Ecuador

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ECUADOR En el período de marzo a octubre de este año ha existido por parte del gobierno ecuatoriano respeto a la libertad de expresión, salvo incidentes que han sido considerados como aislados y de corta duración. Durante el levantamiento indígena que se produjo en el mes de abril, que mantuvo paralizado el tránsito por las carreteras del centro del país por más de 10 días, el gobierno decretó la movilización general y toma de control de la seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas. Se clausuraron dos radiodifusoras, la primera en la ciudad de Latacunga, 100 kilómetros al sur de la capital y la segunda en Riobamba. Diversas organizaciones de derechos humanos y periodísticas protestaron de inmediato, y las medidas fueron levantadas a las pocas horas. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, en un informe enviado al representante de la SIP, calificó el incidente como "un hecho aislado y con una duración de pocas horas". Sin embargo, la medida hace pensar en la débil situación de la institución de libertad de expresión, cuando un gobierno puede atentar contra la misma, aduciendo razones de seguridad nacional. En otro orden de cosas, pese a existir legislación general que permite el libre acceso de los periodistas a los documentos públicos, la mayoría de entidades de gobierno, amparadas, según aducen, en un reglamento de procedimientos emitido hace muchos años, impiden permanentemente a los informadores el acceso y análisis de los mismos. Continúa vigente la colegiación obligatoria y el derecho de réplica previsto en la Constitución, sin que se hayan efectivizado leyes especiales o reglamentos.

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