COSTA RICA

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En este período la presión judicial fue reemplazada por la económica mediante la utilización de la publicidad oficial. Además el Internet en forma anónima ha sido utilizado para amenazar y desprestigiar a medios y periodistas. El 23 de marzo, las instalaciones del periódico La Nación sufrieron el segundo atentado a balazos en menos de un mes. El 8 de marzo, un sujeto se detuvo ante la fachada del diario para hacer varios disparos que obligaron a dos guardias a ponerse a cubierto. Los guardias no pudieron devolver el fuego por lo sorpresivo del ataque y la rapidez con que el hombre abordó un auto que lo estaba esperando. Dos semanas más tarde, tres sujetos ejecutaron el segundo atentado desde un auto en movimiento. En ningún caso hubo heridos y en ambos la policía mantiene abiertas las investigaciones. El 26 de setiembre, seis diputados integrantes de la Comisión Especial de Prensa rescataron del archivo el proyecto de reforma a la legislación que limita la libertad de expresión en el país. El proyecto contiene avances en la materia, pero fue archivado por falta de voluntad política para tramitarlo en el plenario del Congreso. Los integrantes de la Comisión volverán a dictaminarlo afirmativamente e intentarán incorporarlo a la agenda legislativa con dispensa de trámites. El 2 de octubre, el presidente Abel Pacheco lanzó un violento ataque contra los medios de comunicación que informaron sobre sus viajes de vacaciones pagados por particulares cuyas actividades comerciales les exigen constantes contactos con el gobierno. El Presidente afirmó que las publicaciones responden a designios de personajes poderosos que pretenden presionarlo para que privatice instituciones públicas y promueva la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Cuando se le pidió identificar a los personajes aludidos, explicar la aceptación de los obsequios y aclarar las contradictorias declaraciones hechas en su defensa, el mandatario guardó silencio. Están por cumplirse dos años desde que el Poder Ejecutivo solicitara a las instituciones públicas dejar de pautar publicidad oficial en el periódico La Nación. El diario optó por mantener una actitud reservada sobre el caso, pero ante la protesta de un diputado de oposición, el presidente Abel Pacheco y su ex ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, justificaron la medida aduciendo que las tarifas son muy altas, que La Nación tiene poca credibilidad y que otras publicaciones circulan más. El presidente de la Asociación de Publicistas, quien no tiene vínculo alguno con el diario, desmintió todos esos argumentos con base en los estudios periódicos de su organización. La orden de no pautar se produjo poco después de las denuncias sobre el financiamiento ilegal de la campaña del presidente Pacheco. Una fuerte campaña de correos anónimos y otros ataques por Internet intenta desacreditar a los periodistas y directores del periódico La Nación y el noticiero de Canal 7, atribuyéndoles aviesas intenciones en la investigación de los escándalos que involucran a tres ex presidentes de la República, dos de los cuales aún guardan prisión preventiva, y a una docena de altos ex funcionarios públicos. Los periodistas y ejecutivos de ambos medios sufren una campaña constante de difamación que intenta invadir y distorsionar, incluso, aspectos de su vida privada. El ejemplo más lamentable de estos ataques y la prueba de su motivación política se produjo cuando el presidente del Congreso, diputado Gerardo González, convocó a los presidentes de los supremos poderes a una reunión urgente para discutir la transcripción de una conversación telefónica entre Pilar Cisneros, co-directora de Telenoticias de Canal 7, y el fiscal general de la República, Francisco Dall Anesse. La supuesta conversación fue tomada de una página de Internet y recogía un diálogo en que ambos se expresaban mal de varios funcionarios e intercambiaban informaciones y propósitos que González estimó relevantes desde el punto de vista de la seguridad nacional. Al poco tiempo quedó comprobado que la transcripción del diálogo era totalmente falsa. Vencidos los seis meses de plazo concedidos por la Corte Interamericana, el Estado costarricense no ha efectuado las reparaciones económicas ordenadas en favor del periodista Mauricio Herrera a raíz de su injusta condenatoria penal por informar sobre asuntos de interés público. El Estado tampoco ha hecho las reformas legislativas ordenadas en el fallo que dejó sin efecto la condena dictada contra Herrera por los tribunales costarricenses. La Corte Interamericana encontró que la condena es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. El 18 de octubre se iniciará el juicio por el homicidio del periodista Parmenio Medina Pérez, muerto de tres balazos el 7 de julio del 2001. El empresario Omar Chaves Mora y el sacerdote Minor Calvo Aguilar figuran como presuntos autores intelectuales del homicidio. La policía detuvo a Jorge Castillo, un empresario deportivo, y a Juan Ramón Hernández, un mecánico, como autores materiales. Luis Aguirre Jaime, alias El Indio, también figura en el expediente como autor material y a Andrés Chaves Matarrita se le acusa de prestar colaboración a los asesinos. A John Gutiérrez Ramírez y Danny Smith se les sigue causa por mediar entre los homicidas y los autores intelectuales del asesinato. Según la Fiscalía, otro autor material fue César Murillo, conocido como Nicho, quien falleció a manos de la Policía cuando intentaba asaltar un banco en compañía de Aguirre y Chaves. La audiencia para definir la fecha del juicio por el asesinato de la periodista Ivania Mora está programada para el 7 de octubre. El empresario Eugenio Millot Lasala figura como presunto autor intelectual y Edward Serna Molina, Freddy Alexander Cortés y Nelson López Giraldo, como posibles autores materiales. Como mediador en la contratación de los homicidas figura Edgardo Martínez. En este caso, las motivaciones del homicidio parecen ajenas a la labor periodística.

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