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PERU En medio de múltiples denuncias sobre amenazas, coacciones, manipulaciones y presiones gubernamentales y de los servicios de inteligencia, el respeto de la libertad de prensa se mantuvo como eje principal de la polémica nacional en este período signado por el proceso de las elecciones generales que deberán realizarse el 9 de abril entrante. Un hecho particularmente preocupante ha sido el ataque lanzado por una televisora gobiernista, contra la honorabilidad de los directores periodísticos del diario El Comercio. Eso podría ser el preludio de acciones judiciales orientadas a afectar la independencia editorial del decano de la prensa peruana. El 13 de marzo, el Consejo de la Prensa Peruana publicó un comunicado en el que informó “que mantiene un permanente estado de alerta ante el uso político reiterado de maniobras judiciales que, escudándose tras conflictos de índole empresarial, buscan, en la práctica, coartar la libertad de expresión de medios de comunicación independientes”. El Consejo hizo referencia al caso del diario El Comercio que, luego de documentar periodísticamente una presunta masiva falsificación de firmas que habrían posibilitado la inscripción electoral del Frente Nacional Perú 2000, “ha tenido conocimiento de que se estaría orquestando una acción judicial para poner el control del diario en manos de un grupo minoritario de accionistas vinculados al gobierno”. También rechazó el embargo de los equipos de la Radio Difusora 1160 S.A., de propiedad del empresario Genaro Delgado Parker, cuya estación de televisión Red Global Canal 13 permanece bajo la administración de un segundo grupo de accionistas que ha eliminado todo comentario periodístico político. En este período los siguientes casos afectaron el ejercicio de la libertad de prensa: 22 de octubre: Trabajadores renunciantes del diario sensacionalista El Chato señalaron que los directivos de ese periódico reciben dinero, en forma clandestina, del relacionista público Augusto Bresani, a quien asocian a los servicios de inteligencia. De esta forma se pagaría campañas de desprestigio contra los candidatos presidenciales opositores a Fujimori. La denuncia fue negada por la empresa que publica El Chato. 26 de octubre: Ex trabajadores de El Chato, Richard Molinares, Hugo Borja y Rosario Rojas, quienes se desempeñaban como editor general, editor de policiales y encargada de salud y archivo, respectivamente, pidieron garantías a la Defensoría del Pueblo por amenazas en su contra tras las denuncias. Directivos de la Asociación Nacional de Periodistas de Chimbote informaron que radioemisoras y diarios regionales beneficiados ampliamente con publicidad del Estado son a cambio “monitoreados” desde las sedes ministeriales y entidades gubernamentales dentro de la campaña reeleccionista del presidente Fujimori. El presidente de la Comisión de Control Interno de la Fiscalía, Pablo Visalot Chávez, abrió investigación contra el fiscal Antenor Córdova Díaz por presunto delito de prevaricato, por suspender la investigación contra seis diarios sensacionalistas que ofenden la imagen del alcalde de Lima, Alberto Andrade. La demanda es considerada riesgosa porque alude al “delito de desacato”. 28 de octubre: En agosto de 1999, la Asociación Prensa Libre denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones la existencia de un plan del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) para seguir a los candidatos Andrade y Castañeda Lossio. Ahora Prensa Libre es la acusada. El Juzgado de Derecho Público (JDP) declaró improcedente la acción de amparo que la asociación Prensa Libre presentó contra las principales autoridades de la justicia militar y del Servicio de Inteligencia por la presunta violación de diversos derechos constitucionales. 29 de octubre: El juez Jorge Ríos Abanto citó a los periodistas Cecilia Valenzuela y Luis Iberico para que sustenten la querella que interpusieron por delito de difamación contra el prófugo de la justicia argentina, adivino y colaborador del SIN, Héctor Ricardo Faisal Francalossi, por las publicaciones de la página Web de la Asociación Pro Defensa de la Verdad (Aprodev) que éste dirige. Faisal fue absuelto de una querella similar interpuesta por los periodistas de La República, pues las autoridades consideraron que los artículos que Aprodev publica en Internet contra los periodistas son “una inofensiva reproducción de artículos de los diarios”, diarios, por otra parte, oficialistas. 