Panamá

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PANAMA En la práctica, en Panamá se respeta la libertad de prensa, aunque todavía permanecen vigentes muchas de las restricciones que la dictadura aprobó durante más de cuatro lustros con el único propósito de sojuzgar a la radio, a la televisión y a los medios de comunicación social impresos. Sin embargo, hay buenas noticias. Por iniciativa del legislador Arturo Araúz se propuso y aprobó un proyecto de ley que derogó parcialmente la Ley 11 de 1978, que permitía imponer arbitrarias y severas sanciones a los medios impresos sin ninguna de las garantías del debido proceso legal, y también se eliminó la Ley 68 del mismo año, por medio de la cual se creaba la Junta Técnica de Periodismo, hasta entonces encargada de resolver, del mismo modo arbitrario, quién era “idóneo” para ejercer el periodismo, y quién no. Debido a ello, aunque la ley vigente que regula el ejercicio del periodismo requiere la idoneidad, es de imposible cumplimiento porque ya no existe el organismo encargado de otorgarla. La ley fue sancionada por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, en una ceremonia especial a la cual asistió una distinguida delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por su presidente, Tony Pederson; Rafael Molina, presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP, y Alberto Ibarguen, quien también representaba al Comité para la Protección de Periodistas. En el acto, la presidenta prometió “borrar todo vestigio” de la legislación vigente que afecta la libertad de prensa y luego suscribió la Declaración de Chapultepec. El gobierno ha designado dos comisiones especiales, integradas por periodistas, abogados y representantes de medios de comunicación social, para que estudien todas las normas que afectan la libertad de prensa, y propongan al Ejecutivo anteproyectos de ley para derogarlas y eliminar el carácter penal de los llamados delitos contra el honor, o sea la calumnia y la injuria. Las comisiones se reúnen regularmente y se espera que presenten sus recomendaciones antes de noventa días. Lamentablemente, también hay malas noticias. Continúa el hostigamiento judicial contra periodistas de prensa, radio y televisión, que son objeto de querellas por calumnia, por injuria o por ambas, y constantemente se les cita a rendir declaraciones, indagatorias y otras diligencias judiciales carentes de fundamento legal alguno, que les hacen perder tiempo sin que nada se resuelva sobre sus casos. Sin embargo, no sería justo culpar al gobierno por una actitud hostil hacia los medios de comunicación, que es producto exclusivo de las controversias que el Procurador General de la Nación tiene con los periodistas.

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