CONSIDERANDO que los bloqueos sufridos recientemente por los diarios Clarín, La Nación, Olé, La Voz del Interior y Día a Día -los cuales llegaron a demorar e impedir la circulación de los periódicos- constituyen un agravio constitucional y un delito que afecta derechos fundamentales de un sistema democrático, como lo es la libre circulación de ideas y el derecho a la información;
CONSIDERANDO que ninguna razón, sea cual fuera su naturaleza, justifica cometer tamaño atropello a las libertades y derechos constitucionales antes mencionados;
CONSIDERANDO que ante los bloqueos sufridos, preocupó la inacción de las autoridades, que no actuaron pese a la existencia y de fallos judiciales que obligaban a evitar estas medidas y garantizar la circulación de las publicaciones;
CONSIDERANDO que estas y otras hostilidades contra la prensa se han intensificado y continúan replicándose de manera sistemática, en un clima de intolerancia y agravios de parte de referentes del gobierno nacional y sus grupos políticos más cercanos;
CONSIDERANDO que periodistas y medios han sido víctimas, por parte de un grupo sindical aliado al gobierno, de recientes y violentas amenazas en caso de publicar información sobre sus dirigentes, intimidación de una gravedad que no registra antecedentes desde el retorno democrático;
CONSIDERANDO que diferentes periodistas y editores han denunciado ser blanco de una campaña de desprestigio y difamación pública, por parte de medios estatales y oficialistas que se encargan de injuriarlos y estigmatizarlos por el sólo hecho de hacer públicas sus opiniones;
CONSIDERANDO que otros profesionales han denunciado ser perseguidos por parte de servicios de inteligencia y asediados por otros organismos del Estado, que actuaron sobre ellos con requerimientos impositivos y administrativos, como represalia por haber vertido expresiones contrarias al discurso oficial;
CONSIDERANDO que periodistas siguen siendo objeto de ofensas verbales por parte de funcionarios nacionales, además de que se les obstruye e impide el libre acceso a las fuentes de información pública;
CONSIDERANDO que persisten los acosos del gobierno hacia la empresa Papel Prensa cuyos socios mayoritarios son los diarios La Nación y Clarín;
CONSIDERANDO que el Gobierno continúa haciendo uso de los medios de comunicación del Estado, como medios de propaganda oficial y de apoyo explícito a su gestión de manera indebida;
CONSIDERANDO que el Art. 6 de la Declaración de Chapultepec establece que los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan;
LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE:
reclamar a las autoridades el cumplimiento de sus deberes y obligaciones para evitar futuros obstáculos y trabas para la libre circulación de los diarios;
exigir el acatamiento de todos los fallos judiciales emitidos que disponen impedir este tipo de protestas en las puertas de las plantas impresoras;
exigir a las máximas autoridades del país que cumplan con su obligación de garantizar el libre ejercicio del periodismo, sin amedrentamientos ni amenazas de represalias que los periodistas y los medios puedan llegar a recibir por las investigaciones u opiniones que difundan públicamente.
FUENTE: nota.texto7
