Paraguay

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Varios hechos judiciales, legislativos y de agresión contra periodistas y medios empañaron la libertad de prensa en este período. El 19 de mayo, la Cámara de Productores de Cine y Televisión del Paraguay presentó ante el Ministerio de Industria y Comercio una propuesta para reglamentar la producción nacional de materiales audiovisuales y la radiodifusión. La Cámara alegó que existe un vacío legal en la materia y justificó el proyecto por la desmedida emisión de programas extranjeros en los canales paraguayos, cercenando la creatividad de la televisión y la radio en detrimento de la producción local y la identidad cultural. La Cámara incursionó también en el campo de la información, al señalar que ésta debe ser veraz, objetiva y oportuna y que debe evitar que el contenido o forma de expresión produzca conmoción pública o alarma colectiva. El 28 de mayo, el juez Wilfrido Velázquez dio por finiquitado y archivó el expediente del caso de torturas que sufrió el periodista brasileño Mauri Konig en diciembre del 2000, presuntamente ocasionadas por policías, cuando realizaba una investigación sobre el reclutamiento de menores brasileños en comisarías cercanas a la frontera con Brasil. La fiscalía sólo se limitó a solicitar informes a la Policía Nacional, cuyos efectivos precisamente habrían sido los posibles autores de las torturas que sufrió el periodista, según lo denunció éste en su ocasión. El 11 de junio, el ex director de la entidad binacional paraguayo-argentina de Yacyretá, Walter Reiser, culpó al diario ABC Color de su destitución del cargo. “Fueron cuatro meses de intensa persecución”, sostuvo. El ex funcionario en realidad aludió a las publicaciones del citado diario sobre presuntos hechos de corrupción en su administración, en especial sobre la sobrefacturación de más de un millón de dólares en la compra de un edificio adquirido para sede de la entidad, en Asunción. El 2 de julio, el periodista Miguel López, del diario Ultima Hora, denunció que fue objeto de amenazas telefónicas anónimas de muerte y solicitó protección policial. Explicó que las amenazas se produjeron luego de entrevistar a un dirigente político de izquierda, prófugo y acusado de integrar un grupo que, según la policía, secuestró a la esposa de un conocido empresario. Las denuncias de corrupción realizadas a través de la prensa derivan con frecuencia en amenazas o acciones judiciales contra los directores o periodistas de los distintos medios. El 18 de julio, el abogado Marcelino Gauto Bejarano, solicitó a un juez diligencias preparatorias con miras a una demanda contra los directores de los diarios ABC Color, Aldo Zuccolillo, y Demetrio Rojas, de Ultima Hora, como derivación de la denuncia de un caso de colosal corrupción en la hidroeléctrica binacional paraguayo-brasileña de Itaipú. El abogado es además miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura -este último presenta las ternas de candidatos para jueces- y, por tanto, de gran poder en ese ámbito. Los diarios denunciaron que la justicia condenó a la Itaipú a pagar a la empresa Mundy Recepciones un adicional de 10 mil millones de guaraníes (casi dos millones de dólares) por una deuda atrasada que tenía esa empresa binacional por la provisión de bocaditos. La deuda inicial era sólo de 3.003 millones de guaraníes. Gauto Bejarano es uno de los abogados de Itaipú pero, según las publicaciones, los intereses del ente binacional no fueron suficientemente defendidos porque se obviaron varias diligencias necesarias. Gauto Bejarano, sin embargo, desistió posteriormente de sus demandas. Inclusive, en el mismo caso, en una llamativa resolución el juez Pedro Benítez Bernal resolvió solicitar al diario ABC Color los nombres de los periodistas participantes de la investigación. Pero ante las críticas generalizadas que motivó la publicación anticipada de su decisión, que fue considerada como un intento de amedrentamiento a la prensa, el juez no remitió el escrito correspondiente al diario. El 31 de julio, el juez Alcides Corbeta rechazó un “habeas data” que interpuso el abogado José López Chávez para conocer la identidad de un periodista del diario Noticias que lo vinculó con una determinada corriente política y la fuente que tuvo para realizar dicha publicación. El 6 de agosto, una querella por presuntos hechos de difamación, calumnia e injuria grave fue presentada contra el director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, y de Vanguardia, de Ciudad del Este (330 Km. de Asunción), Héctor Guerín. La acción judicial fue promovida por el abogado Adolfo Oscar Gigglberger Lima y el reportero gráfico del diario La Opinión, Carlos Esteban Roa. Los recurrentes fueron mencionados en publicaciones de los citados medios, basadas en fuente confiables de una fiscalía, como quienes habían permitido el robo de un lote de relojes en perjuicio de un ciudadano oriental afincado en Ciudad del Este, 330 Km. al este de Asunción. El 6 de septiembre, el presidente del Congreso, Juan Carlos Galaverna, acusó al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, de “manipular” información. El diario publicó informaciones que demostraron que el Congreso había realizado llamativas intervenciones que beneficiaron al ex presidente Juan Carlos Wasmosy -amigo de Galaverna-, procesado por graves irregularidades durante su gobierno. Galaverna, a su vez relacionado con varios presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencia, además de declararse violador confeso de la Constitución Nacional, afirmó que Zuccolillo exhibe “una conducta miserable”. El 20 de septiembre, el ex presidente Juan Carlos Wasmosy intimidó, a través de un notario, al periodista Leo Rubín, de Radio Ñandutí, para que se retractara o se ratificara en comentarios que habían involucrado al ex presidente, entre otros, con la muerte de ahorristas estafados por bancos que fueron a la quiebra durante el gobierno del citado ex presidente. El 1 de octubre, el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Propietarios de Radio y Televisión, Angel Aguilera, denunció en una entrevista que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones concede frecuencias de radioemisoras primando el criterio político. Tras esta denuncia salieron a luz llamativas concesiones de licencias y autorizaciones de traslados a Asunción, de radioemisoras cuyas licencias fueron otorgadas para el interior. Una de las radioemisoras (Radio 1000) que se intentó trasladar a San Antonio, cerca de Asunción, sería propiedad del presidente del Congreso, Galaverna, acusado de irregularidades. Inclusive, la planta transmisora ya estaba instalada en una playa pública de San Antonio, lo que motivó la protesta de algunas autoridades y vecinos.

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