1 de noviembre: La ex agente del Servicio de Inteligencia Luisa Zanatta afirmó en Florida, Estados Unidos, que continúa el espionaje telefónico en el Perú. Dijo también que la campaña difamatoria de la “prensa amarilla” en perjuicio de personajes de la oposición se alimenta con información suministrada por los servicios de inteligencia; y que uno de los principales objetivos de los planes es arruinar la imagen de una serie de personas incómodas para el gobierno. 2 de noviembre: Aparece en Trujillo (La Libertad) la publicación Sólido Norte, que incluye dirección y teléfonos falsos. Pese a su origen apócrifo, el contenido es apologético de la reelección del presidente Alberto Fujimori y ofensivo contra algunos periodistas independientes y los candidatos presidenciales opositores. 4 de noviembre: La alcaldesa provincial de La Oroya, señora Ríos de Nestares, miembro de la agrupación política oficialista Vamos Vecino, amenazó con “hacer desaparecer con el Servicio de Inteligencia Nacional” a los periodistas radiales Javier Arias y Luis Santos, de Radio La Oroya, por difundir quejas vecinales y denuncias de irregularidades que estaría cometiendo en su gestión. 10 de noviembre: Alejandro Miró Quesada, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, sostuvo que el cierre de dos programas políticos televisivos, que tenían gran audiencia, son casos concretos que demuestran la existencia de presiones a los canales de televisión, tal como denunció Genaro Delgado Parker, ex presidente de la Asociación de Radio y Televisión. El Senado de los Estados Unidos aprobó la Resolución 209, que cuestiona la independencia del Poder Judicial y el Sistema Electoral peruanos, al mismo tiempo que condena lo que califica como graves actos en contra de la libertad de prensa. El documento, propuesto por el senador republicano Jesse Helms y aprobado por unanimidad, señala el despojo de Baruch Ivcher del Canal 2. 11 de noviembre: El diario La República expresó su rechazo ante el spot televisivo que difamaba a ese diario y a su director Gustavo Mohme Llona, y que también expresaba frases calificadas de poco serias contra el alcalde de Lima, Alberto Andrade. El mensaje televisivo, cuyos autores fueron los diarios El Tío, El Mañanero, El Chato, La Chuchi, El Chino, Conclusión y Diario Más, es muy extenso y en él se indica que La República expuso la vida de cientos de personas al informar sobre la construcción de un túnel en la residencia del embajador del Japón que fue tomada por elementos terroristas del MRTA tres años atrás. El periodista de Radio Quassar (Huaraz, Ancash), Angel Durán, fue herido de un balazo, después de que denunció, desde su programa radial “Enfoque”, al viceministro de la Presidencia y ex presidente de la Región Chavín, Fredy Moreno, por el delito de peculado. El atentado no se ha esclarecido aún. Durán en 1998 fue objeto de un atentado similar del cual salió ileso. 12 de noviembre: La Red de Periodistas en Emergencia del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó haber recibido (11.11.98 - 18.9.99) casi un centenar de denuncias de periodistas que han sufrido amenazas y agresiones por su labor de información. El 96,7% de los casos proviene de provincias, correspondiendo la mayor parte a periodistas radiales. La red ha recibido 31 quejas referentes a procesos judiciales por calumnia y difamación; 14 por agresión verbal, física o amenazas de muerte; 11 por acusación de terrorismo; y 10 por cierre de programas o emisoras. Además, se han presentado 7 denuncias sobre atentados contra instalaciones de medios de comunicación; 6 por persecución judicial; 5 debido a acoso por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; 2 por secuestro y uno por intento de homicidio. La mayor parte de los periodistas perseguidos, agredidos y amenazados responsabilizan de estos hechos a autoridades locales o funcionarios del Estado de sus respectivas zonas. 