Uruguay

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URUGUAY En los últimos 12 meses en Uruguay no han sucedido hechos de importancia que afecten la libertad de prensa "ni que obstaculicen la actividad de los periodistas. En concreto, y como ocurre desde hace varios años, los medios de comunicación desarrollan su acción sin restricciones en lo que hace a la difusión de noticias y opiniones. En la primera mitad de estos 12 meses, como aspectos fundamentales se pueden señalar tres juicios contra periodistas por injurias, difamación o desacato. En uno, contra un periodista del diario El País, éste fue absuelto. En los otros dos, uno contra un periodista del semanario Brecha, y otro contra dos periodistas del quincenario Mate Amargo, hubo sentencias de condena, aunque en ninguno de los dos casos los periodistas fueron privados de su libertad. En el primero de los citados, además, la decisión judícial fue apelada y actualmente cumple ese trámite. Lamentablemente, debemos informar que dejó de aparecer el diario El Día, que tras un paréntesis de casi dos años, había reanudado su publicación en septiembre del año pasado. Continúa sin cambios la situación relativa al otorgamiento de publicidad oficial sobre la que informáramos en asambleas anteriores. En el Uruguay persiste, por parte de determinados organismos estatales de administración autónoma, la aplicación de una política discriminatoria con respecto al otorgamiento de la publicidad oficial, sobre la base de criterios que no responden a las pautas técnicas que imperan e la materia. Esto produce situaciones que favorecen y privilegian a algunos medios y perjudican a otros. Se plantea así una situación de desigualdad, que además de no justificarse técnicamente es menos justificable por tratarse de organismos del Estado que manejan recursos públicos. Ha habido sobre este tema preocupación por parte del Poder Ejecutivo, al que la SIP reclamó en oportunidades anteriores, pero la situación se ha corregido muy poco y se desconoce si se ha llevado a cabo una investigación a fondo de conductas y formas de administrar, que pueden condicionar de una forma u otra a los medios de prensa e impiden competir en igualdad de condiciones. Casi similar se da también, según se ha denunciado por parte de algunos medios, con la Intendencia Municipal de Montevideo, la que administra un partido político distinto al del gobierno nacional. En Uruguay existe una ley que prevé el derecho de respuesta para los casos de información "inexacta o agraviante". No existe en cambio colegiación obligatoria de los periodistas ni tampoco ninguna norma que limite el ejercicio de la profesión periodística. Igual situación impera en lo que hace a la fundación y circulación de periódicos, para lo cual no existe ninguna restricción. En materia fiscal se mantienen algunos gravámenes sobre determinados tipos de papel y ciertos criterios para las obligaciones fiscales que no favorecen a la prensa. Se ha dado cuenta también de algún hecho aislado de desborde policial que ha limitado la acción de los hombres de prensa, aunque las autoridades de gobierno y el ministerio competente han tomado las medidas que corresponden para que no vuelvan a ocurrir. Dejamos para el final el capítulo más importante y es el referido a varias iniciativas legislativas que prevén restricciones a la libertad de prensa, al ejercicio de la actividad periodística y fundamentalmente al derecho de los ciudadanos a recibir toda la información. En los últimos tiempos se han incrementado en Uruguay las críticas y cuestionamientos a las actividades de los periodistas y la prensa, por parte de políticos, legisladores, hombres de gobierno y también por dirigentes sindicales y sociales. Lo serio es cuando ello se traduce en hechos. La Central de Trabajadores, por ejemplo, ha impedido el ingreso de la prensa a varias de sus reuniones, periodistas han recibido veladas amenazas de algunos dirigentes, en tanto otros pretenden dictar normas de cómo debe informarse sobre la actividad sindical. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre partidos políticos, actualmente a consideración del Senado, que prohíbe toda forma de difusión pública de encuestas de opinión durante los siete días previos al acto eleccionario, estableciéndose una pena de uno a seis meses de prisión, o una multa equivalente, a quienes contravinieran lo dispuesto. En Uruguay existía ya una limitación de ese tipo por las 48 horas previas a las elecciones, período en el cual también debía cesar totalmente la propaganda política. Esto en el proyecto no varía para la propaganda política pero sí para la difusión de encuestas. Hace unos días ingresó a una comisión del Senado un proyecto de reforma constitucional en el que se prevé, en el artículo referido a la inviolabilidad de la correspondencia, que en caso de difusión o publicación de papeles y documentos de particulares sin consentimiento de su autor o propietario, el responsable de la misma no podría ampararse en el secreto periodístico. El origen o causa de este agregado al texto de la Constitución que se propone ha sido la publicación de cartas de funcionarios públicos, que ocupan cargos públicos, dirigidas a sus pares, en las cuales se abordaban asuntos propios de sus funciones y que atañen a toda la ciudadanía. Hay una iniciativa por la cual se pretende impedir la concentración de los medios de comunicación y que establece que ninguna persona, directa o indirectamente, puede tener o usufructuar más de un medio. También se han presentado dos proyectos de ley por los cuales se busca la regulación de diferentes áreas de la comunicación, ya sea, en un caso, a través de un Consejo Nacional de Comunicación destinado a "asegurar el cumplimiento de las normas básicas de política nacional de comunicación que se fijan por ley" con facultades de vigilancia, fiscalización, consulta, asistencia y contralor, o, por el otro, dirigido a que los canales de televisión elaboren un "código de autorregulación". En este proyecto, además, se propone gravar con un impuesto la emisión de programas extranjeros. Sin perjuicio de estas iniciativas concretas el tema de la prensa y el de la regulación o autorregulación ha sido motivo de debates en el parlamento y por parte de ministros del gobierno. También la Asociación de la Prensa -sindicato de periodistas- insistió sobre la aprobación de un proyecto, que presentó hace 20 años, en el que, por un lado, se defiende sin cortapisas el derecho a la información, pero al mismo tiempo establece el derecho de los periodistas a "abstenerse de comunicar o informar contra sus convicciones". En los programas de algunos partidos de izquierda, además, se habla del control y socialización de los medios de comunicación como temas básicos y esenciales.

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