Venezuela

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VENEZUELA La situación jurídica derivada de la aprobación de una nueva Constitución, en referéndum efectuado en diciembre de 1999, involucra una serie de riesgos para el ejercicio de la Libertad de Expresión. Así, en su Artículo 58 se establece: “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de esta Constitución, así como al derecho a réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. Vale decir, que cualquier supuesta infracción a la norma constitucional, será objeto de sanciones de manera obligatoria. De allí que tanto lo veraz, si se toma por verdadero o cierto, supone de por sí una forma sencilla de establecer censura; igualmente la imparcialidad que es imposible de aquilatar o determinar en una persona, lo mismo que en un medio informativo. Con mayor gravedad puede tomarse el adjetivo oportuno, ya que juzgar la oportunidad o inoportunidad es algo absolutamente aleatorio. Por eso, todas las calificaciones dadas a la información, justificarán en el futuro cualquier tipo de censura. En cuanto al derecho a réplica y rectificación, significan la posibilidad de convertir constitucionalmente, a la información en objeto de constantes y muchas veces injustificadas aclaratorias, que al ser de orden constitucional obligan a respetarse sin otra condición. El Artículo 57 tiene la característica de hacer responsable de todo lo expresado en una información al medio de comunicación que lo haya hecho, lo cual si jurídicamente es valedero, constitucionalmente resulta mucho más peligroso. El Artículo 60 en tanto, establece: “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”, quiere decir que se sancionará posteriormente una ley al respecto. En cuanto al 61, fija que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito”. Lo establecido en la nueva Constitución, habrá de determinar con certeza, que el juicio intentado por el Bloque de Prensa Venezolano por ante la antigua Corte Suprema de Justicia, en el cual solicitaba la nulidad de varios artículos de la Ley del Ejercicio de Periodismo, está condenada a su archivo. Peor aún, es probable que en base a las nuevas disposiciones constitucionales, se intente redactar una nueva Ley de Prensa con disposiciones que incidan más gravemente sobre el libre ejercicio del periodismo. En repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha proferido amenazas a los medios, señalado a algunos como órganos comprometidos con épocas pasadas signadas por la corrupción, de haberles servido de testaferros o encubridores de delitos cometidos contra la nación y calificarlos como enemigos de su administración. Chávez acusó a los editores y periodistas “de enemigos de la revolución, manipuladores y de estar propiciando una campaña contra el gobierno”, durante su programa de radio dominical ¡Aló, presidente! No se puede declarar que en Venezuela existe censura de prensa, sino un acentuado temor, que crece día a día, porque sobrevenga en cualquier momento. Hechos que afectaron la libertad de prensa: Una entrevista publicada en El Universal el domingo 28 de noviembre pasado en la cual monseñor Roberto Luckert, Obispo de Coro, hizo señalamientos críticos contra el Gobierno y el propio presidente Chavéz, generó el ataque verbal directo del Jefe de Estado contra el propio obispo, la Iglesia como institución y el diario El Universal. El editor de la Revista Exceso Sr. Ben Ami Fihman y una de sus periodistas, Faitha Nahmens, se encuentran procesados en tribunales ordinarios, que les han dictado orden de captura, a raíz de un juicio privado que su editor y periodista responsable, califican de persecución judicial. El desarrollo del juicio no sólo evidencia irregularidades en el proceso, lo que constituye una violación de las garantías ciudadanas de los periodistas implicados sino que, además, despierta interrogantes en torno a la imparcialidad e independencia de la justicia, lo cual no beneficia en nada la legitimidad del sistema de derecho. Ignorar las irregularidades del proceso y su prescripción, puede convertir la figura del delito de difamación o injuria en mecanismo de presión de periodistas y medios de comunicación. La parte demandante solicita en este juicio que se declare la imprescriptibilidad de los delitos contra el honor. Eso significa que, de prosperar esta demanda, la difamación y la injuria tendrían que considerarse hechos ilícitos equivalentes a los que producen los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que son, de acuerdo con la constitución Bolivariana Art. 29, imprescriptibles. En otras palabras, que una frase publicada o pronunciada en la radio o la televisión produciría un daño social equivalente a los millones de muertos de los campos de concentración nazi o a las miles de pérdidas humanas que pudo producir la guerra genocida en los Balcanes. El Nuevo País, diario del periodista Rafael Poleo, fue víctima de un atentado que dañó parte de sus máquinas y le impidió circular durante uno o dos días. El diario La Razón denunció acoso y hostigamiento desde octubre de 1999. Aunque no provienen del propio gobierno, el diario denunció que contienen la sutileza de que derivan de personas vinculadas al gobierno y que el acoso permanente se deriva de la posición editorial crítica que ha mantenido La Razón frente a distintas conductas oficiales. El ministro del Interior coronel (R) Luis Alfonso Dávila, declaró a la prensa estar en total desacuerdo con las informaciones de prensa, relativas a la creciente inseguridad que pesa sobre ciudadanos y sus bienes, así como del sinnúmero de crímenes perpetrados diariamente en ciudades del país. Señaló que esas noticias alientan al delito y al delincuente, por lo que exigiría a los directores de medios minimizarlos. Estas declaraciones originaron una violenta reacción, a la cual se sumó en pleno el Colegio Nacional de Periodistas y la opinión pública. El periodista del estado Mérida Roger Vivas, denunció que, tanto el programa de opinión que conducía en la emisora Radio Universitaria, como la columna que escribía en el diario Cambio de Siglo, fueron suspendidas “por presiones del gobierno”.

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