Colombia

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Este ha sido sin duda uno de los más graves semestres para la libertad de prensa en Colombia. Cuatro periodistas fueron asesinados por razones del ejercicio de la profesión. Aun no hay claridad sobre los móviles de los asesinatos de otros dos periodistas. Cuarenta y ocho periodistas fueron víctimas de amenazas. Once han sufrido el secuestro o las llamadas retenciones de entre 24 horas y ocho días; y diez periodistas abandonaron el país. En gran parte de las regiones colombianas se informa en medio de un clima de intimidación. En este período suspendieron labores la revista De Interés del municipio de Andes en Antioquia, los semanarios Horizonte Sabanero y Región del Magdalena Medio y la emisora La Voz de la Selva del Caquetá. Las sedes de RCN Televisión y Radio Súper fueron víctimas de atentados. Este semestre hubo un ambiente de regulación a la libertad de prensa en el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo. Cursa en el Senado que busca la expedición de un certificado de idoneidad para periodistas, la creación de un Consejo regulador de la actividad periodística y la fijación de responsabilidades económicas que exceden la normatividad existente para los casos de rectificación. Por otra parte, una nueva iniciativa fue radicada en el Congreso con el objeto de extender las sanciones previstas para la injuria y la calumnia a cualquier aseveración sin fundamento o prueba controvertida. El 21 de marzo, el columnista Fernando Garavito se exilió en los Estados Unidos, según dijo, por amenazas contra su vida. Desde sus columnas en el diario El Espectador, Garavito atacó a los paramilitares y se refirió al candidato presidencial Alvaro Uribe, como “un ultraderechista cuya elección podría ser peligrosa para el país”. El 22 de marzo, el periodista del canal local de Bogotá, Citi TV, Carlos Lajud, hijo del periodista asesinado, Carlos Lajud Catalán, advirtió amenazas contra su vida y abandonó el país. El periodista denunció a las FARC como autor de una bomba colocada en Bogotá el 25 de mayo 2001. La SIP avaló su caso ante la embajada de Canadá, donde Lajud fue aprobado en el programa de refugiados. El 27 de marzo, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declararon a la revista De Interés de Andes, Antioquia y a su director Carlos Enrique López, objetivos militares. López salió del país. El 8 de abril, la sede de la Cadena Radial Super en Villavicencio, departamento del Meta, resultó afectada por la explosión de una bomba. Diez personas murieron y 70 resultaron heridas en la zona del atentado. Sus directivos dijeron que habían recibido amenazas por emitir informaciones del candidato Alvaro Uribe. Ese mismo día, un hombre que se identificó como un militar retirado llamó a la Universidad de la Sabana en Bogotá y amenazó al decano de comunicación social César Mauricio Velásquez por haber contratado “enemigos de la patria” como el periodista Carlos Pulgarín. Dijo también que la Brigada XI con sede en Montería y unos paramilitares podrían atentar contra los periodistas Alejandro Santos, director de la revista Semana, y Fernando Tulande, subdirector de RCN Radio. Velásquez y Santos recibieron protección de escoltas. Carlos Pulgarín salió del país. El 12 de abril, el conductor Walter López y el camarógrafo de RCN, Héctor Sandoval, murieron víctimas de los disparos hechos desde un helicóptero militar que perseguía una columna de las FARC que secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle. La periodista Luz Estela Arroyabe de RCN TV y un fotógrafo de la revista Semana debieron esconderse en un barranco para evitar ser blanco de las balas. Días después, Luz Estela Arroyabe fue amenazada y salió del país. El 13 de abril, dos desconocidos dispararon un rocket contra las instalaciones del canal de televisión RCN. Las autoridades atribuyeron el atentado a la guerrilla de las FARC. La semana anterior, la periodista Adriana Aristizábal del mismo canal fue retenida por la guerrilla de las FARC en el municipio de Pulí, departamento de Cundinamarca. Le robaron los equipos de comunicación. Un asesor de la campaña presidencial de Alvaro Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno, entabló