El fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner produjo un impacto decisivo en la política argentina y la relación entre el gobierno nacional y los medios no ha sido la excepción. Con Néstor Kirchner, los ataques a la libertad de expresión tenían el formato de embestidas frontales y estiletazos profundos, pronunciados últimamente en todas sus apariciones públicas y hasta llegando a popularizar latiguillos y frases que ponían a algunos diarios en el centro del reclamo.
Con la actual presidenta Cristina Fernández, la queja por el contenido de las publicaciones de los medios se mantuvo como una de las principales preocupaciones oficiales. La identificación del ejercicio de la libertad de expresión como un enemigo por parte del gobierno no perdió actualidad en la nueva etapa.
Pero los problemas importantes continúan, como la agresión sufrida principalmente por el diario Clarín por un grupo de cincuenta gremialistas, inclusive del sector gráfico de la empresa, que impidieron la salida de la edición dominical del 27 de marzo. Es uno de los hechos intimidatorios más graves que padece esta empresa. El bloqueo también fue impulsado por el gremio de los Camioneros, del líder sindical Hugo Moyano, duró doce horas y también afectó en menor medida al diario La Nación.
Pese a las denuncias penales y policiales hechas en la madrugada por representantes de la empresa la medida se mantuvo. La presencia policial fue pasiva y no intervino en ningún momento. Esta actitud de cercenar el derecho a la libre circulación de los diarios mediante una coacción y sin que los afectados recibieran la más mínima defensa por parte de las autoridades e incluso desobedeciendo expresas decisiones judiciales, constituye una gravísima falta contra la libertad de expresión.
Estos hechos se vienen repitiendo con mayor intensidad desde enero. A fines de diciembre una decisión judicial ordenó a los organismos pertinentes asegurar la libertad de expresión. La Justicia dispuso, mediante una medida cautelar, que constituye un anticipo de la garantía constitucional vulnerada, que la ministra de Seguridad Social, Nilda Garré, adopte todas las medidas necesarias para resguardar los bienes afectados, entendiendo que el derecho a manifestarse no puede cercenar la libre expresión. Solicitó se adopten todas las decisiones tendientes a asegurar la libre circulación de diarios, que es la base del derecho constitucional a la libertad de información de los ciudadanos.
Las medidas judiciales fueron desconocidas por las autoridades y los actos de coacción transcurrieron con pasividad e inacción estatal. Después de las 3 de la mañana se levantó el bloqueo a la planta de La Nación y la de Clarín a las doce del medio día.
Aún cuando el motivo del bloqueo fuera activado por un reclamo laboral en la planta denominada AGR, (Artes Gráficas Rioplatenses) donde se imprimen revistas y folletos, la juez de turno, Nora González Rosselló dispuso en enero, en una medida cautelar, que el ministerio de Seguridad arbitrara todos los medios para que no solo los delegados de la comisión interna de AGR y las organizaciones que los representan, sino también cualquier persona o agrupación, se abstengan de toda conducta que impida o obstruya el normal ingreso o egreso de personas o bines industriales de AGEA (Arte Gráficas Editorial Argentino).
Esta orden es una de las que no fue cumplida durante el bloqueo. La instrucción dada por otra fiscal ante la evidencia de un delito flagrante, el 27 de marzo, ordenó que la policía hiciera cesar de inmediato la contravención. Otra medida que tampoco se cumplió fue la que ordenaba identificar y filmar a los manifestantes y le informaran inmediatamente a la fiscalía. El juez Federal de Turno dijo que en ningún momento fue consultado, aunque la Policía Federal emitió un comunicado donde afirmaba que no habían respondido los teléfonos habituales previstos para un juzgado de turno. La ministra de Seguridad afirmó por último que se trataba de un conflicto gremial de vieja data. La ministra fue citada a aclarar los acontecimientos ante tres comisiones de diputados y no concurrió.
El diario, por su parte, denunció una extorsión y presentó ante la justicia un video donde se ve a uno de los manifestantes exigiendo 9 millones de pesos bajo la amenaza de bloquear el diario. En ese video también se revelan los contactos de los manifestantes con sindicatos controlados por Hugo Moyano y con dependencias gubernamentales. La fiscalía imputó al manifestante por extorsión y ordenó más pruebas.
Por su parte el Senado repudio y rechazó por unanimidad el bloqueo a Clarín y La Nación.
La SIP anunció que enviará una misión el 4 de mayo, para analizar los problemas más conflictivos de la prensa argentina, y solicitará una audiencia a la Presidenta. El presidente de la entidad Gonzalo Marroquín, calificó como un atentado agravado a la libertad de prensa los bloqueos que impidieron la libre circulación de los medios de comunicación. Anteriormente había condenado las interferencias a las ediciones de los diarios y reclamó al gobierno que tome medidas inmediatas para sancionar estas acciones. También reiteró que el gobierno promueva una actitud de tolerancia a la labor periodística para garantizar el respeto a la libertad de expresión y evitar refrendar actitudes agresivas.
Numerosas entidades expresaron su repudio por el apriete a los diarios. Para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la obstaculización de publicaciones configura uno de los más graves atentados a la libertad de prensa y constituye además un delito previsto en el Código Penal. La obstrucción a la distribución del diario quedará inscripto como uno de sus días más oscuros en materia de libertad de expresión, expresó la entidad en un comunicado
Esta campaña de descrédito fue cuestionada por la Asociación Mundial de Diarios, WAN, en su primera conferencia latinoamericana que acaba de realizarse en Colombia. La Asociación por los Derechos Civiles denunció la existencia de censura indirecta a través de mecanismos más sofisticados y menos visibles que se esconden tras el ejercicio normal de las facultades del Estado.
