COLOMBIA

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En este período se ha presentado un fenómeno particular y significativo. En el país que ha registrado en los últimos 25 años el índice más alto de periodistas asesinados, la libertad de prensa enfrenta una amenaza diferente, que no proviene del narcotráfico ni de los grupos armados ilegales. Desde hace un año y medio, se evidencia una notable disminución de asesinatos y violencia directa contra periodistas. En el último semestre no se ha registrado una sola muerte por razones de oficio. Esto no ocurría desde hace más de nueve años. Sin embargo, en este semestre las demandas judiciales contra periodistas se convirtieron en una creciente forma de intimidación. Más de 100 demandas fueron presentadas en contra de doce medios de comunicación, nueve periodistas y dos columnistas a través de acciones populares, denuncias penales y civiles de parte de militares en retiro, ministros, funcionarios públicos y particulares. Entre las más significativas demandas por calumnia e injuria se destacan la del Consejo de Estado en pleno en contra del columnista Juan Manuel Santos, El Tiempo, porque cuestionó la demora de ese organismo en emitir un fallo y sugirió que había quienes pensaban que existía plata de por medio; la del cardenal Alfonso López Trujillo en contra de la columnista María Jimena Dussán, El Tiempo, por un comentario sobre la cercanía que habría existido entre el actual presidente del Pontificio Consejo para la Familia en el Vaticano y el extinto narcotraficante Pablo Escobar, y la de la ministra de Comunicaciones en contra de tres periodistas radiales de Santander, quienes afirmaron que ella habría presionado para que un canal de su región de origen realizara una inversión ilegal. A fines de septiembre, un controvertido contratista de Cartagena pagó un aviso en primera página del periódico El Universal para notificar a los periodistas Carlos Huertas de la Revista Semana y Mauricio Vargas de la Revista Cambio, de una demanda por enlodar su nombre. Solo el periódico El Tiempo enfrenta tres demandas penales instauradas por dos militares en retiro, y un funcionario judicial. El Canal Caracol recibe una acción popular por mes en contra de su noticiero. La Revista SOHO, en dos meses, recibió cinco querellas por agravio a las imágenes religiosas debido a la publicación de la foto de una modelo crucificada y rodeada de 12 personajes de la vida nacional, disfrazados como los 12 apóstoles. Entre éstas, llaman la atención las denuncias presentadas por un magistrado del Consejo de Estado y por el propio jefe de la Unidad de Denuncias y Quejas de la Fiscalía. Se instauraron 130 tutelas en contra de la Revista Cambio por un grupo religioso debido a un artículo titulado “De Religión, Política y Negocios.” Además de 11 demandas por responsabilidad civil derivadas de información en contra de los periódicos La Tarde, de Pereira; La Crónica, del Quindío, y El Liberal, de Popayán, sumadas a una demanda instaurada por un funcionario de la Fiscalía en contra del periódico El Universal porque denunció que el funcionario judicial se involucró en un incidente de tránsito en estado de embriaguez, y a la decisión de un Tribunal de vincular a siete periódicos en una demanda por la recuperación del espacio público utilizado por los voceadores de prensa. A fines de septiembre fue revocada una condena a 10 días de arresto a Mauricio Vargas y Ricardo Ávila, director y periodista de la revista Cambio, respectivamente, por desacato dentro de una tutela de un general del Ejército en contra de esa revista. Y en otro hecho, la Procuraduría y la Fiscalía pidieron a un juez que condenara a la periodista Graciela Torres, conocida como La Negra Candela, por injuria y calumnia y violación de la intimidad, por divulgar un video en el que una actriz sostenía relaciones sexuales con su pareja. A esto se adiciona, en el ámbito legislativo, un proyecto de ley presentado por tercera vez por el ex director, propietario del periódico El Colombiano y hoy congresista Juan Gómez Martínez, para que incurran en delito penal y se eleven las penas para los directores, periodistas y columnistas que haga pública injuria y calumnia o “cualquier aseveración sin fundamento o prueba controvertida”. Hacen trámite además, otro proyecto que, con el propósito de regular el acceso a la información, la restringe, y cinco proyectos de reforma a la ley de contratación que facultan al Gobierno para determinar los mecanismos de divulgación de los procesos de licitación de las entidades del Estado. En la lucha contra la impunidad una actitud positiva se observó por parte del nuevo Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien en días pasados se comprometió con la Unidad de Respuesta Rápida en Colombia a reactivar la Subunidad de Derechos Humanos que atiende los crímenes contra periodistas, y a presentar resultados a