Colombia

Los abogados de la defensa anunciaron que apelarán la decisión que es de primera instancia. Esta decisión se presenta seis meses después de que la Fiscalía los vinculara mediante indagatoria, en octubre 30 del año pasado.

Sin embargo, a pesar de que en junio de 2010, la Dirección Nacional de Fiscalías, dispuso, por solicitud de la SIP, impulsar 27 procesos de casos de crímenes contra periodistas, los resultados no han sido los esperados.

En materia legislativa hay que destacar la aprobación de varios proyectos de ley con normas importantes para la prensa.

Se aumentó de 20 a 30 años la prescripción para los delitos de homicidio y secuestro cometidos contra personas que por su actividad tienen una especial protección del Estado, como en el caso de los periodistas.

El 29 de diciembre de 2010 se eliminaron incentivos económicos establecidos hace varios años en favor de demandantes, en las denominadas acciones populares. Estos permitieron que gran cantidad de abogados demandaran constantemente a los periódicos solicitando el retiro o modificación de contenidos informativos y publicitarios que los demandantes reclamaban les afectaban sus derechos.

Las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales fueron excluidos de manera expresa en el Proyecto de Ley que reglamenta el hábeas data. Este proyecto se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

En el proyecto de reforma política, aprobado en diciembre de 2010, se eliminó la norma que imponía a los periódicos la obligación de otorgar descuentos superiores al 50% en la propaganda electoral.

En el proyecto de ley anticorrupción, actualmente en trámite en el Congreso de la República, se incluyó una norma que busca que la contratación de la publicidad oficial se someta a criterios preestablecidos, claros, objetivos y transparentes.

A pesar de los avances logrados en esta legislatura, preocupan los permanentes y frecuentes intentos de los legisladores de imponer a los medios de comunicación obligaciones y prohibiciones sobre contenidos, afectándose la autonomía editorial.

La mayoría de las propuestas están insertadas en proyectos de ley que persiguen fines loables, y que por tanto encuentran gran respaldo y dificultan la comprensión del daño que causaría la censura de contenidos periodísticos.

Estos proyectos tienen que ver con temas relacionados, por ejemplo, con niñez y adolescencia; lucha contra la discriminación de los jóvenes; racismo y discriminación racial; discriminación por razones de sexo o edad; actos de crueldad o tortura contra animales; tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, violencia y seguridad vial, y los que prohíben la divulgación de publicidad relacionada con bebidas alcohólicas y juegos.

Causa inquietud el proyecto de ley No 221 del Senado, presentado por quinta vez en el Congreso, el cual, desconociendo la Constitución colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, revive la colegiatura y la tarjeta profesional, consagra la objeción y la cláusula de conciencia y faculta a los Tribunales de Honor para imponer sanciones a los periodistas.

Continúa el acoso judicial contra medios de comunicación y periodistas, mediante el uso y abuso de acciones judiciales, especialmente acciones de tutela y acciones de calumnia e injuria. Estas últimas contra columnistas, como es el caso del proceso contra Claudia López, uno de los casos que más expectativa generó entre la opinión pública y fue fallado en definitiva en febrero pasado. La periodista había sido denunciada en 2006 por el ex presidente, Ernesto Samper al considerar que se le había afectado su honra y buen nombre por una columna publicada en el periódico El Tiempo. El juez 23 Municipal de Bogotá resolvió el caso absolviendo a la periodista de los cargos de injuria y calumnia considerando que no había elementos suficientes para aceptarlos, después de un proceso que duró más de cuatro años en los estrados judiciales. El fallo señala que se dio más importancia a la libertad de opinión, resaltando que las personas que voluntariamente asumen parte de su vida como pública deben tener mayor tolerancia con la crítica. La representación del ex presidente Samper y la Fiscalía habían solicitado la condena de la periodista argumentando que la libertad de prensa no constituye un derecho absoluto.

Respecto de acciones civiles, se impuso una cuantiosa condena de once millones de pesos al Meridiano de Córdoba, pequeño diario del norte colombiano, por la publicación de la fotografía de una persona asesinada en cuyo titular y pie de foto se incurrió en un error respecto del nombre y se atribuyó un alias que no le correspondía. A pesar de que el error que fue corregido por el periódico de manera voluntaria tan pronto tuvo conocimiento del mismo, el juez consideró que debían repararse los perjuicios morales ocasionados a la familia.

Hay que resaltar que varios acontecimientos ocurridos en este último período han ayudado en la lucha contra la impunidad en Colombia. El hecho de que las investigaciones y procesos contra varios de los acusados en el escándalo de las “chuzadas” del DAS hayan seguido su curso, inclusive con condenas en contra de varios de los funcionarios que ordenaron seguimientos y vigilancia sobre comunicadores, funcionarios públicos, miembros de los partidos de oposición, etc., se considera un paso adelante en la lucha contra la impunidad.

En diciembre de 2010 el Departamento Administrativo de la Función Pública estableció los lineamientos que deberán tener en cuenta las entidades públicas de los niveles nacional y territorial para realizar los programas de inducción y reinducción para sensibilizar a sus funcionarios sobre la importancia de facilitar el acceso a la información pública y su responsabilidad en la materialización de ese derecho fundamental. Los programas deberán abordar, entre otros temas, la normativa y la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia, la información pública y reservada y las inhabilidades e incompatibilidades. Se espera que esto contribuya a que las entidades oficiales sean más diligentes y entreguen con mayor facilidad la información solicitada por los medios en cumplimiento de su función.

