Paraguay

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PARAGUAY El recurso de la querella criminal contra periodistas que publican hechos delictivos o casos de corrupción contra autoridades judiciales es la manera favorita de intimidar a los hombres de prensa con la amenaza de prisión según el código penal. Este método es peculiarmente popular entre los jueces de Ciudad del Este, fronteriza con el Brasil y reconocido centro de corrupción y contrabando a nivel internacional. Si bien rara vez los periodistas son hallados culpables o sentenciados, la querella hostiga a la prensa, ya que consume tiempo a los periodistas para preparar sus defensas a la par que deben presentarse frecuentemente a los tribunales para declarar. El 23 de marzo, el juez del Crimen de Ciudad del Este, Porfirio Zacarías León, presentó querella criminal "por difamación, calumnia e injuria" contra los periodistas de ABC Color Héctor Guerín y Osvaldo Cáceres. Dos días más tarde, el director saliente de Seguridad Social, Dr. Luciano Pereira, querelló criminalmente por "difamación y calumnia" a la corresponsal del diario Ultima Hora, Dolly Galeano. El 28 de julio, el juez del Crimen de Ciudad del Este, Justo Salvador Reyes, denunciado y fotografiado en posesión de un automóvil robado en el exterior e introducido de contrabando, querelló por "desacato y calumnia" a los periodistas Juan Carlos Salinas de la Red Privada de Comunicación y a Héctor Guerín de ABe Color. También hostigan a la prensa los abogados querellantes o defensores en casos de corrupción, que presionan a los periodistas para que revelen sus fuentes de información. En un caso peculiar se solicitó presentar al juzgado como elemento probatorio "la cámara de televisión con la que se filmó el supuesto ilícito". La intención de esta estratagema jurídica es la de desviar la atención del caso investigado enfocándola hacia la manera en que el periodista obtuvo la información. El último caso de este tipo se dio el pasado 19 de septiembre cuando la presentadora del programa televisivo "El Ojo", Mercedes Barriocanal fue llamada a declaración informativa sobre denuncias emitidas en su programa respecto a la supuesta complicidad de las autoridades militares con el narcotráfico. En preparación para la huelga general del 2 de mayo, declarada por las tres centrales sindicales del país, el sindicato de periodistas del Paraguay envió a los directores de los medios una comunicación oficial donde, entre otras cosas, informaba: En primer lugar se decidió por unanimidad el apoyo a la huelga convocada por las tres centrales sindicales del país; además, una medida de apoyo que consistirá entre otros puntos en " ... b) la cobertura en forma exclusiva de la huelga general. Para el efecto, se eligió un comité de huelga que estará encargado de la organización y fiscalización del acatamiento de este tipo de cobertura". El sindicato de periodistas había decidido así en asamblea apropiarse de la autoridad editorial de los medios de comunicación en ocasión de la huelga. Y lo más ominoso, solicitó cobertura "favorable" a la huelga y conformó un comité de huelga para "fiscalizar el acatamiento" de esa decisión por parte de los medios. Muchos medios aceptaron implícitamente el deseo del sindicato de periodistas pero otros se rehusaron a transferir decisión editorial por espacio de tiempo alguno. En uno de los más graves atentados contra la libertad de prensa, el 10 de agosto, el juez en lo laboral, Marcelino Arévalos, ordenó vía recurso de amparo constitucional la suspensión de un programa televisivo de la Red Privada de Comunicación. En el espacio "El Ojo" de esa fecha se iba a tratar el tema del narcotráfico. Pocas horas antes de esa emisión, una modelo recurrió al juez Arévalos y éste ordenó la prohibición, a pesar de no conocer el contenido de dicho programa. Si bien la prohibición fue levantada dos semanas más tarde y el programa finalmente fue emitido en su totalidad el 15 de agosto, quedó el precedente de que es posible obtener una prohibición de esta naturaleza horas antes de la emisión o publicación del contenido con sólo recurrir a cualquier magistrado de tumo. La Constitución Nacional, por otro lado, prohíbe toda censura previa. El 26 de abril en Ciudad del Este, los hermanos Alejandro y Benjamín Esquivel, conductores de programas radiales de noticias y variedades de esa localidad, mientras viajaban en taxi en horas de la noche fueron interceptados por una camioneta pickup con seis o siete personas a bordo. Una de ellas bajó y alumbró con una linterna la cara de los periodistas. Al percatarse el taxista de que la persona llevaba también un arma de fuego, huyó del lugar. Hubo disparos, pero nadie resultó herido. El agresor fue un comisario de policía, quien fue destituido de su cargo. La fiscalía nunca lo