19 de noviembre: Centenares de panfletos apócrifos con frases intimidatorias a periodistas de diversos medios de comunicación, entre ellos de La República, así como a dirigentes agrarios, fueron distribuidos por aparentemente agentes de inteligencia, durante una movilización campesina que se llevó a cabo en la ciudad de Piura, al norte del país. En los volantes difamatorios aludidos, se califica a los diarios La República y Correo y Radio Cutivalú como “voceros del terrorismo”. 20 de noviembre: Empezó a circular el panfleto pro gobiernista El Sur, que propugna la re-reelección del presidente Fujimori, al tiempo de difamar a los candidatos opositores. En algunos números, ataca a la prensa independiente, especialmente a La República. Se suma a los panfletos, Sólido Norte, que circula en los departamentos de La Libertad y Lambayeque, así como Norte Chico, en Huacho. El Sur tampoco menciona directorio ni constancia del depósito legal y se limita a señalar una vaga dirección de referencia en Lima. Se ha denunciado que este tipo de publicaciones se hacen con dinero del gobierno. 21 de noviembre: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en favor del periodista de Caretas y miembro de Prensa Libre, Guillermo Gonzáles Arica, quien ha sido acusado por el delito contra la fe pública. 29 de noviembre: Por revelar casos de corrupción que vinculan al presidente de la Corte Superior Gerardo Soto Quiróz denuncian al director del diario Correo de Piura, Rolando Rodrich. 3 de diciembre: Se refugió en Lima el periodista colombiano Carlos A. Pulgarín, quien fue objeto de amenazas en su país por parte de grupos militares. En el Perú, el periodista recibió garantías del gobierno peruano que le asignó personal de escolta (dos personas). Solicitó asilo a España, país al que viajó finalmente en la tercera semana de febrero del 2000. Durante su estadía de transición en el Perú, Pulgarín fue objeto de dos amenazas telefónicas (27.12.99 y 11.1.2000). 11 de diciembre: Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pretendieron clausurar Radio Libertad, emisora de Trujillo, cuando los propietarios se negaron a transmitir el eslogan gobiernista de “Perú país con futuro” en el noticiero “La Voz de la Calle”. Inicialmente habían contratado avisos publicitarios para transmitir la referida frase, pero luego pretendieron que –fuera de lo pactado– se incluya también en el noticiero, comprometiendo la opinión de los directivos 17 de diciembre: El periodista Guillermo Gonzáles Arica entregó a la CIDH en Washington diversos documentos originales pertenecientes al Servicio de Inteligencia Nacional en los que se explica la forma en que debía efectuarse el seguimiento, observación y vigilancia a políticos y periodistas durante la campaña electoral de 1995. 20 de diciembre: El diario La República denunció que personas desconocidas, a bordo de motocicletas y camionetas, adquirieron todos los ejemplares disponibles del suplemento “Domingo”, en que se presentó una investigación sobre el pasado personal del polémico asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos. 22 de diciembre: El segundo Juzgado de Delitos Tributarios y Aduaneros, a cargo de la jueza Elizabeth Pinedo, ordenó la captura del empresario de televisión Genaro Delgado Parker, contra quien se ventila un proceso por presunta apropiación ilícita. La causa se habría originado en una serie de contratos publicitarios suscritos entre la empresa Tele Cable y Panamericana Televisión. Delgado Parker tiene otro proceso judicial en el cual se le denuncia por fraude y estafa en agravio de Pan Tel. El empresario señaló, desde Miami, que todo se debía a una persecución política. 