Nicaragua

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En este período siguió sin resolverse el recurso por inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley No. 372, creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua. El 17 de diciembre del 2001, la CSJ pidió a los recurrentes llenar omisiones que se referían a los daños materiales que les podía causar dicha ley. Este requisito, según los abogados y algunos magistrados de la Corte, ya había sido derogado en una reforma a la Ley de Amparo. Si bien fue cumplido en tiempo y forma por una parte de las personas que recurrieron por la inconstitucionalidad de la ley, al no presentarse todos los demandantes, el recurso ya tiene validez. Sin embargo, la colegiación sigue sin establecerse debido a las desavenencias entre las dos asociaciones gremiales de periodistas que deben formar el Colegio de Periodistas. El presidente Enrique Bolaños, que asumió el cargo el 10 de enero del 2002, se distanció del ex presidente Arnoldo Alemán desde antes de tomar posesión y prometió que “nadie estaría encima de la ley” y que lucharía contra la corrupción sin tomar en cuenta quién podría salir involucrado. El primer escándalo de corrupción que se destapó fue la pérdida de US $ 1,800,000 que le asignaron diferentes entes estatales, por órdenes de Alemán al estatal Canal 6 de Televisión, supuestamente para solventar deudas por más de US $ 2 millones. Como consecuencia, el nuevo gobierno decidió cerrar el 9 de abril la televisora del Estado, con la intención de reabrirla como un canal educativo. El 23 de abril, la Policía capturó a Byron Jerez, ex director general de Ingresos y Viceministro de Hacienda del gobierno de Alemán, cuando iba hacia el aeropuerto con rumbo a Panamá. Las investigaciones que siguieron a su arresto involucraron a la plana mayor del gobierno de Alemán y al mismo ex presidente. Entre las imputaciones que se le hacen a Jerez, ahora en prisión, está la de adquirir vehículos de lujo con notas de crédito del gobierno, y venderlos luego en beneficio propio o regalar los vehículos del Estado a personas particulares. En las listas que se hicieron públicas de las personas beneficiadas por Jerez con 23 vehículos, se mencionó a un obispo católico muy allegado al ex presidente Alemán. De manera que este hecho, y las constantes publicaciones en algunos medios en las que han mencionado a jerarcas de la Iglesia Católica que se identificaron con el gobierno de Alemán, provocó una respuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dada a conocer el 11 de mayo, en la que se acusó a los medios de comunicación de practicar una “manipulación dominante”, de avasallar a la población con titulares sensacionalistas, de desinformar y faltar a la verdad. Una denuncia que involucraba presunción de delitos graves -como lavado de dinero y narcotráfico- supuestamente cometidos por un general del Ejército de Nicaragua, publicada en La Prensa el 18 de julio, provocó que dicho militar pidiera a la Policía Nacional iniciar una investigación. La policía obligó al periodista de La Prensa, Luis Felipe Palacios, a presentarse en la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), donde fue presionado para que revelara la fuente de su información pues, según la Policía, ésta tiene que actuar de oficio en casos de lavado de dinero y narcotráfico. El periodista Palacios se hizo acompañar de un jefe de información y de un equipo de reporteros del diario, a quienes el jefe de la DIC les quiso impedir la entrada y se molestó por las fotografías que se le hicieron y amenazó al fotógrafo con quitarle el rollo por la fuerza. Los periodistas que cubrieron en las instalaciones del Partido Liberal la reunión en la que se anunció el boicot a la Asamblea Nacional por parte de los legisladores que respaldan a Alemán y el anuncio de la expulsión de siete diputados de este partido que votaron por la destitución de la directiva anterior, fueron objeto de agresiones verbales de enardecidos simpatizantes liberales, y algunos reporteros inclusive fueron acorralados físicamente durante varios minutos. La nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional decidió revisar todos los proyectos de ley que estaban engavetados y encontró, entre estos, dos claramente atentatorios contra la libertad de prensa: 1-“Ley que regula el delito de desacato a los órganos del Estado”, con penas de hasta 5 años de cárcel para los ofensores condenados. Esta iniciativa no era dirigida específicamente contra los medios de comunicación, sin embargo aquellos en que se publicara el desacato objeto de la condena, tendrían que publicar íntegra la sentencia condenatoria. El presentador de este proyecto que provocó una generalizada protesta de los medios, diputado liberal Fernando Avellán, declaró que “la diabólica iniciativa era obra de Arnoldo Alemán”, explicó que el ex presidente le pidió que la suscribiera, lo cual hizo sin leerla, pero que la retiraría de inmediato. Avellán es ahora uno de los diputados disidentes de Alemán, que votaron para defenestrar a la anterior Junta Directiva de la Asamblea Nacional. 