Puerto Rico

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PUERTO RICO Este período se caracteriza por un aumento en las agresiones verbales y físicas a periodistas, por presiones gubernamentales a medios regionales, por la introducción de proyectos de ley que impactan la prensa y por unos casos en los tribunales relacionados con el ejercicio del periodismo. Cronología de hechos sobresalientes: El 30 de octubre de 1999, el Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) reveló que durante un período de 15 meses, se reportaron al OPC 12 casos de agresiones a 34 periodistas, o 2.8 agresiones por mes, siguiendo el mismo patrón de impunidad que en otros lugares del mundo. Vicente Pierantoni, presidente de la Asociación de Periódicos Regionales de Puerto Rico enumeró varios hechos que lesionaron la libertad de prensa, como el impedimento al acceso de documentos públicos; imposibilidad de contactar en persona o por teléfono a los protagonistas de las noticias en estos municipios y agresiones verbales y criticas a periodistas por parte de algunos simpatizantes de estas personas; veda de pautas de anuncios municipales y del gobierno central. La veda de anuncios y otras presiones en ocasiones se dan por parte de la empresa privada. Están pendientes en la Legislatura de Puerto Rico varias medidas que conciernen a la práctica del periodismo: • Proyecto del Senado 1882 para prohibir a todas las dependencias del Gobierno de Puerto Rico a divulgar los archivos de sus contratos con empresas privadas a menos que los individuos mencionados en estos documentos los autoricen. Esta “mordaza” impediría la investigación periodística de gastos públicos y corrupción, pero fue archivada ante la protesta de los medios Anibal Acevedo de comunicación y las asociaciones de periodistas. • Resolución de la Cámara de Representantes 5644 bajo consideración en la Comisión de lo Jurídico Penal que ordenaría una investigación sobre el alegado aumento de agresiones contra miembros de la prensa. • Proyecto de la Cámara de Representantes 2670 para tipificar como agresión agravada en su modalidad de delito grave cualquier acto de agresión contra un miembro de la prensa debidamente identificado y en el ejercicio de sus funciones. • Proyecto de la Cámara de Representantes 2807 para enmendar la “Ley del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. El artículo 13 de este Proyecto clasificaría como confidencial por espacio de 30 años toda información bajo custodia del NIE, que solo podría obtenerse con la aprobación de su Director y del Gobernador. El divulgar o publicar esta información y la convicción sería un delito grave con pena de cárcel de dos a cinco años. Está medida fue aprobada en la Cámara y está pendiente en el Senado. Las organizaciones de periodistas se oponen a este otro proyecto “mordaza” y han pedido comparer a las audiencias públicas. El gobernador Pedro Roselló firmó la Ley 329 el 10 de diciembre de 1999, para enmendar el Código Penal de 1974, que cambia de delito menos grave a delito grave con pena de hasta seis meses de cárcel y hasta $5.000 de multa y servicio público en caso de convicción por el delito de difamación criminal. La enmienda menciona que la multiplicidad de los medios de comunicación amplía la magnitud de la cobertura y de los efectos al perjudicado sujeto de difamación. La prueba requiere que se demuestre malicia. El Vocero tiene un caso en la Corte Federal para que se derogue toda ley que criminaliza la difamación y pueda afectar la labor periodística. El caso relacionado con la huelga de la Puerto Rico Telephone Company ocurrida en el verano de 1998, una demanda radicada contra dos policías en la Corte Federal por agresiones a los periodistas Leila Andreu Cuevas, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), y el camarógrafo Joel Colón Pagán, miembro de la ASPPRO, durante la huelga de la Puerto Rico Telephone Company, se encuentra en la etapa de descubrimiento de prueba y toma de deposiciones. El juicio está señalado para el 14 de agosto del 2000. Los incidentes relacionados con las periodistas de TeleOnce Liza Lugo y Daisy Sánchez y el camarógrafo Edmundo Cid de NotiCentro 4. Durante las tradicionales Fiestas de San Sebastián en el Viejo San Juan los integrantes del equipo de trabajo de Teleonce y la periodista Liza Lugo fueron víctimas de agresiones por parte de un joven asistente a este evento de pueblo. Lugo también fue víctima de actos lascivos por parte del joven, al que la fiscalía le formuló cargos por agresión y daños a la propiedad. El lunes 14 de febrero en una conferencia de prensa convocada por el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, Carlos Romero Barceló, este último arremetió verbalmente contra la periodista de TeleOnce Daisy Sánchez cuestionando entre otras cosas sus ideales políticos y agregando que estaba a favor de los “separatistas”. La conferencia de prensa estuvo relacionada con una marcha pautada para el 5 de marzo para Celebrar la Ciudadanía Americana y para denunciar como “separatistas” y antinorteamericanos a los grupos religiosos y otros que convocaron una Marcha por la Paz en Vieques para el 21 de febrero. La acción de Romero respondió a unas preguntas de la periodista en la que aludía a un cambio de opinión de parte del Comisionado Residente en relación a una orden del Presidente Clinton sobre la situación de la Isla de Vieques y la Marina de los Estados Unidos. El viernes 18 de febrero la misma periodista fue increpada por Alfonso Aguilar, el secretario de prensa del gobernador por estar haciendo muchas preguntas al gobernador. La interrumpió y le pidió a la periodista Madelyn Vega de Telemundo que hiciera sus preguntas, pero esta última le cedió el turno a su colega de TeleOnce. Un incidente similar se suscitó ese mismo día con Aguilar en otra conferencia de prensa citada por el Gobernador y el almirante Kevin Green del Comando Sur Naval de los Estados Unidos. En esta instancia la periodista Yolanda Velez Arcelay, también de TeleOnce, y otros colegas tuvieron que aclararle al Secretario de Prensa que la labor del periodista consiste en hacer preguntas y que le corresponde a los interpelados decidir si las desean contestar.

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