El gobierno cercenó la libertad de prensa con la promulgación de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que contiene dos artículos violatorios a este derecho.
El gobierno cercenó la libertad de prensa con la promulgación de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que contiene dos artículos violatorios a este derecho.
El periodismo y los medios de comunicación viven acosados por jueces y fiscales, y en un clima de agresiones físicas y verbales de sectores gubernamentales y organizaciones sociales que critican por sus equivocadas políticas económicas al Gobierno.
En un documento difundido el 16 de noviembre pasado, las organizaciones más importantes del periodismo, (Asociación Nacional de la Prensa, Asociación Nacional de Periodistas, Asociación Boliviana de Radiodifusoras, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia) denunciaron que la libertad de expresión quedó conculcada con la ley contra el racismo. Establece penas de hasta cinco años de cárcel y suspensión de licencias de funcionamiento de medios, en caso de que se incurra en racismo o discriminación, según sus artículos 16 y 23.
Las organizaciones rechazaron la invitación de la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Yoriko Yasukawa, para participar en el Reglamento de la ley considerando que se buscaba el aval de las mismas.
El Gobierno promulgó el Reglamento el 5 de enero. Mantiene las sanciones contra los periodistas, aclara que la suspensión de licencias a medios irá de 150 a 360 días y obliga a los periódicos a publicar gratuitamente hasta una página mensual con información educativa contra el racismo y la discriminación. La radio deberá dedicar, como mínimo, 40 minutos al mes y la televisión 20 minutos con mensajes educativos en horarios estelares.
Aún no se registró ningún proceso judicial al no estar en funciones el comité que controlará los supuestos delitos. No se descarta la posibilidad de que las sanciones puedan aplicarse por infracciones al reglamento cometidas a partir del 5 de enero de 2011.
Las organizaciones periodísticas, en un intento por revertir los artículos 16 y 23 de esa ley, recolectaron firmas de la población en todo el país y presentaron al Órgano Legislativo el 30 de noviembre de 2010 una solicitud constitucional de Iniciativa Legislativa Ciudadana para restaurar la libertad de expresión.
El presidente del Congreso y vicepresidente del Estado, Álvaro García, respondió que no se podía considerar una iniciativa semejante porque no había una ley que regule el derecho a la Iniciativa Legislativa Ciudadana.
El presidente Evo Morales acusó a quienes apoyaron al periodismo con sus firmas para la eliminación del artículo 16 y la modificación del 23 de ley antirracismo, como racistas y dijo el 23 de noviembre del 2010 que la mejor oposición que tiene su Gobierno son los medios de comunicación.
El 6 de enero, uno de los periodistas más críticos del Gobierno, Humberto Vacaflor, fue acusado por el presidente Morales, de mentiroso.
El 10 de febrero, el periodista Carlos Valverde denunció ser víctima por la discriminación en la distribución publicidad oficial, una práctica común del Gobierno central y de gobiernos departamentales y municipales.
Las agresiones físicas contra periodistas recrudecieron en Cochabamba, donde fueron agredidos tras marchas y manifestaciones de parte de choferes y ocupantes de terrenos.
El acoso judicial y fiscal a periodistas y medios se ha convertido en otra forma de intimidación.
El 18 de enero, el periodista de TV, John Arandia fue citado por el Fiscal Marcelo Sosa para que revelara la fuente que le entregó un video sobre un presunto soborno gubernamental a un supuesto testigo clave de un caso de terrorismo.
El 9 de febrero, el general José Antonio Ágreda Mendívil, segundo comandante del Ejército, inició un proceso, contra el juez Omar Dorado porque rechazó un juicio ordinario por desacato contra el diario El Deber por carecer de competencia al estar en vigencia la Ley de Imprenta. El militar pretendía una alta indemnización por una tira cómica en que se dio por involucrado en malos manejos de fondos, sin que citaran nombres.
El 11 de marzo, el periodista Mario Caro Martínez fue acusado por la Fiscalía de desacato por el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación del departamento de Potosí, Felipe Castro, por haber denunciado que fue destituido en una gestión anterior por supuesto acoso sexual.
El 15 de marzo, el nuevo Comandante de la Policía Boliviana, Ciro Farfán, abrió un proceso en la justicia ordinaria contra la periodista Amalia Pando por permitir que en su programa de radio una tercera persona acusara al policía de abuso de poder.
Las frecuentes alusiones al periodismo por parte del presidente Morales y sus ministros de Gobierno, Sacha Llorenti y de Economía, Luis Arce, en sentido de que el periodismo es responsable de la generación de conflictos, del alza de precios de productos de primer necesidad y de la escasez de alimentos, fue interpretada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como una campaña para desacreditar el periodismo.
Se observa con preocupación que un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, presentado en agosto de 2010 a la Cámara de Diputados por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, no figura para ser tratado en el parlamento este año.
En ese listado, tampoco está la ley reglamentaria del derecho constitucional de Iniciativa Legislativa Ciudadana.
A pesar de los reiterados pedidos públicos de la ANP y de la SIP, las autoridades no han hecho nada para esclarecer el asesinato del periodista Carlos Quispe Quispe, ocurrido el 29 de marzo de 2008, a causa de una golpiza en la localidad altiplánica de Pucarani. Una turba del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), disidente del Alcalde de esa población, ingresó a la radio de la Alcaldía y emprendió a golpes contra el periodista que murió cuatro días después, en un hospital de La Paz.
FUENTE: nota.texto7