demanda civil de 300 mil dólares por daños y perjuicios contra el columnista de El Tiempo, Roberto Garcia-Peña y el director de la revista Cambio, Mauricio Vargas, quienes habían sugerido que Moreno tenía nexos con el narcotráfico y los paramilitares. Se reanudaron las amenazas contra el columnista del periódico La Patria, Flavio Restrepo, quien pidió asilo en Canadá como medida de protección. El 5 de febrero, luego del asesinato de su colega, el subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández, Restrepo planteó que dos políticos locales eran los responsables del crimen. El 20 de abril, Francisco Santos, para entonces fórmula vicepresidencial del candidato Alvaro Uribe denunció que 33 emisoras de radio del país se negaron a difundir mensajes publicitarios de la campaña frente a las amenazas de las FARC. El lunes 22 de abril, el director de Noticias UNO, Daniel Coronel denunció amenazas de muerte luego de un informe en que recordó que un helicóptero que perteneció al padre de Alvaro Uribe había sido encontrado en el complejo de cocaína, conocido como Tranquilandía en 1984. El padre de Uribe fue asesinado por las FARC tras un intento de secuestro en 1986. El 2 de mayo, fue condenado a 40 años de prisión Julio César Ospina Chavarro como responsable del asesinato del periodista Bernabé Cortés, ocurrido en Cali, el 19 de mayo de 1998. Cortés era miembro de una congregación religiosa y trabajaba para el noticiero “CVN”. El 4 de mayo, Astrid Legarda, periodista de orden público de RCN Televisión denunció amenazas contra su vida y salió del país por unos meses. Según la periodista, las FARC habían dado orden de matarla, por sus informes “cómplices sobre los paramilitares”. El 6 de mayo, Mauricio Amaya y Diego Burgos, del Canal Caracol, fueron secuestrados por un grupo disidente de la guerrilla del ELN, en el departamento del Chocó. Fueron liberados 48 horas después. El 9 de mayo, Luis Fernando Soto Zapata fue condenado a 19 años y seis meses de cárcel como autor material del homicidio del subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández, ocurrido el 30 de enero del 2002 en Manizales. Soto se acogió a sentencia anticipada y recibió una rebaja de 10 años en su condena. La autoría intelectual aún está por resolverse. El periodista Víctor Omar Acosta, de 44 años, fue asesinado el 14 de mayo en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca. Acosta trabajó para los periódicos El Occidente, El País y la cadena radial Todelar. En los últimos años, no había trabajado para los medios. Las autoridades todavía están investigando si se trata de un homicidio por razones de la profesión. El 16 de mayo, una pasante, un periodista y un conductor del periódico Hoy Diario del Magdalena fueron retenidos por las FARC cuando cubrían un bloqueo que realizaba la guerrilla en la Troncal del Oriente. La pasante y el conductor fueron liberados al día siguiente. El editor judicial, Ramón Vásquez, 10 días después. El 27 mayo, el Comité de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior otorgó protección al periodista Fabio Ortiz, por amenazas contra su vida. El editor judicial de El Tiempo, Juan Roberto Vargas, recibió amenazas a través de su correo electrónico y por medio de llamadas telefónicas. Un miembro de la policía nacional le advirtió que existía un plan para asesinarlo. Las amenazas se produjeron luego de denuncias del periódico sobre la corrupción en el área de antinarcóticos de la Policía. Junto a Vargas fue amenazada la periodista de la misma sección, Yineth Bedoya. En la segunda semana de junio, reportaron amenazas contra su vida los periodistas Alvaro Augusto Báez de la emisora Tame Stereo en Arauca, Fidel Franco, jefe de redacción de la Cadena Super en Bogotá; Miller Aranzales de la emisora Ecos del Caguán en el Caquetá; Luis Altamar y Manuel Taborda, corresponsales de CMI en Caquetá. El Tribunal Superior de Valledupar revocó el 20 de junio, la sentencia que absolvió al autor material del asesinato de la periodista Amparo Leonor Jiménez, ocurrido el 11 de agosto de 1998 en Valledupar, Cesar, y condenó a Libardo Prada Bayona fue condenado a 37 años y ocho meses de cárcel. El 28 de junio, fue asesinado el periodista y abogado Efraín