2- “Ley de protección civil del derecho a la vida privada y familia, honra, reputación e imagen”. Al conocerse este ante proyecto de ley, su autor, el diputado también liberal Vladimir Pineda, explicó que había cometido un error y pidió disculpas a los periodistas. La mayoría de los supuestos delitos tipificados en esa iniciativa de ley están incluidos en el Código Penal. El 23 de septiembre cerró oficialmente el diario La Noticia que era patrocinado y mantenido con anuncios gubernamentales durante el gobierno de Alemán, luego de que el gobierno aplicó la política de distribuir los anuncios de acuerdo a su circulación. La Noticia, que tenía sólo el 2.5% de la circulación de los periódicos tampoco tenía publicidad de la empresa privada. La radio La Poderosa fue cerrada el 11 de octubre por orden de la dirección de Telcor, órgano gubernamental encargado de asignar y suprimir las frecuencias del espacio radioeléctrico del país. La Poderosa es prácticamente vocera de Alemán, en la que transmite su programa personal “El diputado habla con su pueblo”, y fue denunciada por atacar al presidente Bolaños, a la primera dama y a miembros del gobierno con expresiones soeces e inclusive de transmitir amenazas de muerte contra el Presidente. Según Telcor, la frecuencia de La Poderosa había sido asignada a COPROSA, una entidad de la Iglesia Católica que la cedió al grupo político y empresarial que la estaba operando. Pero COPROSA se encontraba en situación de ilegalidad. De acuerdo con la ley, la asignación de la frecuencia era nula y por lo tanto había que cerrarla. Telcor le ofreció a las autoridades de la Iglesia Católica la oportunidad de que legalizaran la situación para que pudieran seguir usando la frecuencia, pero hasta el momento ésta no respondió y, más bien, en declaraciones públicas el cardenal Miguel Obando Bravo informó que la Iglesia no tiene recursos para instalar una radio emisora y aprovechar la mencionada frecuencia. Los dueños de La Poderosa, Arnoldo Alemán y el PLC han denunciado el cierre de la radio emisora como una represalia política y una agresión contra la libertad de expresión. Prácticamente toda la sociedad ha deplorado el cierre de La Poderosa, no por estar de acuerdo con la radio sino por considerar que ningún medio de comunicación debe ser clausurado por el gobierno. El 22 de octubre, en horas de la tarde, un reconocido ex comandante de la Resistencia Nicaragüense (Contra), Tirso Moreno, (a) Comandante Rigoberto, asaltó a mano armada las instalaciones de La Prensa y, después de hacer varios disparos, mantuvo secuestrados a 12 personas, redactores y fotógrafos del diario. El individuo en mención, quien andaba en estado de ebriedad, justificó su acción criminal diciendo que La Prensa era culpable de la muerte (en un lamentable accidente) del hijo mayor del ex presidente Arnoldo Alemán, que había ocurrido esa misma tarde, pues según las denuncias de este diario sobre la corrupción han creado una situación de guerra en el país: “Si quieren guerra, la van a tener”, gritó el asaltante cuando entró violentamente a las instalaciones de La Prensa. El incidente se resolvió poco tiempo después mediante la intervención incruenta de la Policía y el asaltante se entregó pacíficamente a la autoridad que ya lo puso a la orden del juez correspondiente, mientras que La Prensa lo ha acusado criminalmente. El presidente Bolaños declaró el viernes 25 de octubre que no intercedería por Tirso Moreno como le habían solicitado algunos miembros de la Resistencia, “ya que nadie puede estar por encima de la ley”, dijo el presidente. Un tribunal de apelaciones de Managua decidió el día 25 de octubre resolver a favor de que COPROSA, la concesionaria de la licencia 560, no sea afectada, pero mantiene firme el cierre de la radio mientras la Corte Suprema decida el recurso de amparo, por lo que TELCOR no podrá licitar la frecuencia. Por otro lado, el cardenal Obando manifestó que la arquidiócesis aún no ha tomado una decisión sobre la frecuencia. El vocero del Partido Liberal (arnoldista), Eliseo Núñez, declaró que hoy reiniciarán la programación de la radio y retó a TELCOR a intentar cerrarla otra vez.

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