Ecuador

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Todos los ataques que durante cuatro años emprendió el Gobierno del Ecuador contra la libertad de expresión se concentrarán el próximo 7 de mayo en la consulta y referéndum que ha convocado el presidente, Rafael Correa.

Sustentado en la popularidad que ha logrado con una abusiva promoción de su gobierno personalista, populista y benefactor, abusando de los medios que luego de la incautación a sus antiguos propietarios ahora utiliza el gobierno, Correa aspira a concretar la creación de un ente regulador y controlador de contenidos de los medios y afectar a los propietarios y directivos de estos con una prohibición de que tengan otra actividad económica fuera de la comunicación para supuestamente evitar conflictos de interés.

Esta consulta serviría también para concretar un viejo anhelo presidencial atentando contra la independencia de poderes del Estado, pues el mismo Presidente anunció que esta consulta es para “meterle la mano a la justicia”. La consulta prevé que el Presidente reestructure todas las Cortes del país.

El 15 de febrero, el pleno de la Corte Constitucional aprobó, con ligeras modificaciones, las diez preguntas de referéndum y consulta popular presentadas por el presidente Rafael Correa. Dos de esas preguntas se relacionan con la creación de un Consejo de Regulación capaz de normar la difusión de contenidos en los medios y establecer criterios de responsabilidad ulterior; y con la prohibición de que las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas tengan participación accionaria fuera del ámbito comunicacional.

Previamente, el 17 de enero se conocieron dos de las diez preguntas para consulta popular y referéndum enviadas a la Corte planteando, en su pregunta cuarta, que “con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación”, se dicte una ley que cree “un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores”. La tercera pregunta de la sección “Enmiendas Constitucionales” plantea para referéndum que, “con la finalidad de evitar conflicto de intereses... se prohíba a las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, ser dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente”.

Días posteriores a la aprobación de las preguntas, Correa afirmó que la que crearía el ente regulador de medios en la consulta popular es para que “la prensa no se convierta en la Corte Suprema de este país”. Seguidamente reprochó a las presentadoras de TV por opinar sobre la constitucionalidad de las preguntas de la consulta, aludiendo que ahora “estas chiquitas guapitas son expertas en derecho constitucional”. “Cualquier coloradita guapita, porque presenta noticias entonces ya se convirtió en experta constitucional. Esto es una muestra de la corrupción y falta de profesionalismo de nuestra prensa”.

En medio de la campaña electoral por la consulta, Correa encabeza el aparato estatal de constantes agresiones a periodistas. Enjuició a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por supuesto “daño moral”. El motivo es la publicación del libro El Gran Hermano, que evidenció los contratos que manejaba Fabricio Correa, su hermano, con el Estado ecuatoriano. Estos contratos sumarían unos 700 millones de dólares, según la comisión investigadora nombrada por el propio presidente.

Correa les exige una indemnización por 10 millones de dólares por haber sido “sujeto de una gran humillación”, “una grave aflicción social, moral y desprestigio”, lo que le causó “gran sufrimiento, angustia y dolor”. Días después Correa dijo que si los periodistas pedían perdón, él retiraba el juicio, lo cual fue rechazado por los comunicadores.

Correa también acudió a la justicia para que se castigue a Emilio Palacio, articulista de El Universo, por una columna de opinión en la que se refiere al 30 de septiembre, e hizo extensiva la demanda por supuesta “coparticipación” a la empresa editora y a los tres principales directivos de ese diario: los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, para quienes no solo pide tres años de prisión por “injuria calumniosa”, sino también que se les ordene pagarle un total de 80 millones de dólares para corregir el supuesto daño moral. Recurrió también a la amenaza de juicio contra Marcos Sovenis, un ciudadano que lo llamó “fascista”. Antes de la amenaza de juicio presidencial, Sovenis fue golpeado en la cabeza, espalda, cuello, abdomen (con efecto en hígado y riñones) por la escolta de Correa.

Al ambiente de persecución al pensamiento divergente y a la libertad de expresión de medios y ciudadanos, la segunda mitad del 2010 dejó también más presos que se autocalifican de políticos, y a los que el Gobierno acusa de acciones “conspiradoras”. El coronel de Policía César Carrión lleva meses tras las rejas acusado de magnicidio, luego de que dio a la CNN su versión de lo ocurrido en el hospital de la Policía aquel 30 de septiembre, en el que la policía se sublevó y terminó con un rescate a bala del presidente. El mandatario rechazó y desmintió lo que Carrión dijo a la CNN el 20 de octubre.