Alberto Varela Noriega, de 52 años, propietario y director de la emisora Meridiano 70 en el departamento de Arauca. El periodista había denunciado la existencia de una organización de paramilitares llamada El Corral. Su denuncia sirvió para que sus miembros terminaran en la cárcel. Fue un asesinato por razones de oficio. Al día siguiente, los paramilitares amenazaron a los periodistas de Arauca, Josédil Gutiérrez y Luis Eduardo Alfonso, ambos compañeros de Varela en la emisora Meridiano 70. Los periodistas abandonaron la región por unos meses y regresaron con protección de los organismos de seguridad. El corresponsal del Canal Caracol, Rodrigo Avila también salió de Arauca pero regresó con protección de los organismos del Estado a los dos meses. La directora de la emisora La Voz del Cinaruco de Aracuca, Carmen Rosa Pabón, fue amenazada por la guerrilla de las FARC, a propósito de un programa llamando a la resistencia civil que había liderado la periodista en la emisora. La amenaza se extendió a Luis Guedes, lector de noticias. En el departamento del Cesar, fueron amenazados por los paramilitares los periodistas Álvaro Lora, corresponsal del periódico El Pilón en Aguachica; y David Sierra y su camarógrafo Jorge Real, quienes realizaron para RCN TV el cubrimiento de una noticia que involucraba al cantautor, Diomedes Díaz, prófugo de la justicia. Les quitaron el casete grabado. El 8 de julio, los paramilitares acusaron vía comunicado a Wilson Barco, corresponsal de RCN en Cali y Hernán Venegas, periodista del diario El País, de ser reporteros que no simpatizan con esa organización. Ambos habían denunciado abusos de las AUC. También, el 8 de julio, las periodistas Jeanneth Ojeda Byter y Ángela Muñoz, de los periódicos El Vocero y El Número de Barrancabermeja, fueron amenazadas de muerte por paramilitares de las AUC. Cuatro técnicos de RCN y Caracol TV fueron retenidos por la guerrilla durante el cubrimiento periodístico de la Vuelta a Colombia de ciclismo. Tres días estuvieron secuestrados. Al momento de su liberación les robaron los equipos. Manuel Benavides, corresponsal del Diario del Sur en el municipio de San Pablo, departamento de Nariño, fue amenazado por los paramilitares. El 12 de julio fue asesinado en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander, el director del periódico Horizonte Sabanero, Mario Prada Díaz. En su último editorial, Prada Díaz escribió que en sus 30 años como comunicador, su trabajo estuvo enmarcado en la ética, y en contra de la corrupción, la politiquería y de quienes llamó “los gamonales que manejan el municipio”. Se trata de un asesinato por razones de oficio. Elizabeth Obando, encargada de la distribución del periódico regional El Nuevo Día en el municipio de Roncesvalles (Tolima), fue asesinada el 13 de julio. El hecho estaría relacionado con una información del Nuevo Día, donde se denunció que en Roncesvalles, las FARC estaban realizando una reforma agraria de facto. El 13 de julio, la fiscalía precluyó la investigación por tráfico de influencias en contra el periodista Iván Dario Cardozo. Un mes antes, el caso fue trasladado de Barranquilla a la fiscalía en Bogotá, por solicitud de la SIP, debido a que en la capital del Atlántico, Cardozo aseguraba que se le violaba el debido proceso. El 15 de julio, la presentadora de televisión Rebeca Jaramillo, en estado de embarazo, y el camarógrafo Brainer Braulio Bravo, del noticiero por cable “Notimar” fueron abaleados sin consecuencias graves en Puerto de Buenaventura. Los paramilitares habían amenazado a Bravo, meses antes. El 17 de julio fue asesinado el periodista Denis Sánchez Lora del municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar. Sánchez trabajaba para la emisora 95.5 Stereo en un programa institucional de Salud. Las emisoras locales suspendieron sus transmisiones, como señal de duelo. Aún no se ha determinado si su asesinato tiene relación con el oficio. El 19 de julio, fueron amenazados los periodistas Albeiro Echavarría, del noticiero “Noti5”; Álvaro Mina, reportero de Caracol Radio; Luis E. Reyes, de RCN Radio; Diego Martínez Lloreda, subdirector del diario El País; Humberto Briñez y Wilson Barco, corresponsales de RCN Televisión, Hugo Palomari, de