Tampoco ha podido ser disipado el clima de tensión que deben atravesar periodistas que no coinciden con la óptica oficial, quienes frecuentemente reciben acusaciones públicas y ataques lanzados desde los medios oficiales y los controlados por el gobierno. La confrontación apunta también a medios de comunicación, periodistas y consultoras económicas. La persecución impositiva fue advertida por el periodista Luis Majul. Otros como Jorge Lanata denunciaron que no pueden trabajar en el país. Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación, denunció haber sufrido seguimientos en la calle y pinchaduras telefónicas que adjudicó a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Pese a que durante años rigió esta política de desencuentros con la prensa, la Presidenta anunció en marzo que se deben terminar los enfrentamientos con urgencia. Fue una noticia positiva y solo se esperaba coherencia entre sus palabras y los hechos, algo todavía pendiente.
En otro hecho relevante, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, resultó investigado por la justicia suiza, que reclamó a su par argentino, documentación por las causas judiciales que enfrenta el sindicalista para determinar si incurre o no en un caso de lavado de dinero. Luego de anunciar un paro general y dejarlo en suspenso, convocó a boicotear a los medios y luego dijeron en la entidad que la medida de fuerza iba orientada a los medios, contra los cuales inició una denuncia por estafa procesal. La Corte Suprema de Justicia intervino para ratificar la procedencia del exhorto suizo y que se diera a conocer en el portal de la Corte de Justicia.
Hubo en este período un claro avance institucional cuando la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, le dio la razón al diario Perfil en un juicio entablado contra el gobierno nacional por la discriminación en la pauta oficial.
El caso judicial se había iniciado en el 2006 por consejo que un año anterior había realizado el presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, ante la evidente discriminación oficial hacia Perfil. Ese diario contó que Miró Quesada le había solicitado el inicio de la acción judicial para que se convirtiera en la voz de otros medios que por su menor envergadura no estaban en condiciones de hacerlo ante el riesgo de sucumbir a las esperables represalias del gobierno, según escribió Gustavo González, director periodístico de Editorial Perfil.
La publicidad oficial se fue convirtiendo en una oportunidad para premiar a los medios oficialistas y castigar a los opositores. Y ahora la Corte ha comenzado a poner freno en esa peligrosa manipulación.
Con esa administración caprichosa de la pauta publicitaria se fue construyendo una red de medios privados y de productoras televisivas exclusivamente sustentados en la publicidad oficial.
En ese ámbito, llamó la atención una operación de venta del cincuenta por ciento de un conglomerado de diarios, radios y páginas Web, revistas afines al gobierno a dos nuevos empresarios en el rubro de medios.
Estos movimientos en las empresas periodísticas llaman la atención porque, a pesar de ser operaciones privadas, pueden ser sospechados de constituirse al amparo de una inyección de fondos provenientes de la pauta oficial. Justamente allí apuntó el espíritu del histórico fallo de la Corte que obliga al gobierno a buscar criterios razonables donde invertir el dinero de la publicidad oficial. El gobierno prometió acatar la decisión judicial
La Cámara Civil y Comercial Federal suspendió la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que el año pasado había dispuesto la Caducidad, de Fibertel proveedora de Internet en el mercado de banda ancha y que pertenece al Grupo Clarín.
Otra desproporcionada medida judicial ordenada por el Juez Federal, Ramón Claudio Chávez, provocó el cierre del Canal 4 de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, por el conflicto societario en el que se
discutía la titularidad de las acciones. También sufrió problemas legales la emisora radial LT9, la más antigua de Rosario, Santa Fe, después que el organismo de aplicación de a ley de medios declaró extinguida su licencia y nombró un delegado normalizador. La asociación de Radiodifusoras Privadas (ARPA), expresó su preocupación por el desplazamiento de la conducción legal.
El diario La Campaña de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, denunció que fue excluido de la pauta publicitaria municipal bajo el argumento expresado por el Secretario de Gobierno de que el municipio no compartía su línea editorial.
Resulto lamentable que el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González y un grupo afín al gobierno denominado Carta Abierta, reprobaron por agraviante que se haya invitado a la inauguración de la Feria del Libro, el 20 de abril próximo, al premio Nóbel de Literatura, Mario Vargas Llosa, porque adujeron que su pensamiento iría en contra de las preferencias democráticas mayoritarias del pueblo. Resultó positivo que la presidenta Cristina Fernández haya solicitado a Horacio González retirar la crítica que enviara a la Fundación El Libro.
Continuaron los acosos hacia la empresa Papel Prensa, de los diarios La Nación y Clarín.
Respecto del acceso a la información pública, desde septiembre que el Senado de la Nación aprobó un proyecto, todavía la Cámara de Diputados no dio su aprobación, pese a que prometieron hacerlo para fin del año pasado. Aunque ya la Corte Suprema se había expedido con precisión sobre el tema en el caso del Diario Río Negro contra provincia de Neuquén.
En cuanto a la Ley de Servicios Audiovisuales (ley de medios), siguen objetados y en suspenso por decisión de la justicia, varios de sus artículos principales, pero la autoridad de aplicación ha continuado poniendo en vigencia el reordenamiento previsto en la nueva ley.
FUENTE: nota.texto7