24 de diciembre: Efectivos policiales de la delegación de Aucayacu (Tingo María, Junín) decomisaron material fílmico y fotográfico a varios periodistas que obtuvieron imágenes relacionadas a una explosión en la base contrasubversiva de esta localidad, en la que perdieron la vida cinco efectivos del Ejército. Sentencian a un año de libertad condicional y al pago de una reparación civil de 20 mil soles al periodista de Caretas, Horacio Podestá, por difamar al abogado Javier Corrochano Patrón, en el Quinto Juzgado Penal de Lima. Las informaciones señalaban que Corrochano había ayudado a salir del país a Bruno Chiappe, uno de los cabecillas de la organización de narcotraficantes Los Camellos. También de haber pretendido extorsionar al corredor de autos Eduardo Dibós, a cambio de no involucrarlo en la mencionada organización narcotraficante. El periodista apeló el fallo y demandó que el caso sea revisado por la Sala de Apelaciones con reos libres, toda vez que, afirmó, las informaciones publicadas están debidamente sustentadas. 30 de diciembre: Un automóvil, ocupado por tres individuos que se identificaron como policías, embistió a una unidad móvil del diario La República cuando se encontraba en misión periodística. Los sujetos amenazaron primero con detener a los reporteros, luego los persiguieron abollando parte del vehículo y finalmente agredieron físicamente al chofer del diario. 10 de enero: Una edición del episódico tabloide Repudio, de 12 páginas, circuló en Lima con contenidos que caricaturizaron la movilización de protesta que realizaron en Lima sindicatos, agrupaciones políticas, estudiantiles y de jubilados contra la reelección de Fujimori. Siete páginas se referían en forma vejatoria al director de La República, Gustavo Mohme. 13 de enero: El empresario Baruch Ivcher se vio obligado a abandonar intempestivamente Madrid porque se enteró de que la policía española tenía la orden de detenerlo. La orden de búsqueda y captura fue activada a través de Interpol. Ivcher se encontraba en España para participar en la presentación del Movimiento por la Defensa de la Democracia en el Perú, realizada en la sede de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. 18 de enero: Un grupo de ciudadanos realizó un “plantón contra la mordaza” frente a los locales de los canales 4, 5 y 7, para protestar pacíficamente por la falta de independencia de los medios de comunicación ante el régimen de Fujimori y la excesiva presencia del mandatario en los canales de señal abierta. 26 de enero: El candidato a la primera vicepresidencia del movimiento Avancemos, Rafael Rey, denunció que seis canales de televisión de señal abierta, incluyendo el estatal –Frecuencia Latina (canal 2), América TV (canal 4), Panamericana Televisión (canal 5), Radio Televisión Peruana (canal 7, estatal), Andina de Radiodifusión (canal 9), y Global Televisión (canal 13)– se negaron a alquilar espacios publicitarios para promocionar al candidato presidencial Federico Salas. 31 de enero: Los parlamentarios Javier Alva Orlandini (Acción Popular) y Fernando Olivera (Frente Independiente Moralizador) demandaron una profunda investigación sobre las denuncias que señalan la utilización de dinero del Estado a favor de los tabloides sensacionalistas. La investigación no ha prosperado. 3 de febrero: El trigésimo Juzgado Especializado Civil ordenó el embargo del transmisor de Radio 1160, silenciando la emisora durante una semana aproximadamente. Óscar Becerra, productor general de noticieros de esa radio, informó que otro juzgado intervino simultáneamente las oficinas y cabina de la emisora. La intervención judicial se fundamentó en un proceso civil por una deuda de la empresa Marconi S.A., propietaria de 1160, con Rosita Ferrari, antigua accionista de Red Global de Televisión. Becerra dijo que procedía la incautación de propiedades, inmuebles y muebles, pero cuestionó la incautación del transmisor. Responsabilizó de estas maniobras a Julio Vera Abad, actual administrador judicial de Red Global, según él, interesado en mantener el poder en la empresa televisora y “evitar la devolución de la administración a Genaro Delgado Parker, accionista mayoritario”. La acción judicial coincidió con el lanzamiento del programa político opositor “Ondas de Libertad” de César Hildebrandt. 4 de febrero: Fernando Alfaro Venturo, director y conductor del programa de análisis político “Línea de Mira”, que se transmite por Canal 6-Video Oriente de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, denunció la prohibición de transmitir la segunda emisión del referido programa. Atribuyó esta acción a la prohibición de algunos directivos de no tocar temas que pudieran afectar al presidente Alberto Fujimori y al asesor presidencial Vladimiro Montesinos. 