Caracol Televisión y el columnista Mario Fernando Pradón. Se investiga si las amenazas provienen de un sector de la Policía. Dos periodistas resultaron heridos el 23 de julio, cuando un petardo hizo explosión en la cafetería San Joaquín, de la ciudad de Medellín, lugar de encuentro de personalidades del mundo político. Un ex congresista y un ex funcionario de la Empresa de Energía murieron en el atentado. Se presume autoría de las FARC. El 26 de julio, fueron condenados a 19 años de cárcel Gregorio Castillo y Orlando Calderón, autores materiales del asesinato del camarógrafo Luis Alberto Rincón y del fotógrafo Alberto Sánchez Tovar, ocurrido el 28 de noviembre de 1999, en el Playón, departamento de Santander. El 2 de agosto, Luis Eduardo Silva Arce, director del programa radial “Tribuna Abierta” y César Augusto Cataño, periodista del mismo programa que se transmite por Montenegro Estéreo fueron amenazados a través de un sufragio y en consecuencia tuvieron que abandonar la región. Fue amenazado el periodista Miguel Ángel Rojas, director de un programa radial de Radio Ipiales, en el que los oyentes se expresan sobre prácticas de corrupción de la administración pública de esa localidad. El programa salió del aire. La redactora judicial de El Tiempo, Jineth Bedoya, fue obstruida en su trabajo periodístico por el frente 44 de las FARC cuando cubría el desplazamiento forzoso de los habitantes de Puerto Alvira, municipio del Meta. Le dijeron que no podían seguir adelante sin el “permiso” de las FARC. El periodista Álvaro Marín denunció ante la Defensoría del Pueblo que las FARC le obstruyeron su trabajo periodístico en el municipio de Planadas, al sur del Tolima. Marín pretendía publicar un periódico comunitario El Sureño, pero requería del permiso de las FARC. Marín se negó a hablar con la guerrilla. El 6 de agosto fue secuestrado un equipo periodístico de El Tiempo Café en el municipio de Mistrató. Fueron liberados al día siguiente. Los guerrilleros le recriminaron a los periodistas por el tratamiento que los medios de comunicación les dan al ser calificados de terroristas. El periodista Edgar Buitrago, propietario y director de la revista Valle 2000, tuvo que salir de Cali el 14 de agosto por la intensificación de las amenazas. En un panfleto anónimo lo calificaban de “bufón del alcalde” y posteriormente lo declaraban objetivo militar. En la primera semana de septiembre, el Gobierno expidió el Decreto 2002, al amparo del estado de conmoción y como medida de excepción creó las zonas de rehabilitación y consolidación. En esas zonas se restringe la libre movilización de ciudadanos y el acceso a los extranjeros.El decreto hace la salvedad que se expedirán permisos especiales para garantizar el libre tránsito de personas que ejerzan una actividad profesional. Los corresponsales extranjeros, sin embargo, aseguran que los permisos pueden demorar hasta ocho días afectando el cubrimiento de las noticias. El lunes 16 de septiembre, al cumplirse tres años del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres, la SIP solicitó al tribunal de Valledupar responder al recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en enero del 2002 contra la sentencia absolutoria del asesino del jefe de redacción del diario El Pilón de Valledupar. A raíz de la solicitud de extradición a los Estados Unidos del líder paramilitar Carlos Castaño, fue amenazada la periodista del Canal Caracol, Julia Navarrete. El Departamento de Seguridad (DAS) informó sobre un plan contra su vida. La periodista entrevistó hace un año al piloto de Castaño, Carlos Nicolás Niño. En la entrevista que sólo fue emitida el 8 de septiembre de este año, el piloto, quien fue asesinado, hace serias denuncias en contra de Castaño por tráfico de drogas y terrorismo. La periodista recibió protección de los organismos de seguridad. El 2 de octubre, un Juzgado dictó sentencia absolutoria por duda probatoria a Alfredo de Jesús Liévano Alcocer, quien había sido acusado del homicidio del periodista Carlos Lajud Catalán, ocurrido en Barranquilla, el 19 de marzo de 1993. A instancias de la SIP, la Fiscal Nancy Manjares apeló la decisión del juez, por lo que el Tribunal Superior de Barranquilla deberá fallar en segunda