Estados Unidos

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ESTADOS UNIDOS Desde la última reunión de la SIP en Houston, el pasado mes de octubre, los hechos relacionados con la libertad de prensa incluyen los siguientes: Una firma de inversiones que ganó un juicio por libelo hace dos años contra el editor de The Wall Street Journal, obteniendo una indemnización récord de $222.7 millones, declaró el 21 de diciembre que había decidido abandonar el caso porque ya no tenía los medios económicos para continuar con el mismo. La masiva sentencia a favor del MMAR Group Inc., se fue reduciendo y eventualmente un juez federal la desechó. El abogado de MMAR, Kenneth Morris, declaró que la firma habría podido ganar un nuevo juicio pero que abandonaba el litigio “únicamente debido a que, después de más de cinco años, ahora MMAR carece de recursos financieros para continuar un buen pleito contra su acaudalado adversario”. Paul E. Steiger, director gerente de The Wall Street Journal, manifestó que MMAR se había conducido mal y no merecía recibir dinero alguno de su matriz, Dow Jones & Co. La Corte Suprema de California declaró que un periodista no podía ir a prisión por negarse a proporcionar a los tribunales partes no utilizadas de una entrevista para luego ser usadas en un caso penal. El fallo emitido el pasado mes de octubre ha sido considerado como una victoria para la ley de protección del estado. En el referido caso está implicada Ellen Miller, quien era directora de noticias del canal de televisión KOVR de Sacramento cuando un juez ordenó su encarcelamiento por desacato luego de que el canal se negara a proporcionar a un fiscal tomas eliminadas de la versión final de una entrevista a Anthony Lee DeSoto, realizada en una prisión. Miller permaneció en libertad durante la apelación. Un tribunal federal de apelaciones facilitó la obtención de información que el gobierno no desea suministrar al dictaminar que las grabaciones de interceptaciones telefónicas que de otra manera tendrían carácter secreto y que se presentan en una corte abierta deben ser entregadas en virtud de una ley de libertad de información. Un panel conformado por tres jueces de la Corte de Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia falló unánimemente el 26 de octubre en el sentido de que si es que se identifican específicamente en una petición en virtud de la Ley de Libertad de Información, tales grabaciones podrán salir como registros públicos. El fallo constituyó una victoria para Salvatore Cottone, convicto por cargos de narcotráfico y crimen organizado como resultado de una investigación federal de las conexiones con narcotraficantes colombianos y sicilianos en el distrito de Columbia y los suburbios en el norte de Virginia. Desde 1992, Cottone había estado tratando de obtener acceso a las conversaciones grabadas secretamente que se habían presentado en el juicio como evidencia en su contra. Por primera vez desde principios de los años 70 se pondrán a disposición del público treinta años de transcripciones de audiencias sobre actividades “antiamericanas”. Dos comisiones legislativas de California investigaron a personas sospechosas de tener lazos con el comunismo desde 1941 hasta 1971. Sin embargo, cuando se desarticularon dichas comisiones se sellaron todos los registros correspondientes a dichas investigaciones. Asimismo, las transcripciones de 66 audiencias públicas realizadas entre 1941 y 1958 también se encontraban entre tales documentos que fueron sellados, hasta que un juez estatal ordenó a la Comisión de Regulación del Senado de California hacer públicas dichas transcripciones a solicitud de un investigador que trabajaba en un proyecto sobre la manera en que los vínculos con el comunismo afectaron a quienes trabajaban en Hollywood. Un juez que otorgó una orden para revisar los registros telefónicos de un diario manifestó que la privacidad de éste era menos importante que la necesidad del departamento de policía de encontrar un archivo requerido en la investigación de un homicidio. El juez Steven Caldemeyer aprobó una orden de revisión de los registros telefónicos de The Star Press, de Muncie, el 6 y 7 de abril, emitida por un gran jurado. Esos días, el diario recibió llamadas anónimas así como un fax revelando la desaparición de un archivo del departamento de policía de Muncie en un caso no resuelto de homicidio. Larry Lough, director de The Star Press, acusó al departamento de policía de ir en una “expedición de pesca, con la ayuda del despacho del fiscal, para buscar información sobre nuestras fuentes”. Al momento de la citación, el diario se encontraba investigando ciertas prácticas sistemáticas del departamento de policía. Caldemeyer manifestó que consideraba que la orden para el diario tenía un alcance bastante limitado que cubría nueve horas entre el 6 y 7 de abril. Un juez desestimó una querella por libelo interpuesta por un ex médico jefe de la ciudad quien se sintió difamado por artículos publicados en The New York Times que citó a patólogos que lo acusaban de presentar resultados de autopsia incorrectos. En un fallo con antelación al juicio, el juez Elliott Wilk sostuvo que el Dr. Elliott Gross no había logrado demostrar que el diario y el reportero Philip Shenon, que escribió muchas de las notas aparecidas en 1985 y 1986, habían procedido con “verdadera malicia” o una “desconsiderada falta de respeto a la verdad”. El juez estatal declaró que el reportero entrevistó a más de 250 personas y buscó fuentes amigas de Gross o fuentes neutrales. John y Patsy Ramsey entablaron una querella por $25 millones contra The Star, aduciendo que el tabloide calumnió a su hijo al publicar notas en las que lo consideraban el principal sospechoso del asesinato de su hermana, JonBenet. La querella federal aducía que las notas, publicadas el 25 de mayo y el 1° de junio, pero luego retractadas, eran falsas y difamatorias, y exponían a Burke, de 12 años, “al odio, desprecio y al ridículo público”. La policía de Fairfax, Virginia, declaró que piensan empezar a recomendar a las víctimas de crímenes a contactarse con ellos antes de hacer declaraciones a los medios, actitud que se considera no tiene precedentes en los Estados Unidos. A partir de enero, se les iba a entregar a las víctimas y los testigos implicados en crímenes sonados una tarjeta de presentación indicándoles que no tienen que hablar con la prensa. El vocero de la policía del condado de Fairfax, Warren Carmichael, manifestó que el departamento había empezado a considerar el uso de las tarjetas en octubre, luego de que un reportero de un canal de televisión local revelara la identidad de un niño que había sido abordado por un sospechoso de vejación de menores. En ese entonces, el sospechoso se encontraba prófugo. Carmichael dijo que la actitud del reportero puso en peligro la seguridad del niño y de su madre, la cual fue entrevistada para la nota. Kyle E. Niederpruem, presidente de la Asociación de Periodistas Profesionales, manifestó que las víctimas o sus familiares generalmente desean hablar con la prensa y que las autoridades del Condado de Fairfax estaban reaccionando en forma exagerada frente a un incidente en particular.

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