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ANTIGUA Sigue en curso el acontecimiento más importante que podría afectar la libertad de prensa en Antigua y Barbuda. El 20 de septiembre, el Procurador General, Gene Pestaina, inició una querella contra el gerente de la estación radial Observer, Lennox Linton, por sus comentarios durante su programa matutino. El 16 de septiembre, en alusión a un artículo periodístico en el que el procurador lo criticaba, Linton dijo que no iba a caer en el juego de comentar sobre la idoneidad de Pestaina para ocupar dicho cargo. El procurador alegó sentirse agraviado y ridiculizado, por lo que ha presentado cargos amparándose en la Ley de Injuria y Difamación, sección 11 1(A) y 1(B), de Antigua y Barbuda. La sección 11 1(A) señala que si una persona publica maliciosamente una afirmación difamatoria que no fuere un libelo difamatorio sobre otra persona será culpable de delito y multada con no más de $5,000 o no más de un año de prisión. La sección 11 1(B) establece que si una persona publica una afirmación difamatoria sobre el carácter o la conducta de otra persona, será culpable de delito de procedimiento sumario, haciéndose merecedora a una multa de no más de $2,000 o a nueve meses de prisión. El abogado de la empresa, Dame Hamilton, ha declarado que piensa litigar “hasta las últimas consecuencias”. Hamilton se ha basado en una sentencia del Privy Council en el caso de Leonard Hector vs. la Procuraduría que reza así: “En una sociedad libre y democrática, resulta casi demasiado obvio tener que decir que el gobierno y quienes son responsables de la administración pública deben estar siempre abiertos a las críticas. Cualquier intento por reprimir o coartar dichas críticas equivale a una censura política del tipo más insidioso y objetable”. Hamilton agregó que los funcionarios públicos deben comprender que “ellos operan bajo la mirada y el escrutinio del pueblo quien es el que, finalmente, paga sus sueldos con sus impuestos”. Otro hecho que se está fermentado es el relacionado con el uso del canal y radioemisora ABS TV and Radio, controlados por el estado. A pesar del cambio de administración, ABS sigue siendo una herramienta de relaciones públicas para el partido de gobierno. En febrero, la entonces jefe de noticias y actualidades, Karen Challenger-George, fue transferida al Ministerio de Finanzas como funcionaria de comunicaciones. Hasta ese momento, Challenger-George había venido trabajando en ABS durante más de diez años, con una licencia para estudiar en el Ryerson Polytechnic. Era una conspicua simpatizante del partido ALP y había tenido varios altercados con sus superiores por presentar las noticias en forma sesgada para favorecer los intereses del ALP. Había pedido ser transferida apenas se presentara la oportunidad. Juliet Benjamin, profesora durante más de 30 años y cuya experiencia en los medios consistía en varios años como correctora de pruebas en The Antigua Sun y The Daily OBSERVER, ocupa actualmente el cargo de jefe de noticias y actualidades. Benjamin también ha trabajado en la campaña electoral del Dr. Errol Cort, quien derrotó al ex primer ministro Lester Bird en la zona rural al oriente de St. John. El Dr. Cort es ministro de economía y finanzas. GRENADA El tema de los juicios por difamación interpuestos por el primer ministro contra un diario en particular (la mejor prueba de que existe libertad de prensa, ya que el diario en cuestión y uno de sus columnistas atacan al primer ministro y a su gobierno todas las semanas) sigue aún pendiente y hace poco sufrió una postergación. GUYANA Dos diarios privados, el Stabroek News y el Kaieteur News y varios canales de televisión privados operan libremente y sin censura o interferencia. Los medios gozan de un alto nivel de libertad en Guyana. Sin embargo, el gobierno mantiene el monopolio radial que heredó del gobierno anterior hace trece años. Se ha prometido una nueva ley de radiodifusión y un vocero del gobierno ha dicho que se emitirían licencias para las radios privadas pero nada de ello ha sucedido en años. Esto completaría la liberalización de los medios. No existe una Ley de Libertad de Información. Hay cierto grado de acceso a los ministros del gobierno y demás departamentos del estado pero esto podría mejorar.

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