Canadá

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En los últimos meses se reportaron varios reveses para la libertad de prensa y de expresión.

En enero, el Tribunal Supremo desestimó dos recursos de casación relativos a la libertad de la prensa para informar y, como resultado de ello, se ha afectado la forma en que los reporteros realizan su trabajo. El Tribunal se opuso a que los medios transmitieran las grabaciones oficiales de audio de los procedimientos judiciales.

En otra decisión, se dictaminó que los tribunales tienen el derecho de limitar el uso de cámaras a los lugares que ellos designen como área de corte, y no en cualquier sitio que deseen los periodistas, fuera de la sala del tribunal, pero dentro de la edificación.

Se trata de una decisión del Tribunal Superior de Quebec del 2004 para poner límites a los periodistas que usan cámaras y grabadoras en la cobertura de casos penales y civiles. Anteriormente disfrutaban de total libertad fuera de la corte, pero ahora se requiere que realicen sus entrevistas en las áreas designadas. Los representantes de la prensa apelaron las nuevas normas, pero éstas fueron confirmadas ahora por el Tribunal Supremo.

La otra apelación es resultado de una confesión en cámara durante el proceso penal de Stephane Dufour, acusado de ayudar a su tío a suicidarse. Dufour llegó a ser absuelto. El tema en cuestión eran las declaraciones que hizo sobre su papel en la muerte del tío, que fueron grabadas en video antes de su acusación. Una cadena de televisión, Groupe TVA, solicitó permiso para transmitirlas, pero le fue denegado y, conjuntamente con otros medios, apeló la decisión del Tribunal Supremo de Canadá.

El Tribunalreconoció que la restricción constituye una infracción de los derechos de libertad de expresión, pero alegó que era “manifiestamente justificada en una sociedad libre y democrática” para garantizar “la serenidad de la audiencia”. Y añadió: “La administración imparcial de la justicia depende necesariamente del mantenimiento del orden y el decoro dentro de, y en torno a, las salas de justicia y de la protección de la privacidad de los litigantes que comparecen ante los tribunales”.

Las decisiones del Tribunalhan sido interpretadas por los medios como un revés para la capacidad de informar.La organización Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) señaló que los tribunales deben

“entrar en el siglo XXI y permitir el uso de la tecnología moderna para ofrecer al público la posibilidad de ver y oír lo que pasa en los tribunales”.

Una propuesta de la Comisión de radio, televisión y telecomunicaciones de del Parlamento canadiense ha propuesto modificar una regulación que prohíbe la difusión de lo que se considera noticias falsas o engañosas, sobre la base de que el texto parece ser contrario a lo que establece la Carta de Derechos y Libertades. La nueva redacción que se propone haría ilegal transmitir información sólo si aquellos que la reportan son conscientes de que no es cierta y si se “pone en peligro o puede ponerse en peligro la vida, salud o seguridad del público”. Quienes se oponen a la propuesta alegan que ya existen leyes contra la difamación y la calumnia.

El 31 de diciembre un juez de la Columbia Británica ordenó a Elaine O'Connor, reportera deThe Province, un periódico de Vancouver, que identificara a su fuente confidencial en una historia acerca de los supuestos gastos excesivos de un ex miembro del Parlamento durante una campaña electoral. Se informó de que el juez trataba de determinar el motivo de la fuente para tal acción. El periódico dijo que apelaría la orden.

Anteriormente el Tribunal Supremo de Canadá había preservado el principio de confidencialidad de la fuente, al considerar que los jueces deben obligar a los periodistas a revelar sus fuentes “sólo como último recurso”, es decir, cuando resulta imposible obtener información crucial de otra manera.

En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo confirmó la petición de un individuo que distribuyó folletos antigays para que se le permitiera impugnar la constitucionalidad del Código de Derechos Humanos de la Provincia Saskatchewan. Bill Whatcott cuestiona la parte del código que autoriza a la Comisión de Derechos Humanos a encausar a la gente alegando expresiones de odio.

“La utilización de comisiones de derechos humanos para impedir que alguien diga que la actividad homosexual es algo equivocado, viola la Carta de Derechos y Libertades sobre libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de religión”, argumentó el abogado de Whatcott, Tom Schuck, al impugnar el fallo de la Comisión de que Whatcott había violado el código.

La Corte provincial de Apelaciones se puso de parte de Whatcott, dictaminando que distribuir folletos podría haber sido crudo y ofensivo, pero no promovía el odio o transgredía los límites de la libertad de expresión. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos apeló la decisión del Tribunal Supremo de Canadá, y se espera que el recurso sea escuchado en octubre.

El CJFE, The Citizen Lab, centro con sede en Toronto que investiga el espionaje digital y ha desarrollado un software para impedir la censura, fue ganador del Premio 2010 Vox Libera por su destacado compromiso con los principios de la libertad de expresión. El laboratorio denunció un sistema masivo de filtrado en China que lleva a cabo el seguimiento y registro de mensajes de texto con palabras con carga política, enviados a través de Internet mediante la aplicación Skype.

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