Costa Rica

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COSTA RICA Los ámbitos legislativo, constitucional y judicial, además de una secuela de la campaña electoral, constituyeron, a partir de marzo, los principales escenarios en que se han producido importantes hechos, declaraciones y decisiones que afectan al ejercicio del periodismo en Costa Rica. Los temas más debatidos, en lo constitucional, tienen que ver con la colegiatura obligatoria y la divulgación por parte de instituciones estatales de informes preliminares que conduzcan a la identidad de posibles imputados. En lo judicial, a los usuales casos sobre injurias, calumnias y difamación, se ha sumado otro que representó un cambio fundamental y preocupante: la condena de un periodista bajo la discriminatoria figura del desacato. En la esfera legislativa se aprobó una ley que establece estrictas regulaciones sobre los espectáculos públicos, se completó el trámite de comisión a un proyecto que prohibe la propaganda de cigarrillos, y se presentaron tres iniciativas para limitar la realización y publicación de encuestas de opinión durante las campañas electorales. Como resultado de denuncias sobre presuntas presiones de políticos sobre los medios de comunicación durante la pasada campaña electoral, una comisión nombrada por el Colegio de Periodistas, para que investigara la más sonada denuncia, emitió su informe. A continuación, un detalle cronológico de los elementos ya esbozados: El 24 de marzo rindió su informe una comisión integrada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica para analizar la salida de seis periodistas de Telenoticias, el principal noticiero informativo del país, que se transmite por Canal 7. Los periodistas habían alegado, a principios de enero, fuertes presiones de una "cúpula" vinculada al entonces candidato presidencial y hoy presidente de la República, José María Figueres, como el factor que condujo a su separación. Los hechos que analizó la comisión se desencadenaron el 7 de enero, en plena campaña electoral costarricense, cuando Isabel Ovares, asistente de la directora del noticiero, fue separada de sus funciones por la gerencia del canal. Ese mismo día Pilar Cisneros, la directora, renunció a su cargo y el 10 de enero cuatro reporteros, en solidaridad, se sumaron a su decisión. La comisión del Colegio de Periodistas, nombrada el 12 de enero, desestimó en su informe la existencia de las presiones políticas denunciadas por Cisneros y sus colegas. Consideró que había contradicciones en las distintas versiones, lo que impedía llegar a una conclusión al respecto. Más bien, criticó a Cisneros y Ovares, y a cinco periodistas más (cuatro de otros medios y uno de Telenoticias) por la forma en que, durante la campaña política, intercambiaron información y manejaron una serie de denuncias en torno a presuntas vinculaciones de Figueres con unos prófugos de la justicia norteamericana en un negocio de minas. La comisión, además, justificó las reiteradas negativas de Figueres a brindar declaraciones a Telenoticas. Consideró que tal actitud no se debió a un propósito generalizado del entonces candidato de entorpecer la labor informativa de los medios, sino a que "no es de extrañar que un político se niegue a cooperar con un medio si presiente o sabe que se ha coaligado con otros para perjudicarle o, al menos, para intentarlo". Desde su creación el 12 de enero, Cisneros había desautorizado a la comisión del Colegio de Periodistas, por considerar que la mayoría de sus integrantes no eran periodistas activos o tenían posiciones políticas favorables al partido de Figueres. Tras el informe, Cisneros y los otros periodistas que habían aducido presiones políticas denunciaron que la comisión nunca los recibió para conocer sus puntos de vista sobre los hechos; en cambio, sí habían hablado extensamente con las otras partes involucradas en ellos. El presidente del grupo indagador, Enrique Villalobos, justificó esta decisión en que ya esos periodistas habían expuesto suficientemente sus versiones por otros medios. Por este motivo, Cisneros y sus colegas presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando indefensión. Hasta ahora, no ha sido resuelto. El 2 de mayo, Luis Arturo Alvarez, periodista del diario La Nación y miembro activo del Colegio de Periodistas de Costa Rica presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de su Ley Orgánica, por considerar que, al imponer la colegiación