El cambio de gobierno, aunque resultado de la elección de una candidata del partido en el poder, Dilma Rousseff, ha reducido las tensiones entre la alta administración federal y la prensa sobre cuestiones relativas a la libertad de expresión. A diferencia del ex presidente Lula, que a menudo hacía comentarios que revelaban su irritación con la actuación de los medios de comunicación independientes, la gobernante actual no es proclive a declaraciones controvertidas, y desde su primer discurso como presidenta electa estuvo dispuesta a hacer valer su compromiso de respetar la libertad de prensa.
El ex ministro a cargo de la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia, Franklin Martins, fue sustituido por una periodista experimentada que adoptó un perfil diferente, centrado en la divulgación de las actividades del gobierno sin hacer como su predecesor, que politizó la comunicación oficial. Por ello han perdido fuerza, aunque sin desaparecer del todo, las propuestas de reglamentación de los medios que había tenido a Martins como su defensor principal.
En lo que respecta al poder judicial, una de las primeras medidas de la nueva presidente fue nombrar al miembro número 11 del Supremo Tribunal Federal, cargo que estaba vacante desde la segunda mitad del 2010. El nombramiento no altera la composición de la Corte Suprema,ampliamente favorable a los principios relativos a la libertad de expresión. Esta situación, sin embargo, no impide que en tribunales judiciales inferiores sigan proliferando visiones voluntaristas y anticonstitucionales que dan margen a sentencias de naturaleza censoria y que atentan contra la libertad de expresión.
Recordando un caso emblemático, está aún pendiente la apelación contra la resolución del juez de Apelaciones, Dacio Vieira, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios, que prohíbe la publicaciónen el periódico O Estado de S. Paulo y otros vehículos suscritos a los servicios editoriales del grupode reportajes con información tomada de grabaciones obtenidas por la Policía Federal de Maranhao, sobre supuestas irregularidades del empresario Fernando Sarney, hijo de José Sarney, presidente del Senado y ex presidente de la República, bajo la amenaza de, en caso de incumplimiento, una multa de R$150,000 por cada acto de violación de la presente orden judicial.Después de haber emitido tres decisiones que confirman la censura, el Tribunal se declaró incompetente para juzgar el asunto, apartó al juez Dacio Vieira del caso, manteniendo, no obstante, su decisión y remitió el caso al tribunal federal civil de primera instancia en Maranhão.
El 29 de enero del 2010, el periódico se negó a aceptar la solicitud de cancelación del caso, hecha por el empresario Fernando Sarney. En una declaración entregada al Tribunal de Justicia del Distrito Federal, O Estado de S. Paulo dijo que preferiría ir a un juicio definitivo de los méritos del caso, a quedar a merced de una precaria retirada, sujeta a los futuros e imprevisibles caprichos del demandante (Fernando Sarney). .
Los siguientes son algunos de los casos registrados en los últimos seis meses:
23 de marzo del 2011. En la mañana de ese día, el bloguero Ricardo Gomes fue atacado a balazos en Copacabana, Río de Janeiro. De acuerdo con los oficiales del Batallón 19no de la Policía Militar, le dispararon tres veces (cabeza, cuello y hombro derecho) unos individuos en un auto plateado.Gomes había criticado duramente a las autoridades estatales y locales, pero en sus mensajes más recientes se refirió al narcotráfico, diciendo que un empresario que abastecía de cocaína a la Favela da Rocinha había retornado a las calles. Revelaba también que habían regresado a la ciudad los miembros de la pandilla del traficante Nem (Antônio Francisco Bonfim), implicado en un tiroteo en un hotel. La ANJ instó a la policía a intensificar las investigaciones sobre los autores del atentado y sus motivaciones, así como a brindar la debida protección al bloguero, quien se encuentra hospitalizado, dada la evidencia de que el ataque buscaba asesinarlo.
11 de marzo del 2011. El periodista Alexandre Rolim, del noticiero Parecis, acusó formalmente ante la policía local a MauroBerft, alcalde de Campo Novo do Parecis, en el Estado de Mato Grosso, de haberlo amenazado y agredido. En una reunión en el departamento de cultura de la ciudad, Berft se acercó y le acusó de haber dicho que él había sido abucheado en el carnaval y lo amenazó con la advertencia de tenga cuidado con lo que dice, además de presionar el hombro del periodista contra un escritorio, lo cual fue presenciado por un testigo. Rolim presentó su denuncia y se sometió a un examen, el cual confirmó la existencia de una lesión en el hombro.
4 de marzo del 2011. Los tribunales de Mato Grosso prohibieron a la bloguera Adriana Vandoni que citara en su página webProsa e Política el nombre del representante estatal Geraldo José Riva (PP), quien tuvo que abandonar su puesto a principios de este año y responde a 118 cargos de la Fiscalía. Adriana tiene seis demandas judiciales pendientes y una orden de censura que ya dura más de año y medio. El 3 de marzo anunció que decidió abandonar para siempre el periodismo.
