Panamá

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A pesar que los tres gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura prometieron la derogatoria de las leyes restrictivas de la libertad de prensa y de los controles sobre los medios de comunicación social, muy poco se ha logrado hasta la fecha. Las distintas comisiones nombradas por todos esos gobiernos para estudiar la situación dejaron de funcionar sin lograr consenso sobre reformas concretas. Problemas tales como la idoneidad certificada por el Gobierno para ejercer el periodismo, la penalización de la calumnia y de la injuria, la obligación de revelar el origen de las informaciones y otros asuntos por el estilo, impidieron que se alcanzara un acuerdo. Después de muchos esfuerzos y constante presión de organizaciones tales como Transparencia Internacional (Panamá), organismos gremiales, fundaciones por los derechos humanos y medios de comunicación social, se logró un acuerdo multipartidario en la Asamblea Legislativa, que permitió la aprobación de la Ley 6 del 2002 sobre el libre acceso a la información pública, que fue posteriormente sancionada por la Presidenta de la República y debidamente promulgada en la gaceta oficial. Cinco meses más tarde, el Ejecutivo dictó un decreto que, con el pretexto de reglamentar la ley, la convierte en letra muerta por los kafkianos requisitos que establece. Hay pendientes de ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario y uno contencioso-administrativo de nulidad porque un reglamento no puede contrariar a una ley ni estar por encima de ella. Hace dos meses, el gobierno inició una campaña contra los medios de comunicación, a través de frecuentes declaraciones de altos funcionarios contra “el abuso de la libertad de prensa y expresión”, la creación de una nueva comisión para analizar las leyes existentes, en la cual no participan representantes de los medios de comunicación social, y un proyecto de ley que pretende establecer un sistema de censura previa para radio, televisión y medios escritos. Ante las protestas, el gobierno ha moderado sus posiciones y la Presidenta de la República se ha comprometido a vetar cualquier ley que atente contra la libertad de prensa. Continúa el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación, por medio de querellas por delitos contra el honor, con interminables investigaciones absolutamente sesgadas, en las que se desconocen las garantías del debido proceso legal y se abusa de las declaraciones, indagatorias y otras diligencias que consumen una enorme cantidad de tiempo sin resultado alguno, cuyo único propósito es fastidiar a los periodistas. En conclusión, Panamá es un país con una abundante legislación restrictiva de la libertad de prensa. Además de las leyes específicas sobre la materia, en casi todos los códigos de la República se encuentran esparcidas muchas disposiciones peligrosas, que incluso permiten el cierre de medios de comunicación por decisión de un gobernador, un alcalde o un corregidor, en violación directa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y varios tratados y declaraciones internacionales.

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