persiguió de oficio aunque se trató de un claro caso de delito común contra un periodista. El veto del Ejecutivo a la ley de radiodifusión que de hecho eliminaba la autoridad estatal sobre las concesiones radiales y televisivas ya existentes fue rechazado por una amplia mayoría en el Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, en una negociación de último momento, se aceptó el veto del Ejecutivo a cambio de que a corto plazo se presente un nuevo proyecto definitivo de radiodifusión. Dichos proyectos ya fueron presentados por grupos de interés y la propia Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTELCO. El más importante de ellos fue presentado por unos especialistas conectados con CERNECO (Centro de Regulación, Normas y Estudio de las Comunicaciones), que congrega a los medios de comunicación, las agencias de publicidad y las empresas anunciantes. Este es el documento base para las discusiones parlamentarias. Todos los proyectos tienen en común la conformación de una comisión nacional de telecomunicaciones que se encargue de regular las telecomunicaciones nacionales. El objetivo primordial es restar a la ANTELCO su autoridad reguladora estatal unilateral e inapelable, por los grandes abusos del pasado en materia de control, prebendas y corrupción. En Ciudad del Este funcionarios superiores de la administración de aduanas y puertos, preocupados por las denuncias documentadas de sus actos ilegales, se acercaron a los periodistas Juan Carlos Salinas de la Red Privada de Comunicación y Héctor Guerín de ABC Color con el ofrecimiento abierto de sumas semanales de dinero a cambio de su silencio. Guerín grabó la conversación del ofrecimiento y luego recibió y depositó los pagos en la administración del diario. Cuando uno de los pagos fue efectuado en cheque, el facsímile fue publicado en ABC Color el 19 de agosto. Los montos recibidos fueron depositados en una casa cuna de la ciudad fronteriza a favor de niños desamparados. Descubiertos en su maniobra, algunos funcionarios pretendieron presentar el caso como una extorsión y chantaje de parte de los periodistas. El asunto languidece con poca atención administrativa. El Parlamento recibió y está estudiando varios proyectos para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal vigente desde 1914. El más atractivo de todos fue presentado por la fiscalía general de la República en un trabajo exhaustivo que tuvo la colaboración de expertos alemanes. La gran novedad en materia del contenido del Código Penal es la restricción del anteriormente libre albedrío del juez de la causa en ordenar prisiones preventivas. La prisión es ahora el último recurso y no el primero de toda diligencia judicial. A los periodistas favorece la penalización por la vía de las multas o el servicio público en lugar de la prisión en penitenciarías comunes. Las penas para la calumnia son de un máximo de dos años o multa, para la difamación, un año, y la injuria solamente será penada con multa. Sin embargo, los artículos referentes a la privacidad y a la publicación de material o conversaciones "no destinadas al público", pueden ser un recurso de los acusados de corrupción para evitar enfrentarse con la justicia. También una nueva figura es la de "denigrar la figura de un muerto" con lo que se pueden trabar investigaciones históricas o actuales sobre el comportamiento de personas acusadas de corrupción que mueran en el ínterin. El el código de procedimientos se establecen nuevas formas procesales y se restringe aún más la prisión preventiva. Se permite también la prisión domiciliaria, ya que las penitenciarías están atestadas de procesados cuyos juicios ni siquiera llegan al estado plenario. Lo más importante es que el juez que impone justicia ya no es al mismo tiempo el juez sumariante. De hecho, la fiscalía asume la tarea de llevar adelante el sumario bajo la autoridad general del juez aunque éste no se involucra en los detalles de la investigación y del sumario. En el proyecto presentado por la Comisión Nacional de Codificación hay algunas figuras preocupantes para el periodismo como el Art. 182 que habla de la difusión de noticias falsas en el país o en el exterior "que puedan perjudicar el crédito o los intereses nacionales", sin definir esos intereses. Este artículo puede ser usado contra el periodismo en casos de malversaciones en las oficinas recaudadores o en los bancos oficiales del país. El diario Noticias denunció también que a través de altos niveles gubernamentales se acusa a la prensa de mentir, intrigar, deformar los hechos, pintar un panorama falso de la realidad, etc., a raíz de denuncias de corrupción que afectan a funcionarios públicos. También aludió a la discriminación de que es objeto en materia de publicidad oficial.

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