4 de marzo del 2011. Horas después de circular la edición del 3 de marzo del periódico O Popular, de Goiás, con la presentación de informes de una investigación de la policía federal Operación Sexto Mandamiento sobre la existencia de un escuadrón de la muerte, que involucra a efectivos de ROTAM, un convoy compuesto por coches de la unidad de la policía recorrió las calles de la ciudad con las sirenas activadas y se detuvo delante de la sede de O Popular, sin justificación alguna y con el claro propósito de intimidar. El 16 de marzo, una especie de folleto virtual con el mensaje Policía Militar de Goiás: el enemigo ahora es la prensa fue difundido por la Internet. La Policía Militar, a través de sus asesores, dijo que la campaña no refleja el pensamiento de la institución. La editora jefe de O Popular, Cileide Ahmed, señaló que los reporteros han dejado de firmar los artículos sobre el caso y que las situaciones de amenazas están siendo reportadas al Departamento de Seguridad Pública de Goiás
22 de febrero del 2011. El diario Correio Popular, de Campinas (SP), informó en la edición del 21 de febrero de que la policía obstaculizaba el trabajo de la prensa para evitar la consulta de los informes en las estaciones de policía de la ciudad. Según el periódico, el responsable de asuntos internos de la Policía Civil, Roveraldo Battaglini, determinó que dicha información no estaría más a disposición de los periodistas, bajo la amenaza de arresto. Al parecer, la decisión fue motivada por la divulgación en televisión de una imagen de tal informe, en la que aparecía el nombre de la esposa del oficial Battaglini presuntamente implicada en un caso de desvío de medicamentos de un hospital público. En la actualidad 46 agentes de la policía entre ellos jefes de distritoresponden a una acusación de ruptura de la confidencialidad, resultado del episodio. El 22 de marzo, el periódico publicó un artículo sobre el caso con una explicación del oficial, lo cual lo dio por concluido.
13 de enero del 2011. El periodista Luis Cardoso recibió amenazas de muerte después de publicar artículos sobre la orden de detención del alcalde Manuel Mariano de Souza, de la ciudad de Barra do Corda, en Maranhão, quien se encuentra prófugo. Como medida de precaución, Cardoso ha pedido protección al Departamento de Seguridad Pública y a la Policía Federal. Ningún empleado de la Municipalidad de Barra do Corda quiso comentar sobre el tema, citando errores en las palabras del periodista Luis Cardoso.
6 de enero del 2011. Un equipo de reporteros de RBS TV, afiliada de TV Globo en Santa Catarina, fue atacado mientras investigaba una denuncia de la Fiscalía en contra de los empresarios de Indaial, en el Vale do Itajaí. El reportero Francisco Silvy fue agredido y golpeado en el rostro. Después del ataque, Silvy, el camarógrafo Márcio Ramos, y su asistente, Andrei Luiz, fueron amenazados con un arma de fuego. Además, les rompieron la ventanilla del auto. El equipo se encontraba en el estacionamiento del centro comercial al por mayor Vitória rodando exteriores, cuando el dueño del inmueble, Vilmar Gayo, su hijo, Diego Gayo, y un guardia de seguridad, trataron de impedir el reportaje. El equipo reportó el hecho ante la policía y se sometió a un examen forense. El reportaje investigaba denuncias tomadas de reportes policiales, en el sentido de que cinco empresarios de la ciudad habían llegado a un acuerdo para boicotear un centro comercial en Brusque.
4 de enero del 2011. Al vocero de prensa Jorge Chahad, que actualmente trabaja para la Ciudad de of Aguaí, en el Estado de São Paulo, le dañaron su auto con cinco tiros. El periodista estaba viendo televisión en su casa cuando escuchó los disparos contra su auto, aparcado en el garaje de la residencia. Para Chahad, que también escribe para el periódico local, O Imparcial, el ataque fue en respuesta a los artículos del diario de Aguaí. Los trabajos publicados en O Imparcial cubren corrupción, desfalcos en el Ayuntamiento y problemas locales relacionados con los políticos que aspiran a cargos en el gobierno de la ciudad.
9 de noviembre del 2010. Una decisión judicial prohibió al sitio web Consultor Jurídico dar informaciones acerca de la decisión del Consejo Nacional de Justica sobre un procedimiento administrativo en secreto contra un juez de São Paulo. La revista se vio obligada a retirar el reportaje,publicado el 31 de agosto del año pasado, sobre una decisión del CNJ favorable al establecimiento de la investigación. La decisión contra ConJur la tomó la jueza Ana Laura Corrêa Rodrigues, del Tribunal Civil del Foro Central de São Paulo. La publicación recibió una copia de la sentencia, firmada el 8 de octubre, de manos no de un funcionario judicial sino de un representante de la oficina que defiende al magistrado. La multa por incumplimiento se fijó en R$ 500 por día.
1 de Abril . La revista Caras circuló con unas barras negras sobre el nombre de una personalidad del jetset internacional, el ex esposo de la modelo y actriz Cibele Dorsa, quien se suicide el 26 de marzo. La modelo había enviado un correo electronico a su mejor amiga, una editor de Caras, en donde exponía las razones de su acción. El ex esposo obtuvo un recurso legal previniendo la publicación de su nombre y su fotografía. Ya lista para imprimirse, la revista recurrió a las barras negras para cumplir con la orden del tribunal.
FUENTE: nota.texto7
