ARGENTINA

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Existen todavía hechos preocupantes para la libertad de prensa. Actualmente se mantienen reuniones técnicas con funcionarios del Gobierno Nacional tendientes a superar las dificultades que afectan a diferentes publicaciones de pequeñas o medianas empresas. En la medida que se afianza el Estado de derecho y aparecen algunas mejoras económicas también se benefician las empresas periodísticas. Pese al mejoramiento de la economía, subsiste la preocupación por la situación económica de los diarios que no vislumbran soluciones a los múltiples problemas que los afecta. Algunos funcionarios han pretendido distinguir entre libertad de expresión y libertad de empresa, desconociendo que la necesidad de expresar las ideas libremente, al margen de las posibilidades naturales, necesita contar con elementos materiales y tecnológicos que permitan su proyección social. La asignación de la publicidad oficial de la Nación continúa convertida en un sistema de premios y castigos presionando a medios y periodistas, puesto que se sigue sin aplicar criterios técnicos, ni ninguna regla de distribución objetiva. La ley de Radiodifusión no ha sido reemplazada por una norma que atienda los profundos cambios que se producen en el mundo globalizado. La proliferación de programas televisivos y radiales, que cuentan con apoyo oficial, tiende a galvanizar la opinión pública y la visión de la realidad que el ciudadano medio se va forjando. El gobierno nacional prorrogó las licencias de radios y televisión por diez años, en compensación por el lamentable estado de las empresas de radiodifusión, pero sigue pendiente la solución integral con nuevo marco normativo. Las situaciones que empañan el libre ejercicio de la libertad de prensa están centradas en las referencias peyorativas y los recelos del gobierno nacional contra un sector del periodismo independiente. Desde marzo último se han reiterado los cuestionamientos del presidente Néstor Kirchner hacia periodistas y medios, quizás potenciados en los últimos meses por los desbordes de la campaña electoral que culminará el 23 de octubre, con la elección de senadores y diputados. También, son lamentables las crecientes arremetidas presidenciales contra el diario La Nación y su subdirector. “Hay sectores que me apuntan”, afirmó el 5 de agosto durante una visita a una ciudad de Neuquén, y “se esconden diciendo que son independientes”. También se refirió a cierta prensa corrupta, que lamentablemente no identificó, dando lugar a sombras sobre el conjunto de los medios periodísticos. El presidente aseguró “que no es confrontativo, ni ataco a los medios de prensa, soy un argentino más que defiende sus ideas”, pero evidentemente sin aceptar las ideas de los medios independientes. Son preocupantes estas referencias agraviantes, cuando los medios cuestionan aspectos de la gestión de gobierno y nadie duda que el presidente, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho a dar su opinión y por supuesto sus discrepancias con la críticas del periodismo, pero sin agraviar la labor de la prensa ni la persona de sus periodistas, tal cual lo expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Es preocupante que una alta figura del gobierno, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, haya dicho que “los gobiernos deben ser inflexibles. El programa de gobierno es la Argentina y es una política de Estado. Frente a quien no piense así el gobierno va a ser inflexible”, afirmó en una conferencia acerca de la libertad de prensa en New School University de Nueva York, ofrecida en su reciente visita a EEUU. Todos estos problemas afectan a la prensa libre, pluralista e independiente cuyo ejercicio transcurre a veces en un ambiente de desconfianza oficial hacia los medios. El Presidente no brinda conferencias de prensa. Esta falta de apertura impide garantizar la veracidad informativa, implica un menoscabo para la tarea de los periodistas y entorpece la difusión de los mismos actos de gobierno. Por otra parte, sigue pendiente la sanción definitiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, que ha recibido más de diez modificaciones por parte del Senado en su tratamiento. Las propuestas originales quedan desvirtuadas totalmente. Estas demoras y entorpecimientos siguen despertando la sospecha de una falta de interés en esa norma por parte de esta gestión de gobierno. Es así que sectores del oficialismo consideran que la información es una potestad del Estado, y que se legisla solo respecto de las obligaciones del gobierno mientras que también se debería