11 de febrero: La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) reclamó el cese de las medidas judiciales contra Radio 1160 de Lima porque significan un compulsivo silenciamiento que atenta contra la libertad de expresión. El presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Enrique Zileri, precisó que la resolución del JNE en la cual se insta a los medios de comunicación para que no se nieguen a difundir la propaganda política a los candidatos presidenciales, “es un saludo a la bandera”. 17 de febrero: El cuadragésimo séptimo Juzgado Civil de Lima ordenó un segundo embargo de equipos pertenecientes a la emisora radial 1160. La medida incluyó el secuestro de un transmisor de la empresa Central de Radios. La acción judicial fue dictada por la jueza provisional Ana María Mejía, la misma que hace cerca de un año despojó al empresario Genaro Delgado Parker de sus acciones en Red Global (canal 13). Radio 1160 es de propiedad de la Empresa Radioemisora Marconi, cuyas acciones mayoritarias corresponden a la productora Racier, vinculada a Genaro Delgado Parker, la misma que este año debería hacerse cargo de la administración de Red Global. La demanda de embargo fue iniciada por Franco de Ferrari, hijo del desaparecido propietario del canal 13 Vittorio de Ferrari, quien reclama el pago del préstamo personal que su padre hizo a la emisora por 113 mil dólares. El embargo se realizó a pesar de que la parte demandada quiso pagar la deuda pendiente con un cheque certificado por la suma de 113.000 dólares. El cierre de la radio coincidió con la transmisión, un día antes, de una entrevista que hizo Hildebrandt a la señora Susana Higuchi (ex esposa del presidente Fujimori), en que señaló que su esposo recibió donaciones japonesas “por las que nunca respondió”. 18 de febrero: Directivos de Radio 1160 piden intervención de la Defensoría del Pueblo y presentaron medida contracautelar ante las acciones interpuestas por Franco de Ferrari. Oscar Becerra, productor del programa político opositor “Ondas de Libertad”, sostuvo que el hecho de que el demandante se negara a recibir los cheques certificados por el monto de la deuda, en presencia aún de la jueza provisional Sara Mejía, demuestra que el problema no es judicial, sino político. 29 de febrero: Dos fotógrafos del diario La República, José Abanto y Jhony Laurente, fueron agredidos por el sujeto José Germana y otro desconocido, los mismos que destruyeron equipo fotográfico. Los periodistas resultaron con magulladuras. La agresión se produjo cuando terminaban de cubrir informativamente el caso de las camisetas con el logotipo de “Perú 2000” (la agrupación que propugna la re-reelección de Fujimori) y que según La República fueron mandadas a confeccionar por los servicios de inteligencia. Hugo Ushiñahua Panduro, periodista y propietario de radio Red Univisión Satélite de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja (al norte del país), denunció que desde el 30 de diciembre de 1999 es objeto de llamadas telefónicas anónimas que lo amenazan de muerte. En algunas de esas llamadas se alude a que el comité central de Partido Comunista (y terrorista) Sendero Luminoso pretende que periodistas de la radio y el propio Ushiñahua abandonen la ciudad, “de lo contrario, responderán con su vida”. Se ha pedido a las autoridades garantías al gobernador de la zona. 1 de marzo: Dos meses después de iniciada la campaña electoral, los canales de televisión abierta decidieron ofrecer espacios gratuitos –de 15 minutos– para que cada grupo político pueda difundir sus propuestas para la campaña de elecciones generales. La apertura comenzará el 6 de marzo. 2 de marzo: Ana Tejada, periodista de La República, denunció que en la ciudad de Tacna (al sur del país), Walter Chipoco, jefe de campaña electoral de la congresista gobiernista Carmen Lozada de Gamboa, la secuestró transitoriamente y borró declaraciones políticas contenidas en una grabadora.

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