistas APU. El gobierno del presidente Tabaré Vásquez apoyó sin fisuras ante el Parlamento y la opinión pública la clausura en Venezuela de RCTV.

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