Guatemala

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GUATEMALA En diciembre pasado concluyó un proceso electoral que llevó a la presidencia al candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Alfonso Portillo, quien en su discurso de toma de posesión, el 14 de enero, se comprometió a respetar la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, el 3 de febrero se anunció el cierre del programa informativo “T-Mas de Noche”, del periodista José Eduardo Zarco –quien fue miembro del directorio de la SIP– que se transmitía dos veces por semana por canal 13 de televisión. El argumento del canal fue “por razones comerciales”, tomando en cuenta que el programa no pagaba por el tiempo de transmisión, por existir un contrato verbal en esas condiciones, dadas las irregularidades con que opera la televisión guatemalteca. Sin embargo, el propio Zarco y la prensa denunciaron que el hecho obedecía a presiones del gobierno por la tónica crítica que el programa había asumido en contra del nuevo presidente. Se señaló de manera directa al empresario mexicano Remigio Angel González, quien controla los cuatro canales de televisión abierta de Guatemala, de haber cometido un atentado contra la libertad de expresión. Aunque el presidente Portillo personalmente dijo que él había hablado con Angel González para que restituyera el programa, trascendió que su ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé, quien es cuñado del empresario mexicano y ha sido su principal ejecutivo en la conducción de medios de comunicación en este país, había influido para que cerraran “T-Mas”. Ha trascendido una virtual alianza entre Portillo y González, ya que este último le regaló más de 20 millones de quetzales (unos US$2,5 millones) en publicidad en las pasadas elecciones, además de apoyarle en espacios informativos, lo que contribuyó sustancialmente con su triunfo. La prensa ha centrado ahora su atención en el peligro que ese empresario controle cuatro canales de televisión comercial, dos telenoticieros, una radio noticiosa, y unas 20 radios comerciales, que se prestan para manipular publicidad electoral y pueden influir en el electorado nacional. Tras las denuncias formuladas por la prensa escrita del país sobre esta situación, los telenoticieros de televisión y radio que controla González han iniciado una campaña de desprestigio, principalmente contra el diario Prensa Libre, pretendiendo vanamente deteriorar su credibilidad. Todos los días, estos medios electrónicos atacan a los periódicos independientes, así como a aquéllos que critican al gobierno, y han llegado al extremo de emprenderla también en contra de reporteros y columnistas de Prensa Libre, por noticias o comentarios que califican de falsos, sin comprobar su veracidad. Como antecedente del nuevo presidente, cuando él fue diputado en 1988, propuso reformar la Ley de Emisión del Pensamiento, con el fin de debilitar la posición de la prensa. Con la asunción de Portillo llegó a término la presidencia de Alvaro Arzú (1996-2000), que estuvo signada por numerosos ataques a la prensa. El aspecto más negativo fue el cerco comercial que impulsó Arzú en contra de la revista independiente Crónica, que tras soportar durante dos años el acoso, sus propietarios finalmente optaron por venderla a otro grupo editorial, que no tenía confrontación con el gobierno. Manipuló la publicidad oficial a favor de los medios afines, y pretendió castigar a los independientes suspendiéndoles la publicidad. Utilizó espacio en la radio y TV, por medio de un programa propagandístico, desde el cual se atacaba la credibilidad de los periódicos más importantes del país. Creó un programa de radio por medio de simulación de sociedades anónimas, por medio del cual se atacaba y desprestigiaba a periodistas destacados y a los mismos medios independientes. No se hizo ninguna gestión para terminar con el problema de la impunidad en el caso de los periodistas asesinados. El hecho rescatable fue la condena a finales de 1999 de los autores materiales del asesinato del periodista Jorge Luis Marroquín, director del pequeño semanario Sol Chortí, quien fue muerto a tiros en 1997 en el departamento de Chiquimula, al oriente del país. Marroquín hizo denuncias públicas por corrupción en contra del alcalde de una pequeña comunidad, Jocotán, José Manuel Ohajaca, a quien se le acusa como autor intelectual del hecho y es prófugo de la justicia.

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