Fidel Araujo, dirigente del partido opositor Sociedad Patriótica, es otro de los blancos de los ataques de Correa por haber estado afuera del sitio donde se produjo la rebelión policial. Se lo acusa de planificarla, sin que se hayan mostrado mayores pruebas. También hay un numeroso grupo de policías activos encarcelados.

El 17 de diciembre la revista Vanguardia, crítica con el régimen, fue objeto de una agresiva irrupción policial donde fueron embargados sus bienes. El Gobierno reclamaba el pago del arriendo del local de propiedad del Estado que ocupaba en Quito, pero la revista insistía en no tener deuda. Los computadores fueron desalojados con toda la información que poseían y aún no han sido devueltos.

Otros hechos relevantes en orden cronológico:

El 8 de noviembre del 2010, el periodista Wilson Cabrera, dueño de La Voz de la Esmeralda Oriental Canela, de Macas, provincia de Morona Santiago, denunció que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le negó la renovación de la frecuencia. Esto responde, aseguró Cabrera, a represalias por las críticas que hace su espacio 'Primera Plana'.

El 13 de noviembre, diario El Comercio de Quito denunció una campaña de desprestigio en su contra. Los medios bajo control estatal, dijo El Comercio, reprodujeron una nota sobre una presunta evasión tributaria del periódico, aun cuando el hecho se encontraba en fase de investigación y sin ningún contraste con la fuente.

El 16 de noviembre, las oficinas de diario El Universo en la ciudad de Quito fueron violentadas por sujetos desconocidos que rompieron una de las puertas de acceso al edificio.

El 19 de noviembre, la ministra de la Política, Doris Soliz, solicitó la información (copias de cheques y facturas) sobre los contratos de publicidad suscritos entre diario El Universo y el activista opositor Carlos Vera, quien lideró un pedido de revocatoria del mandato presidencial. La solicitud no tenía base legal por ser un contrato privado.

El 23 de noviembre, el periodista deportivo Rómulo Barcos fue amenazado de muerte durante la marcha en contra de la inseguridad que se realizó en la ciudad de Guayaquil. El comunicador, cuyo único hijo fue asesinado el 20 de noviembre a manos de delincuentes, estuvo entre los organizadores de la movilización.

El 26 de noviembre, Juan Alcívar, corresponsal de diario La Hora y periodista de radio El Nuevo Sol fue agredido físicamente, insultado y amenazado de muerte presuntamente por Ronald Lara Heras, primo del alcalde, y otros tres sujetos en la localidad de La Concordia, ubicada a 318 kilómetros de Quito.

El 21 de noviembre, Emilio Palacio, articulista de diario El Universo, denunció a través de su columna que Gutemberg Vera, abogado de varios funcionarios del Gobierno, “se acercó a la Fiscalía para exigir que investiguen a Palacio por el delito de conspiración para adulterar documentos públicos”.

El 2 de diciembre, Guido Manolo Campaña, periodista de diario El Universo, fue secuestrado mientras investigaba en la provincia de Esmeraldas la adulteración de identidad por parte de un jugador de fútbol. Lo retuvieron durante seis horas, tiempo en el que lo ataron, golpearon y amenazaron. Antes de dejarlo en libertad le advirtieron que lo matarían y atentarían contra su familia si se hacía pública la investigación. La información sí salió publicada y no existieron represalias, tampoco investigaciones fiscales ni policiales del hecho.

El 3 de diciembre, el asambleísta de oposición Galo Lara acusó de persecución a tres supuestos funcionarios de la Presidencia de la República y logró que la Policía los detuviera. Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del Gobierno, llegó a la comisaría a defenderlos y aseguró que eran tres periodistas de Gama TV, canal incautado por el Estado.

El 17 de diciembre, un informe de Human Rights Watch cuestionó la intención del gobierno de Rafael Correa de controlar minuciosamente las actividades de las organizaciones no gubernamentales, así como de disolver aquellas que hagan proselitismo político. Las organizaciones internacionales interesadas en realizar actividades en Ecuador también estarían sujetas a ese control.

