República Dominicana

Aa
$.-
REPUBLICA DOMINICANA Algunos problemas se suscitaron contra el libre ejercicio de la prensa en este período. En diciembre de 1999, la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, un organismo del gobierno, prohibió al locutor Jorge Herrera hablar por radio y/o televisión por tres meses, como sanción por haber emitido “comentarios insultantes” en un programa de radio contra el cardenal dominicano López Rodríguez. La Comisión aplicó términos del Reglamento 824, que ha sido denunciado como violatorio por la SIP ya que establece sanciones administrativas que violentan la libertad de expresión. En enero del 2000, coincidiendo con la visita al país de la misión de la SIP que encabezó Tony Pederson para presentar la Declaración de Chapultepec, circuló en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la segunda de la nación, un documento preparado por la Subdirección de Prensa de la Presidencia de la República que calificaba a un alto número de periodistas y programas de radio y televisión de esa ciudad como desafectos al gobierno, con calificativos como “calumniosos”, “atrevidos”, “rabiosamente opositores” y “faltos de profesionalidad” y pese a que esto no provocó acciones contra periodistas o programas, generó una muy dura reacción de éstos. La Declaración de Chapultepec fue firmada por el presidente Leonel Fernández, por el ex presidente Joaquín Balaguer, por el presidente de la Junta Central Electoral y por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. También en febrero, dos periodistas, de los diarios Hoy y El Caribe, fueron agredidos a golpes por grupos de seguidores del candidato presidencial del partido de gobierno durante una manifestación política en una comunidad del interior del país. El candidato Danilo Medina pidió rápidamente excusas por el hecho. Pese a que se denunció, públicamente, los nombres de los autores de la agresión, las autoridades no han iniciado investigación alguna y mucho menos sancionado el exceso. En marzo, periodistas del Canal 5 fueron impedidos de continuar una transmisión en vivo que habían iniciado desde las instalaciones de la Junta Central Electoral con motivo de los problemas con la entrega de la nueva cédula, lo que provocó una queja de los medios de comunicación del país. En febrero fue cerrado, por orden de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, organismo del gobierno, el programa “Por Medio” en la ciudad de Santiago, bajo el alegato de que se difamaba a funcionarios del gobierno. En cuanto a casos pendientes, sigue en los tribunales, sin una solución, el juicio contra los acusados de asesinar, en 1975, al periodista Orlando Martínez. Del hecho hay acusadas cinco personas, dos de ellos ex generales, dos ex miembros de la Fuerza Aérea y un civil que hacía trabajos para los organismos militares. También sigue sin solución, ni acusados, el caso de la desaparición del catedrático universitario y columnista Narciso González (Narcisazo), ocurrida en mayo de 1994 luego de una disertación en la Universidad estatal en que hizo serias acusaciones de fraude electoral contra el entonces presidente Joaquín Balaguer y jefes militares. El caso es investigado por un juez de instrucción. Se han interrogado ex jefes militares, pero no se han hecho acusaciones formales. Se mantiene vigente el Reglamento dictado por la Junta Central Electoral y que establece una serie de cláusulas que han sido denunciadas como violatorias a la libertad de prensa y que tiene vigencia de aplicación en estas elecciones, aunque los ejecutivos de la Junta Central Electoral han garantizado que no se vulnerará la libertad de expresión ni el libre ejercicio de la prensa con motivo de los comicios.

Compartí

0