Paraguay

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PARAGUAY La libertad de prensa se vio afectada, en este período, por numerosas acciones judiciales contra periodistas y medios, con la clara pretensión de acallar sus voces. El secretario general de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, presentó el 29 de octubre una denuncia contra el director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, por supuesto hecho de transgresión de disposiciones constitucionales, a raíz de la publicación de su declaración jurada de bienes. El artículo cuestionado expresa que el citado funcionario acumuló bienes en forma meteórica en una época de crisis en el país, considerando que no hace muchos años atrás Villamayor era empleado del diario. Villamayor alegó que la reproducción de su declaración jurada de bienes viola disposiciones legales que garantizan la inviolabilidad del patrimonio documental y pidió el enjuiciamiento y castigo de los responsables de la publicación. El recurrente amplió posteriormente la querella acusando a Zuccolillo de “usurpación de funciones públicas y soborno agravado”. Villamayor promovió anteriormente una querella por supuesta difamación y calumnia contra el director de ABC Color por publicaciones sobre su presunta participación en hechos de corrupción en el estatal Banco Nacional de Trabajadores, que fue a la quiebra. El director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bó, ratificó el 12 de noviembre la publicación que señalaba que el presidente del Consejo Nacional de Deportes, Reinaldo Domínguez Dibb, se adjudicó en forma fraudulenta juegos de azar en licitaciones para la explotación de los mismos. La ratificación se produjo durante la audiencia de conciliación que convocó el juez Carlos Ortíz en la querella que promovió Domínguez contra el director de Noticias por el presunto delito de difamación. El general (r) Pedro Florentín amenazó de muerte el 19 de noviembre al director de la popular radioemisora Ñandutí, Humberto Rubín, molesto por un comentario del periodista sobre las fuerzas armadas. Tras indicarle a Rubín que estaba en peligro, le dijo en una entrada al aire: “no te vamos a tirar con hondita de hacia atrás, sino de otra manera”. El local de Radio Nacional del Paraguay, emisora oficial del Estado paraguayo, fue atacado con disparos de arma de fuego en la madrugada del 25 de noviembre. Los disparos fueron realizados por desconocidos que se desplazaban en una camioneta que huyó del lugar. Un grupo de personas alcoholizadas vinculadas con algunos políticos y funcionarios gubernamentales agredió violentamente el 30 de noviembre a periodistas de distintos medios que cubrían una reunión entre representantes del gobierno y sindicalistas. Los periodistas agredidos son Carlos Sosa y Gustavo Quintana, del diario Ultima Hora; Alberto Ledezma, del diario Noticias; José Cardozo, del diario ABC Color; Julio Lezcano y Nisvaldo Villalba, del Canal 4 de televisión; Juan Ruiz Díaz, del Canal 13 y Mario Bracho, del Canal 9. Según versiones, los agresores respondían a altos miembros del Movimiento Reconciliación Colorada, del gobernante Partido Colorado, entre quienes se mencionó al propio ministro del Interior, Walter Bower, y el senador Angel Barchini. A raíz del incidente, Bower presentó su renuncia al cargo, la que le fue rechazada por el presidente Luis González Macchi. Directivos de la Asociación de Propietarios de Radio y Televisión Privada (APRAP) y de la Asociación de Propietarios de Radios del Interior (APRI) reclamaron el 25 de diciembre a las autoridades la clausura de unas 70 radioemisoras que operan clandestinamente en todo el país. Señalaron que las emisoras ilegales, muchas de las cuales operan como “radios comunitarias”, evaden el pago de impuestos y no reúnen los requisitos técnicos, por lo que ofrecen sus espacios a precios irrisorios, haciendo imposible competir con las mismas. El 30 de diciembre, las tres líneas telefónicas con que cuenta la radioemisora Nanawa, de la ciudad de Luque, a 15 km. de Asunción, fueron cortadas por varias horas por la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO). Las mencionadas