Costa Rica

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COSTA RICA Las amenazas a la libertad de prensa durante el último semestre surgieron por la aplicación del restrictivo marco jurídico que rige la materia. Ese marco se estrecha cada vez más por la interpretación que los tribunales dan a la ley cuando fallan casos concretos. El 20 de octubre, durante el último día de sesiones de la Asamblea celebrada en Houston, el pleno de la Sociedad Interamericana de Prensa recibió informe del rechazo a los recursos planteados por el diario La Nación para que los tribunales aclararan la sentencia que lo obligó a publicar, en sus diez primeras páginas, el texto completo de una condenatoria. El carácter lesivo del fallo para la libertad de prensa, por la forma en que se consideró el fondo del asunto y la aplicación del derecho, fue informado a la Asamblea en su oportunidad. Pero más allá de los criterios aplicados para condenar una información de claro interés público –el uso de recursos del Estado a favor del ex ministro de Seguridad Pública y Justicia, Juan Diego Castro Fernández– lo que distingue a esta sentencia es el secuestro de las diez primeras páginas del periódico, sumado a la condena impuesta al director Eduardo Ulibarri y a los redactores Ronald Moya y José David Guevara. Los tres fueron sentenciados en lo penal al pago de días multa y el periódico a cancelar una indemnización civil fijada en ¢10 millones (unos $33.000). El 22 de octubre, La Nación se vio obligada a cumplir la desmedida orden judicial. El 12 de noviembre los tribunales condenaron al periodista Mauricio Herrera Ulloa al pago de 120 días multa por cuatro delitos de publicación de ofensas, en la modalidad de difamación. El periódico La Nación también fue condenado al pago de una indemnización de ¢60 millones (unos $99.000). Las informaciones querelladas daban cuenta de cuestionamientos hechos por reconocidas publicaciones europeas –Le Soire Ilustré, La Libre Belgique, Der Spiegel– al ex embajador honorario de Costa Rica ante la Comisión de Energía Atómica Félix Przedborski. Los cuestionamientos incluyen la intervención del ex embajador costarricense en el sonado escándalo de Lufthansa. Los jueces consideraron que las publicaciones presentadas como prueba no acreditaban la verdad de los hechos por el fondo. En otras palabras, La Nación no debió publicar que la prensa europea cuestionaba al embajador por sus vínculos con escándalos financieros destacados en los titulares de los periódicos que circulan donde el señor Przedborski representaba al país. Ahora, la prueba de la verdad que exime a los periodistas cuando informan sobre funcionarios públicos, se restringe al punto que sólo parece aceptable la que los propios tribunales admitirían para fundamentar una condena. El precedente es alarmante, porque las redacciones costarricenses ya no podrán dar crédito, siquiera, a los cables de las agencias internacionales. Así, las informaciones recogidas en el extranjero sobre hechos que afecten al país e involucren a sus funcionarios no podrán ser publicadas en Costa Rica sino hasta mucho tiempo después, cuando los medios nacionales hagan el costoso esfuerzo de trasladarse a los lugares de origen de la noticia para obtener, de primerísima mano, la documentación pertinente. En el juicio, los ex presidentes Luis Alberto Monge Alvarez y Rafael Angel Calderón Fournier, miembros de los dos partidos mayoritarios, expresaron su buen concepto del querellante. Ambos tienen vínculos de amistad con el ex embajador y emplearon sus servicios cuando ejercieron la primera magistratura. Los jueces consideraron que el dolo del periodista es claro, entre otros motivos, porque los ex mandatarios le expresaron su buen concepto del diplomático y dijeron no haber recibido informes de los cuestionamientos hechos en Europa. Otras pruebas presentadas, como el testimonio de la embajadora en Suiza, doña Isabel Montero, quien ejercía un cargo diplomático en Alemania cuando estalló el escándalo Lufthansa, o el de doña Victoria Guardia Alvarado, embajadora ante la UNESCO cuando Francia rechazó acreditar al señor Przedborski como diplomático, fueron dejados de lado por el Tribunal, pese a que el gobierno francés entregó a la embajadora Guardia un informe de sus razones. La sentencia está sometida a revisión de la Sala de Casación. En cuanto al derecho de respuesta, el periódico Extra tiene pendiente una demanda de ¢30 millones interpuesta por dos personas detenidas en un auto robado. Los detenidos enviaron un derecho de respuesta lleno de injurias dirigidas a terceros. Extra no publicó el libelo y los quejosos se dirigieron a la Sala Constitucional, que modificó el texto, obligó al diario a publicarlo y lo condenó en abstracto al pago de una indemnización. La constante presión de las querellas que aprovechan el restrictivo marco impuesto a la prensa costarricense amenazan con silenciarla. El periódico La República tiene pendiente un juicio por la publicación de una carta al director. Además, un ex presidente anunció que lo demandaría por publicaciones sobre sus actividades empresariales y el semestre pasado se le impuso una condena por una columna de opinión publicada en la sección deportiva. El diario Extra tiene pendiente otra demanda por ¢50 millones. El periódico Al Día tiene tres querellas en trámite, entre ellas la de un grupo de empleadas de un programa estatal que reprochan declaraciones de la directora del programa sobre abuso de recursos y corrupción. La Nación también tiene otro caso pendiente. En Costa Rica, la querella en sí misma es un castigo fácil de imponer a los medios, que deben destinar gran cantidad de dinero y tiempo a defenderse. La admisión de las demandas es casi automática y rara vez se condena en costas a los querellantes. Mientras tanto, las iniciativas que ampliarían la libertad de prensa mediante reformas a la legislación, están estancadas en el Congreso.

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