obligatoria de quienes deseen ejercer el periodismo, violan una serie de disposiciones constitucionales. Entre las disposiciones violadas Alvarez menciona la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes locales, la libertad de expresión, el derecho general de libertad y la igualdad ante el ordenamiento jurídico. La Sala Constitucional acordó dar trámite al recurso, pero aún no ha emitido resolución al respecto. El Colegio de Periodistas, que por varios meses ha recibido críticas de varios sectores, incluyendo periodistas, ha decidido tomar la ofensiva y, desde principios de este año, estableció como uno de sus propósitos lograr que la figura de la colegiatura obligatoria de todos los profesionales forme parte de la Constitución Política. Hasta ahora su iniciativa no ha tenido ningún eco apreciable; sin embargo, fue el eje alrededor del cual giró el Tercer Congreso Nacional de Periodistas que, con motivo de los 25 años del Colegio, se celebró del 24 al 26 de agosto. En esa actividad, que contó con delegados de Venezuela, Argentina y República Dominicana, entre otros, se brindó total apoyo a la colegiatura obligatoria de los periodistas. Al inaugurar el congreso, el presidente de la República, José María Figueres, reiteró su compromiso con la libertad de prensa y reiteró su "apoyo y respaldo" al Colegio. Dijo que la institución "juega un papel importante en la sociedad costarricense, ya que su principal virtud es regular el ejercicio de la profesión y defender la libertad individual de expresión". El 15 de junio, la Sala Constitucional dispuso que las instituciones del Estado están imposibilitadas de proporcionar a los medios informativos datos sobre investigaciones aún no concluidas que puedan atentar contra la honra de algún implicado. La resolución se produjo al fallar un recurso de amparo planteado por la empresa de reforestación Bosques Puerto Carrillo contra la Policía del Ministerio de Seguridad Pública. La empresa se sintió perjudicada por una noticia aparecida el 21 de marzo de 1993 en el diario La Nación, en la cual se hizo referencia a un informe de la Policía Antidrogas que involucraba a dicha empresa en presuntas actividades de lavado de dólares. La causa por este posible delito fue desestimada posteriormente por la fiscalía. La Sala Constitucional consideró que al divulgarse el informe se violó el derecho fundamental de prestigio y honor, consagrados en los artículos 11 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La resolución afirma que el derecho de información no es irrestricto, por lo cual, tratándose de informes internos o preliminares, no puede ser el Estado el que proporcione los datos que permitan identificar a los acusados. En uno de sus párrafos esenciales, la Sala afirma lo siguiente: "Es contrario al derecho a la reputación y al honor presentar en un artículo a una persona como delincuente si no ha sido sentenciada como tal, ni como imputado a quien no lo es. También lo será cuando se informa de una investigación preliminar si se dan los nombres de los presuntos acusados". Los alcances de esta resolución aún no se han podido apreciar claramente. Hasta el momento no ha habido modificación en la obtención por la prensa de datos sobre procesos judiciales. Más aún, durante el proceso que actualmente se sigue por un sonado caso de malos manejos bancarios, los datos sobre informes preliminares y sobre los procesamientos han fluido con gran amplitud. Sin embargo, el fallo de la Sala Constitucional podría, en otras circunstancias, constituirse en una herramienta para limitar la libertad de información y expresión. El 31 de mayo, el editor deportivo del diario La Nación, Ricardo Quirós, fue absuelto por el Juzgado Tercero Penal de San José de la acusación por difamación planteada en su contra por el dirigente deportivo Isaac Sasso Sasso. También fue declarada sin lugar la acción civil resarcitoria, por aproximadamente $32.000,00, de la cual era solidaria el diario. Sasso, entonces presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, acusó a Quirós por una columna publicada el 2 de julio de 1993, en la cual el periodista criticó la forma en que había sido administrado un fideicomiso de esa Federación. El 8 de julio, el Juzgado Quinto Penal de San José, condenó por desacato a Basca Valverde Calderón, jefe de información del diario La Nación, y le impuso un año de prisión y el pago -del que es solidario La Nación- de aproximadamente $10.000,00 