CANADÁ

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Durante el presente período, los siguientes acontecimientos afectaron la libertad de prensa: El 20 de septiembre, la Asociación Canadiense de Diarios urgió al gobierno a revocar la Sección 4 de la Ley de Seguridad de la Información, que califica como un delito el hecho que un periodista reciba información que el gobierno considere secreta. El año pasado, la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) irrumpió en las oficinas de la reportera Juliet O’Neill, del Ottawa Citizen, citando como justificación la Sección 4. Posteriormente, el primer ministro y el viceprimer ministro formularon fuertes comentarios contra la prensa. Este hecho, conjuntamente con la incursión de la policía, causó indignación en todo el país, así como críticas contra la acción de la RPMC. El 8 de septiembre, la Asociación Canadiense de Diarios manifestó que el gobierno federal estaba utilizando métodos burocráticos para impedir que los medios tengan acceso a la información y para someter a escrutinio sus solicitudes, lo cual causaba injustas demoras, violando así la Ley de Acceso a la Información de Canadá. La asociación advirtió de que el trámite de las solicitudes presentadas por los medios al gobierno para obtener alguna información tarda demasiado tiempo porque éstas son sometidas a mucho escrutinio y hasta son censuradas. Una reciente investigación realizada por expertos canadienses llegó a la conclusión que el gobierno federal aplica sistemas de gestión de la información para advertir a sus funcionarios sobre las peticiones presentadas por los periodistas en virtud de la ley de libertad de información. En agosto, las asociaciones pro libertad de prensa, particularmente la Federación Internacional de Periodistas, expresaron su creciente preocupación por la concentración de medios y por la influencia de los poderosos conglomerados mediáticos. También existe preocupación sobre ciertos intentos por relajar los controles sobre la propiedad de los medios y también una creciente preocupación sobre el futuro de la férrea tradición canadiense que sustenta la radio y la televisión de servicio público. El 29 de junio, las organizaciones que respaldan la libertad de prensa en Ottawa saludaron una decisión de la Corte Suprema confirmando el derecho del público a tener acceso a la documentación relacionada con una orden de allanamiento presentada ante la corte. En una decisión unánime, los jueces desestimaron un recurso de apelación presentado por el procurador general de Ontario que pretendía limitar el acceso del público a las órdenes de allanamiento, a la información utilizada para la obtención de éstas y a documentos conexos. En un informe presentado ante la Corte Suprema, los grupos mediáticos sostuvieron que debe desaparecer el velo de silencio que existe alrededor de las solicitudes de orden de allanamiento y no se debe permitir que éste continúe si es que no hay una clara evidencia de que la administración de justicia corre peligro si el público tiene acceso a documentos de la corte. El 16 de junio, la Asociación Canadiense de Diarios exhortó a los miembros de la Comisión Parlamentaria de Acceso a la Información, Privacidad y Ética, a encabezar los esfuerzos por modernizar la desactualizada Ley de Acceso a la Información de Canadá, con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. La Asociación Canadiense de Diarios se presentó ante la comisión después de haber hecho pública una auditoría nacional del sistema canadiense de libertad de información, la cual halló en todos los niveles del gobierno una severa falta de cumplimiento de las leyes de acceso a la información. Según la auditoría, el 75 por ciento de los departamentos federales comprendidos en ella demostraron un alto nivel de incumplimiento, por lo que llegó a la conclusión de que el derecho del público a la información gubernamental que afecta sus vidas está muy deteriorado. La RPMC pidió disculpas por haber arrestado injustamente a un reportero gráfico de Halifax debido a que éste tomó fotos de un accidente automovilístico en el cual estuvo involucrado un oficial de la policía. Los oficiales de la RPMC arrestaron a Scott Dunlop, fotógrafo del Chronicle-Herald con más de 20 años de experiencia, y lo mantuvieron en el asiento trasero de la patrulla policial durante 15 minutos, luego de detenerlo por obstrucción al tomar fotografías de un accidente en el que un oficial de dicho cuerpo policial resultó herido. Dunlop fue liberado sin que se le formularan cargos en su contra, pero se le advirtió de que estos podrían ser presentados con posterioridad. Asimismo, los oficiales le retuvieron por un momento su cámara digital.

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