Durante el mes de diciembre, y por dos ocasiones consecutivas, se incumplió la orden del Juez Primero de Garantías Penales del Guayas, Ángel Rubio, para que el personal de la revista Vanguardia pudiera sacar un respaldo de la información periodística contenida en los discos duros de los 25 computadores embargados.

El 20 de diciembre, la página web ecuadorinmediato.com deploró las expresiones consideradas ofensivas en contra del portal por parte del coronel Lucio Gutiérrez sobre la publicación de un cable de Wikileaks, en donde se menciona que se reunió con el embajador de Estados Unidos en Colombia.

El 21 de diciembre, Fabricio Lapo, corresponsal del canal Ecuavisa y Miguel Lituma, redactor del rotativo Opinión de la localidad de Machala, denunciaron que la Comandancia de Policía del lugar dispuso la prohibición de que los comunicadores cubrieran esa fuente, como represalia por haber publicado datos que calificó de “confidenciales”.

El 30 de diciembre, Enrique Arosemena, gerente general de Ecuador TV, canal creado por el gobierno de Rafael Correa, denunció que fue amenazado a través de una llamada telefónica en la que le manifestaron que “no joda más a Pablo Guerrero”, acusado de haber irrumpido en las instalaciones de la televisora, el pasado 30 de septiembre.

El 3 de enero del 2011, Elizabeth Cárdenas, jueza adjunta del Juzgado Primero del Trabajo, rechazó la Acción de Protección presentada por Wilson Cabrera, periodista y propietario de la radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela, luego de que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dispusiera que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) clausurara la estación que funciona en la ciudad amazónica de Macas.

El 31 de enero, por tercera ocasión el Gobierno interrumpió el programa 'Los Desayunos de 24 Horas', de Teleamazonas, con el objeto de cuestionar los comentarios y las opiniones vertidos por la conductora María Josefa Coronel o por uno de sus invitados. La primera ocasión, el 18 de enero, cuestionó la forma en que Coronel trató la evaluación a la gestión presidencial. La segunda vez, el 25 de enero, la calificó como un actor político de oposición, y luego presentó a mujeres de condición humilde opinando en contra de la presentadora.

El 2 de febrero, José Acacho, ex director de la radio La Voz de Arutam y dirigente de la Federación Shuar, es detenido por el proceso que se sigue en su contra, acusado de sabotaje y terrorismo por, supuestamente, incitar a protestas a través de la emisora, durante el paro amazónico del 30 de septiembre del 2009, en donde murió el profesor Bosco Wisum.

El 7 de febrero, diario El Universo denunció en sus páginas el impedimento de acceso a la información pública tras la negativa, de dos notarías de Quito, de entregar una copia de la declaración juramentada de los bienes del canciller Ricardo Patiño, quien también ha sido ministro de otras áreas en el gobierno de Rafael Correa.

El 10 de febrero, el equipo periodístico del canal Telemar, de la ciudad de Esmeraldas, fue agredido por el agente fiscal Jhonny Bedoya y un policía, quienes intentaron arrancar la videocámara e impedir que se grabaran imágenes, durante un operativo policial. El fiscal exigió que se borrara el material y dispuso a los uniformados que quitaran la cámara, manifestando que “estaba incautada”.

El mismo día, el programa de opinión 'Contacto Directo', de Ecuavisa, fue interrumpido durante casi diez minutos, por un espacio gubernamental dedicado a criticar al ex presidente Lucio Gutiérrez, quien fue invitado un día antes a ese mismo programa.

El 15 de febrero, el espacio de noticias de radio Quito fue interrumpido durante quince minutos por una “cadena” gubernamental dedicada a criticar, cuestionar y descalificar la entrevista que realizó un día antes Miguel Rivadeneira, periodista y director de la estación radial, al coordinador de la veeduría que investigó los contratos del hermano del presidente, Fabricio Correa, con el Estado.

El 16 de febrero, un espacio gubernamental interrumpió, durante casi diez minutos, el programa de opinión de radio Democracia conducido por Gonzalo Rosero, para descalificar al asambleísta de oposición Galo Lara, quien fue entrevistado el día anterior en ese noticiario.