La Presidencia de la República por intermedio de la Alta Consejería para las Comunicaciones envió el 10 de febrero del presente año una directiva presidencial a los jefes de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales y otras entidades del orden nacional para que se revisen con ese despacho los términos de las campañas publicitarias que se pretenden adelantar, junto con el material objeto de publicación o emisión en medios masivos de comunicación, que incluya los costos de las mismas, con el fin de que se ajusten a las políticas sobre la materia trazadas por la nueva administración.

A finales de octubre próximo tendrán lugar elecciones para escoger gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y Juntas Administradoras locales. El Consejo Nacional Electoral mediante resolución señaló las fechas a partir de las cuales se puede iniciar la propaganda electoral y el número de cuñas radiales, avisos de prensa y vallas publicitarias a que tiene derecho los partidos en contienda. Preocupa, sin embargo, el proyecto de ley en trámite que prohíbe la publicación de encuestas durante los 15 días anteriores a las elecciones.

Otros hechos importantes en este período.

En amenazas y otras violaciones contra la libertad de información, según datos de la FLIP en Colombia en lo corrido del año se han detectado 23 periodistas víctimas de amenazas, dos casos de obstrucción al ejercicio periodístico y cuatro casos de trato inhumano o degradante contra los periodistas.

El 15 de octubre del año pasado, la columnista de El Universal de Cartagena y de la revista Semana, Claudia Ayola Escallón, recibió un correo electrónico en el que es amenazada de muerte el cual decía: “te llegó la hora de pagar por tus escritos”. Su más reciente publicación abordaba temas de violencia de género.

A finales de octubre el presidente Juan Manuel Santos, anunció que el gobierno tenía información obtenida de los computadores incautados en el campamento del “Mono Jojoy” a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se planeaba atentar contra la periodista Olga Cecilia Vega. La mencionada periodista exiliada desde el 2006, ya había sido objeto de atentados y amenazas en el 2002, y también en el 2005 luego de realizar una entrevista al segundo hombre de las FARC en ese entonces, Raúl Reyes, con quien se dijo tenía una relación sentimental que ella siempre negó. Vega actuaba como corresponsal del diario The New Herald en la zona de conflicto de Florencia, al sur de Colombia y a raíz de ello debió dejar el país.

La editora judicial del diario El Tiempo, Jineth Bedoya Lima, fue amenazada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de presentar su libro “Vida y muerte del Mono Jojoy”, a principios de noviembre. En el 2000 fue secuestrada, torturada y violada por un grupo de paramilitares, en hechos que aún se mantienen en completa impunidad. La periodista colombiana es especializada en investigación sobre el conflicto armado.

En la región rural del municipio de Yopal, Casanare, el periodista Rubén Darío Venegas trabajador de la emisora La Voz de Yopal, fue agredido por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía en el curso del cubrimiento de una protesta de un grupo de manifestantes por el mal estado de las vías en esa zona.

El 2 de diciembre de 2010, fue amenazado el periodista Ramón Sandoval Rodríguez, director del periódico El Sabanero, en el municipio Sabana de Torres, Santander, al oriente del país, el mismo sitio donde fue asesinado Mario Prada, director del semanario Horizonte Sabanero en 2002.

En Valledupar, Cesar, el pasado 22 de enero fue amenazado el periodista radial Jaime José Daza cuando llegaba a la emisora Maravilla Estéreo, por dos motorizados, uno de ellos encapuchado. Los sujetos además le robaron el dinero y su grabadora, donde tenía información importante de una investigación que realizaba.

El 17 de febrero, según la FLIP, circuló un correo electrónico en el que se amenaza de muerte a diferentes líderes políticos, organizaciones no gubernamentales, entre estas la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y a cuatro periodistas del país. El escrito, que aparece firmado por el bloque central de las Águilas Negras, señala “amenazas de muerte y aniquilación” contra varias organizaciones sociales y declaran objetivo militar a varias personas, entre ellas, a los periodistas Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER; Hollman Morris, director de Contravía; Daniel Coronell, director de Noticias Uno; Marcos Perales Mendoza, director del periódico Portada de Bucaramanga y la periodista Claudia Julieta Duque de radio Nizkor. Eduardo Márquez, dijo no haber recibido amenazas anteriores pero afirmó que el panfleto aparece en el momento en que FECOLPER viene haciendo seguimiento sobre el asesinato del periodista Clodomiro Castilla en Córdoba y apoyando a varios periodistas en el Tolima, que a su vez han sido testigos en procesos de la parapolítica en del departamento.

En medio del proceso de liberación de tres secuestrados en poder de las FARC en el mes de febrero, la mediadora Piedad Córdoba señaló por Caracol Radio que a la periodista Sugey Rivera, corresponsal de Caracol Noticias en el departamento de Guaviare, al sur del país, trabajaba para las Fuerzas Militares y rechazó su presencia en el lugar de las liberaciones, y calificó el hecho de una grave violación al protocolo de seguridad para las liberaciones.

El 18 de marzo, la periodista Ana Mercedes Ariza, del Noticiero CM&, y el camarógrafo del mismo noticiero, Armando Camelo, en desarrollo de un trabajo periodístico sobre la explotación minera por parte de la multinacional Greystar en la zona de California, Santander, fueron agredidos por pobladores de la zona por considerar que los medios de comunicación hicieron desistir a esa empresa de su solicitud de licencia para la explotación de oro en el Páramo de Santurbán. La acción de la Policía evitó que el incidente fuera de mayor gravedad, pues se intentaba linchar a los comunicadores.

FUENTE: nota.texto7