como acción civil resarcitoria a favor de los querellantes. Sin embargo, le concedió el beneficio de la ejecución condicional de la pena. La acusación había sido planteada por los tres jueces integrantes del Tribunal Superior Primero Penal de San José, quienes consideraron que Valverde había incurrido en el delito de desacato al publicar, el 23 de mayo, un artículo en que criticaba a esos tres funcionarios por la forma en que trataron al expresidente de la República Luis Alberto Monge durante su comparecencia en un sonado juicio. En su publicación, Valverde llamó "testarudos" a los jueces y los instó a "buscar una forma más loable para sobresalir e impresionar a la opinión pública". Según el artículo 307 del Código Penal, incurre en desacato quien "ofendiere el honor o el decoro de algún funcionario público o lo amenazare a causa de sus funciones". Esta es la primera vez desde la vigencia del Código Penal que dicha figura se emplea para acusar a un periodista. La condena a Valverde recibió un rechazo generalizado de los círculos periodísticos nacionales e internacionales, incluyendo el Colegio de Periodistas de Costa Rica, la Asociación de Periódicos de Centroamérica y la Sociedad Interamericana de Prensa, y también de múltiples ciudadanos y juristas. El abogado de Valverde, Lic. Fernando Guier Esquivel, apeló la sentencia ante el Tribunal de Casación Penal. El 14 de julio, el diputado Hernán Bravo Fonseca, del partido Unidad Socialcristiana, presentó un proyecto para derogar el artículo 307 del Código Penal. El 26 de julio, la ciudadana Leda Díaz Valladares, condenada por desacato en otra causa, planteó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo. Ninguna de estas tres gestiones se ha resuelto aún. El 13 de julio, el Tribunal de Casación Penal anuló la sentencia por difamación que, un año antes, había dictado el Juzgado Primero Penal contra el Julio Rodríguez, columnista del diario La Nación. Rodríguez había sido acusado por el dirigente deportivo Isaac Sasso Sasso, quien se consideró ofendido por una columna aparecida el 31 de enero de 1992. El 16 de junio de 1993, el Juzgado Primero Penal condenó al periodista a 60 días multas y una indemnización por aproximadamente $7.000,00. La anulación del juicio se produjo por problemas de forma de la sentencia, en la cual el juez introdujo elementos que no habían sido incorporados al debate. Tras este fallo, el señor Sasso no ha presentado un nuevo juicio. También el 13 de julio eIJuzgado Cuarto Penal de San José inició y suspendió un juicio por injurias y calumnias presentado hace seis años por un dirigente gremial contra al director del diario La Prensa Libre, Andrés Borrasé. La decisión del juez se basó en la ausencia de un testigo clave para el proceso. El 25 de septiembre fue aprobada en último debate la "Ley general de espectáculos públicos", destinada a regular, mediante prohibiciones o restricciones, una enorme diversidad de espectáculos. Su ámbito se extiende al cine, presentaciones en vivo, radio, televisión, programas por cable, medios inalámbricos, transmisiones por satélite, juegos de video, alquiler de películas y material pornográfico. La ley prohibe, explícitamente, lo que se constituya en un "peligro social" por su contenido violento, potencial de incitación al crimen y al vicio, por degradar "la condición del ser humano" y por su "contenido pornográfico". Excluye la posibilidad de restringir espectáculos por razón de las ideas que expresen o sustenten. El organismo encargado de aplicar la ley será el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Afines, adscrito al Ministerio de Justicia. Los espectáculos, antes de ser distribuidos o exhibidos deberán contar con la calificación de este organismo. Además del Consejo Nacional, la ley estipula la creación de comisiones municipales, que se encargarán de supervisar el cumplimiento de la ley a escala local. El 8 de junio, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa aprobó, por unanimidad, la "Ley reguladora del fumado", que incluye entre sus cláusulas la prohibición de todo tipo de publicidad que estimule el fumar. Se encuentran presentados, pero aún no han recibido trámite de comisión, tres proyectos de ley que pretenden controlar la realización y divulgación de encuestas electorales. Uno las prohíbe por 30 días antes de los comicios, otro por diez días y el otro, el mismo día de la votación.

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