instancia. Por el mismo caso, el pasado mes de junio, la Fiscalía precluyó la investigación en contra del sacerdote y dos veces alcalde de Barraquilla, Bernardo Hoyos, porque determinó que lo que “había eran situaciones de oídas y simplemente presunciones” con las que no se podía determinar que Hoyos fuera el autor intelectual del homicidio de Lajud Catalán. El 3 de octubre, el presidente de Asomedios le hizo un llamado al Gobierno para que analice el impacto que puede tener sobre los medios de comunicación la reforma tributaria, en la que se establecerían nuevos gravámenes a la publicidad y al papel. El 7 de octubre, un juez penal de Bogotá se declaró impedido para conocer el proceso por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, por considerar que el crimen sí tuvo finalidad terrorista y dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia definir a cuál de los dos despachos judiciales (ordinario o especializado) le corresponde asumir el proceso. El pasado 17 de septiembre, un juez del circuito especializado de Bogotá había trasladado el proceso a la justicia ordinaria con el argumento que el asesinato había sido por razones distintas al ejercicio de la profesión y sin fines terroristas y por lo tanto no correspondía fallar a la justicia especializada. La SIP solicitó a la justicia ordinaria que se declarara impedida y pidió a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la suerte del proceso. La semana pasada, la corte determinó que la justicia especializada asumiera el proceso. El 9 de octubre, la Fiscalía General de la Nación amplió la conformación de la Subunidad investigativa que atiende los crímenes y otras agresiones contra periodistas y extendió su ámbito de trabajo a nivel nacional. La decisión se produce luego de varios meses de gestión de la SIP ante el incremento de agresiones contra periodistas y el no avance de las investigaciones que siguen impunes en la Subunidad. El 10 de octubre, el periodista José Reinel Barón, director de la emisora comunitaria Nueva Era denunció que su vida corre peligro por la situación de orden público que vive el municipio de Algeciras, departamento del Huila. El periodista abandonó Algeciras y se refugió en Ibagué. El 8 de agosto, un colaborador de la emisora, Carlos Augusto Hernández, fue asesinado de 10 disparos. Hernández había avisado a la emisora que las FARC habían colocado un explosivo en el pueblo. El 14 de octubre, un grupo de periodistas y camarógrafos de distintos medios de comunicación fue blanco de disparos mientras cubría los enfrentamientos entre la Policía y las milicias urbanas de la guerrilla en la Comuna 13, un populoso sector al occidente de Medellín. Las balas impactaron a pocos metros de lugar en donde se encontraban los periodistas, que por fortuna salieron ilesos. El 16 de octubre, varios congresistas solicitaron archivar un proyecto de ley por medio del cual se pretende la expedición de un certificado de idoneidad para periodistas y se crea un Consejo regulador y vigilante de la actividad periodística. En esos mismos días, el senador Juan Gómez Martínez, ex director y accionista del periódico El Colombiano, presentó un proyecto que pretende extender la sanciones previstas para la injuria y la calumnia a cualquier aseveración sin fundamento. El proyecto también establece que cuando no se identifique al autor de una información, la responsabilidad penal se extiende al director del medio. El 23 de octubre, la Corte Suprema de Justicia determinó que el crimen del periodista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, tuvo finalidad terrorista y, por consiguiente, es la justicia especializada, y no la ordinaria, la encargada de asumir el juicio. El pasado 17 de septiembre, el juez séptimo del circuito especializado de Bogotá había trasladado el proceso a la justicia ordinaria, con el argumento que el asesinato había sido por razones distintas al ejercicio de la profesión y sin fines terroristas y, por lo tanto, no correspondía fallar a la justicia especializada. La SIP había solicitado a la justicia ordinaria declararse impedida y, a la Corte Suprema de Justicia, devolver el proceso a la justicia especializada.

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