extender a los particulares. El proyecto ha vuelto a la Cámara de Diputados que puede insistir en su texto original, si reúne las mayorías exigidas, o aprobar las modificaciones propuestas por el Senado que condicionan el cumplimiento de esta garantía. Oscureció más aún el panorama del libre acceso a la información un proyecto legislativo de cuatro senadores justicialistas que pretende extender los alcances del secreto de Estado, ampliando a otros temas, las reservas que razonablemente tienen los asuntos de defensa y seguridad. La iniciativa fue desalentada por el propio Poder Ejecutivo y los legisladores señalaron que antes de un eventual tratamiento consultarían con entidades periodísticas. En estos días se perpetraron atentados contra un periodista y una camioneta del diario La Voz de San Justo, lo que convulsionó la tranquila comunidad de San Francisco Córdoba. Según fuentes de la empresa, se sospecha que estos sucesos podrían originarse en una disputa de carácter gremial que afecta al diario desde hace varios meses. La excarcelación de los asesinos del fotógrafo Luis Cabeza causó escozor, y aunque la decisión se ajustó a la legalización vigente en este momento, provocaron el repudio, ya que contribuyeron a restablecer la sensación de impunidad. Otro tanto ocurrió con la querella promovida por el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur contra periodistas y directivos de la revista Noticias de Buenos Aires, por una nota referida a la actuación del funcionario en la distribución de la publicidad oficial. Finalmente la demanda fue retirada de Tribunales, pero actualiza la necesidad de despenalizar los delitos de injurias y calumnias cuando se trate de información relativa a la función pública. Esta publicación también ha sido discriminada al negarle participación en pauta de la publicidad oficial. La organización no gubernamental Poder Ciudadano realizó un estudio de la distribución de la publicidad oficial en el primer semestre de este año, que remarca que, de la misma forma que en el 2004, el gobierno nacional no tiene ninguna regla de distribución objetiva, por lo que la discrecionalidad que denuncia “podría favorecer a los más amigables y perjudicar a los que no lo son tanto”. Los más beneficiados por la pauta publicitaria oficial en la primera mitad del año fueron los medios gráficos (diarios y revistas), con un 37 por ciento del total, es decir, 28.778.875 pesos. En segundo lugar aparece la televisión abierta, con el 22 por ciento del gasto de la pauta oficial (17.067.100 pesos); luego, las radios, con el 19 por ciento (14.145.686 pesos), y en el cuarto puesto, los canales de cable, con el 12 por ciento (8.651.566 pesos). Más atrás se ubica la inversión en vía pública, el cine y las páginas web. En un análisis rubro por rubro muestra que el diario que recibió mayor publicidad oficial fue Clarín ─que es el diario de mayor circulación─ con un total de 7.153.177 pesos. El segundo lugar fue para el diario Página 12 con 4.492.942 pesos, superior a los 3.705.401 pesos que recibió La Nación, un matutino que ocupa el segundo lugar en circulación y con un tiraje largamente superior al de Página 12. Ámbito Financiero se mantiene en el cuarto puesto, con 1.729.741 pesos. La Razón en quinto, con 1.309.708 pesos. InfoBAE con 733.735; y el diario universitario gratuito La U con 503.287 pesos y El Popular con 480.533 pesos. Luego El Cronista con 432.140 pesos; Crónica con 336.994 pesos; La Prensa con 319.251 pesos y Buenos Aires Herald con 230.887 pesos. En cuanto a las revistas políticas, la mayor pauta fue para la revista Veintitrés, con una circulación de 14.831 ejemplares, con 283.050 pesos; mientras que la revista Noticias, con una venta promedio de 40.261 ejemplares semanales, no ha recibido ningún tipo de publicidad oficial. Entre las radios, el mayor porcentaje de la publicidad oficial continúa siendo para Radio Nacional (con 1.008.476 pesos), la sexta en audiencia. Le siguen Radio América (incluye a FM Aspen), que se ubica en el octavo puesto del rating, y Del Plata, quinta en audiencia. El cuarto lugar es para Radio 10 y su FM La Mega (primera entre los oyentes). Más atrás se alistan la Rock & Pop y AM 990, Radio Rivadavia, Mitre (segunda en audiencia), La Red (cuarta en rating) y Continental (tercera). Según la organización, entre los canales de TV, el reparto se ajustó a lo que marcan los ratings y favoreció a Telefé (con 3.588.765 pesos), seguido por Canal 13 (3.471.882 pesos), Canal 9 (3.206.215 pesos), América (2.059.795 pesos) y Canal 7 (1.015.091 pesos).

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