CONSIDERANDO que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Navanethem Pillay, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en 2010, instó a la "Asamblea Legislativa Plurinacional a garantizar que todas las leyes nacionales respeten plenamente las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos y reformar todas aquellas disposiciones ya aprobadas cuando puedan afectar esos principios" y llamó al Estado a que asegure el adecuado equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de difundir ideas basadas en la superioridad o el odio racial, incitación a la discriminación racial y actos de violencia";
CONSIDERANDO que estas recomendaciones constituyen una fuerte crítica a las mutilaciones que la libertad de expresión y de prensa en Bolivia están sufriendo, como consecuencia de las leyes de Régimen Electoral y de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación;
CONSIDERANDO que el presidente del Congreso de Bolivia, Álvaro García Linera, ha rechazado la posibilidad de que el parlamento considere una Iniciativa Legislativa Ciudadana, para eliminar el artículo 16 y modificar el 23 de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, presentada por organizaciones periodísticas para restablecer la libertad de expresión violada por ambos artículos;
CONSIDERANDO que la Iniciativa Legislativa Ciudadana, apoyada además por cientos de miles de personas, está establecida en la Constitución Política del Estado plenamente vigente, como un derecho de los bolivianos para presentar proyectos de leyes de su interés. Por ello, nadie tiene la facultad de negar este derecho constitucional con el argumento de que necesita una ley reglamentaria;
CONSIDERANDO que las máximas autoridades del Gobierno responsabilizan frecuentemente a los medios de comunicación por el alza de precios de alimentos y combustibles cuando en realidad el responsable es el contrabando cuyo control es exclusivo del gobierno;
CONSIDERANDO que a pesar de haber pasado tres años, continúa en la impunidad el asesinato del periodista Carlos Quispe Quispe por campesinos que lo golpearon con palos y punta pies en marzo de 2008 en la población rural andina de Pucarani;
CONSIDERAND que el Ministerio de Gobierno ha incumplido hasta ahora con el compromiso adquirido hace 2 años de procesar y castigar a los policías que atacaron a balazos a periodistas de la Red Unitel de Televisión, el 3 de septiembre de 2009, y el 26 de septiembre de ese mismo año a periodistas de la red de televisión PAT;
CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec en su artículo 2 establece que toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE:
pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional eliminar de las leyes aprobadas, los artículos que constituyen evidentes censuras de prensa y mutilaciones a la libertad de expresión, acatando así las recomendaciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos;
pedir al Presidente del Congreso de Bolivia, ajustarse a la Constitución y dar curso a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, mecanismo idóneo y legal para restituir de la libertad de expresión, ajustándose a los estándares internacionales sobre este derecho fundamental, como pide la ONU;
solicitar a las autoridades nacionales que evite hacer acusaciones y sin fundamento contra medios y periodistas y acudir a los tribunales de ética periodística cuando crean que se estan cometiendo errores;
exhortar a la justicia a preocuparse por la impunidad en el asesinato del periodista Carlos Quispe Quispe, cometido por campesinos de Pucarani, en marzo de 2008, enjuiciando y sancionando a los autores materiales e intelectuales;
pedir al Ministerio de Gobierno que cumpla con su compromiso de hace más de dos años de procesar a los policías que dispararon contra periodistas de las redes de televisión Unitel y PAT, entre ellos el Capitán Walter Andrade, identificado por los periodistas, como uno de los agresores.
FUENTE: nota.texto7