El 20 de febrero, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, también tildó de “sicarios de tinta” a diario El Universo y a su articulista Emilio Palacio, a la revista Vanguardia, a José Hernández, subdirector de diario Expreso, y a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Alvarado dijo que son “sicarios de tinta y mercaderes de la información porque asesinan la verdad por interés comercial”.

El 21 de febrero, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, denunció ante la Superintendencia de Telecomunicaciones que la estación televisiva Ecuavisa cometió una falta al superponer un grafismo con el texto 'Cadena del Gobierno', durante la transmisión de una cadena gubernamental.

Ese mismo día, Ángel Benalcázar, periodista del canal Megavisión de Esmeraldas, y el camarógrafo Lizandro Loor fueron amenazados e impedidos de realizar una cobertura durante un evento en el Municipio de Quinindé, donde se exponía la socialización del funcionamiento de una subestación eléctrica.

El 26 de febrero, el presidente Correa llamó a diario El Universo “conspirador”, “irresponsable” y lo acusó de “sembrar cizaña” por, supuestamente, emprender una campaña para indisponer a los miembros de la Policía contra el Gobierno, tras publicar lo que el mandatario calificó de rumores y declaraciones sacadas de contexto, por futuros cambios que el ejecutivo emprenderá en la estructura policial. El jefe de Estado reiteró los calificativos en contra de la prensa, a la que llamó “corrupta”, “amarillista” y “manipuladora”.

Siete días después, el 5 de marzo, el presidente Correa, durante su enlace sabatino, anunció que enjuiciará penalmente a cualquier persona que pretenda insultarlo y confirmó la querella penal en contra de Marcos Sovenis, porque llamarlo “fascista” es un delito y criticó a la prensa por decir que se atentó contra un ciudadano que expresó su pensamiento.

El 2 de marzo, se emitió una segunda cadena gubernamental para cuestionar el programa 'Contacto Directo' de Ecuavisa. La primera cadena del 28 de febrero, al igual que esta, fue destinada a cuestionar al periodista Alfredo Pinoargote, de quien dijeron que lanzó comentarios “fuera de toda lógica”.

El 5 de marzo, el primer mandatario también dedicó una parte del enlace ciudadano de los sábados para criticar a Pinoargote con un video con contenido similar al de las dos cadenas. Correa insinuó que Pinoargote es un “recadero de los poderes locales” y hasta cuestionó su coeficiente intelectual: “Este Pinoargote tiene inteligencia promedio. Se cree inteligente; no es ni tonto ni inteligente, pero por la mala fe se vuelve ya hasta torpe...”, dijo el mandatario, refiriéndose a la entrevista que hizo el comunicador al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

Ese mismo sábado, el presidente Correa volvió a estigmatizar el trabajo de los medios de comunicación privados a los que acusó de “manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta y golpistas”. Criticó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibirle hacer campaña en sus enlaces sabatinos y afirmó que la medida responde “a las presiones de la prensa corrupta porque tienen temor de lo que diga el presidente”. Calificó de mentirosos y manipuladores los artículos de los diarios El Comercio y La Hora y de la revista Vanguardia, sobre el bajo nivel de audiencia en los enlaces sabatinos.

El presidente Correa acusó a diario El Comercio de haber incitado al asesinato del general Eloy Alfaro con un artículo publicado el 11 de enero de 1912, y afirmó que los medios de comunicación “siempre han sido así, sembradores del odio, cómplices de asesinato y después se rasgan las vestiduras en nombre de la libertad de expresión”.

Después acusó a diario Hoy de golpista por una caricatura que indica que “Correa está harto de la Marina”, y aprovechó para culpar una vez más a los medios de comunicación de haber estado detrás de lo sucedido el 30 de septiembre.

Y pese a que todas sus demandas Correa las presenta como ciudadano, “a título personal”, el 28 de marzo del 2011, el Gobierno dedicó una cadena nacional de televisión para cuestionar y criticar a los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, que revela contratos suscritos entre Fabricio Correa, hermano del presidente, y el Estado.

Durante la cadena, que duró cerca de seis minutos, se afirmó que los autores del libro “mienten y no pueden demostrar sus afirmaciones”, respecto a una cita en la que se dijo que “Rafael Correa sí conocía” de dichos contratos.

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