líneas son las que utiliza la radioemisora para comunicarse con sus oyentes. Los directivos de la radio consideran que la medida gubernamental es en represalia por la llamada que realizó a la misma el ex general Lino Oviedo, buscado por la justicia como presunto autor intelectual del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña el 23 de marzo de 1999. El director de la radio, Juan Carlos Bernabé, fue además multado el 26 de enero en la suma de 13 millones de guaraníes (3.500 dólares) por presuntas irregularidades técnicas de la emisora. El 3 de enero, la periodista Pepa Kostianosky y el abogado Jorge Vasconsellos presentaron una denuncia por presunta apología del delito por la emisión de una entrevista con el ex general Lino Oviedo, actualmente prófugo de la justicia, durante un programa emitido el 29 de diciembre por la radioemisora 9.70 y parcialmente reproducida por el diario ABC Color al día siguiente. El programa radial que transmitió la entrevista está conducido por Alberto Vargas Peña, Hermes Rafael Saguier, Bernardino Cano Radil y Adolfo Ferreiro. Vasconsellos expresó al diario Noticias que los medios a los que consideró “oviedistas” se escudan en la libertad de prensa para cometer delitos. El 16 de febrero comparecieron ante el juez Juan Carlos Paredes, quien lleva el proceso, Alberto Vargas Peña y Hermes Rafael Saguier, dos de los responsables del programa de la radioemisora 9.70, ocasión en que afirmaron que no es delito alguno entrevistar al ex general Oviedo y, por tanto, no incurrieron en apología del delito. Un tribunal de apelación condenó el 4 de enero a nueve meses de prisión o a la pena sustitutiva de una multa de 300 millones de guaraníes (85 mil dólares) al director del diario La Nación, Osvaldo Domínguez Dibb, en un juicio por difamación que le inició el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea. Este se sintió agraviado por un artículo publicado en La Nación el 12 de setiembre de 1997 que, entre otras cosas, afirmaba que “los paraguayos somos corruptos porque nuestra justicia es la más corrupta e incapaz del mundo”. El juez del crimen Emiliano Rolón emitió el 20 de setiembre de 1999 la sentencia de primera instancia que condenó a Domínguez Dibb a cuatro meses de prisión o multa de 60 millones de guaraníes (17 mil dólares), modificada y aumentada luego por el Tribunal de Apelación. El senador (actualmente despojado de sus fueros) José Francisco Appleyard denunció el 4 de febrero al director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bó, por violar presuntamente el derecho a la intimidad de las personas. Appleyard está procesado por los graves incidentes ocurridos en marzo de 1999, luego del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, y que derivó en la matanza de siete jóvenes manifestantes contra el gobierno de Raúl Cubas. Appleyard abandonó la Guardia de Seguridad, donde estaba preso, para guardar reclusión domiciliaria, con reposo absoluto apelando a un problema cardiaco. El diario Noticias, sin embargo, publicó fotografías del mismo jugando al fútbol con amigos en el patio de su residencia, por lo que Appleyard denunció ante el fiscal del crimen Dionisio Frutos a su director por presunta violación de su derecho a la intimidad. El proceso continúa en los estrados judiciales. El 11 de febrero, un tribunal de apelación en lo criminal levantó la medida cautelar que pesaba sobre el director del diario La Nación, Osvaldo Domínguez Dibb, consistente en la prohibición de salir del país y para gravar y vender sus bienes. Estas restricciones fueron dictadas el año pasado por el juez Pedro Mayor Martínez en una denuncia presentada por el Congreso Nacional contra Domínguez Dibb y otros periodistas, por presunto atentado contra el orden constitucional, a raíz de publicaciones realizadas en el mencionado diario. El 15 de febrero, el director ejecutivo de la Red Multimedia, Diego Wasmosy (hijo del ex presidente Juan Carlos Wasmosy), anunció que a partir del 1o de marzo dejará de aparecer el diario El Día, del cual es propietaria la mencionada red, por problemas económicos.

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