la brevedad. Por primera vez en cuatro años, la presión y seguimientos realizados frente a 54 casos de periodistas asesinados por razones de oficio en los últimos 11 años, empezó a dar resultados. En este semestre fueron reactivados a través de la práctica de nuevas pruebas, la gran mayoría de los casos. Sin embargo, esos esfuerzos no se reflejan aún en condenas a autores materiales e intelectuales. Preocupa, además, que la gran mayoría de los casos de periodistas, cuyas investigaciones se adelantan en la Provincia sigan siendo objeto de resoluciones de archivo o inhibitorios, así como los procesos que se adelantan por amenazas. A pesar de la condena a 28 años de cárcel a los autores materiales del homicidio del subdirector de La Patria, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002, genera gran preocupación que la Fiscalía General de la Nación no haya logrado castigar a los autores intelectuales, no obstante que el propio juez que condenó a los autores materiales, señalara con nombre propio al diputado de Caldas, Ferney Tabasco, como supuesto responsable. A pesar que las cifras de asesinatos, secuestros y amenazas continuaron su tendencia decreciente este semestre, veinticinco periodistas reportaron amenazas contra su vida. Cinco de ellos tuvieron que abandonar sus regiones de origen. El exilio fue mayor que en años anteriores. Tres periodistas salieron del país. El caso más significativo fue el de Daniel Coronel, director de Noticias Uno, y su esposa, la presentadora de Noticias, María Cristina Uribe, por amenazas de muerte contra ellos y su hija de 10 años, quienes salieron del país el 18 de agosto. Las amenazas provinieron del ex congresista Carlos Nader Simmonds. El nivel creciente de autocensura en los medios, especialmente de provincia, y la intimidación por medio de mecanismos judiciales podrían ser las causas de la disminución de los riesgos. Otros hechos de importancia son los siguientes: En marzo la guerrilla de las FARC derribó con 20 kilos de explosivos, las torres de transmisión de dos emisoras locales del Caquetá. Claudio Gomajoa, director de una emisora local del Putumayo, amenazado por los paramilitares, y Angélica Rubiano, corresponsal del diario La Nación del Huila, por los militares, recibieron protección del Comité de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior. En abril tras dos meses de secuestro, fue liberado por las FARC el reportero gráfico y socio del periódico regional Urabá Hoy, Hernán Echeverri Arboleda, quien aclaró que su secuestro fue extorsivo. Recibieron protección los periodistas Jaime Ripoll, de una emisora local de Norte de Santander, amenazado por sus denuncias contra la corrupción administrativa, y Gilberto Martínez, director de noticias de Colmundo Radio en el Tolima por amenazas de los paramilitares. En mayo Daniel Coronel, director de Noticias Uno; Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz; y Hollman Morris, director del programa “Contravía”, recibieron una serie de amenazas de muerte a través de coronas fúnebres y notas de condolencias. Un alcalde local del Valle del Cauca congeló la pauta publicitaria al periódico Cartago Hoy y pidió la salida del aire de un programa de opinión de una emisora local, en represalia por informaciones sobre su gestión. El 25 de mayo, un nuevo atentado de las FARC se presentó contra las antenas de transmisión de una emisora local del Putumayo. La emisora había sido víctima de un atentado similar en el mes de febrero. En junio un Tribunal de Cundinamarca vinculó a siete periódicos en una demanda por la recuperación del espacio público utilizado por los voceadores de prensa. El 13 de julio salió de Medellín, bajo protección gubernamental, Julián Alberto Ochoa Restrepo, director del canal de televisión local, quien fue víctima de un atentado en el mes de mayo, por informaciones sobre las presuntas relaciones de Mario Uribe Escobar con el narcotráfico y el paramilitarismo. Fanor Zúñiga, camarógrafo del noticiero local de Buenaventura también salió de su región, debido a amenazas porque se negó a emitir algunos videos enviados por las FARC. El Comité de Protección de periodistas le otorgó protección a solicitud de la FLIP En agosto El Tiempo dio a conocer la desaparición en el Consejo de Estado, del expediente del asesinato del corresponsal de El Tiempo en Arauca, Henry Rojas Monje, asesinado el 28 de diciembre de 1991 por dos soldados del Ejército. En septiembre las FARC dinamitaron las torres de transmisión de dos emisoras locales en el Cauca Para terminar el mes, a través de un aviso en primera página en el periódico El Universal uno de los mayores contratistas del distrito de Cartagena hizo saber que denunció penalmente por injuria y calumnia a los periodistas Carlos Huertas, de Semana, y Mauricio Vargas, de Cambio, porque se han dedicado a enlodar su nombre.

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