Honduras

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La libertad de expresión y de prensa ha sufrido un alarmante retroceso, en medio de una sociedad polarizada. Los asesinatos de 11 periodistas en el último año y medio siguen en la impunidad; los ataques contra medios de comunicación no han cesado; las agresiones, intimidaciones y amenazas a reporteros y ejecutivos de medios de comunicación han continuado, como consecuencia de la crisis política de junio de 2009 y del repunte del crimen organizado y el narcotráfico. La presión internacional obligó al Gobierno a anunciar a través del ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, la integración de un equipo especial para investigar los asesinatos de periodistas, pero no ha explicado ni detallado su operación. En marzo el Estado se comprometió ante la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza a luchar contra la impunidad y a proteger a los periodistas. Sin embargo, el viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, aseguró que ninguno de los asesinatos ocurridos en 2010 estaba relacionado con el ejercicio de su profesión. Para fines de 2010 se registró la detención ilegal de tres comunicadoras, la agresión a un reportero gráfico, una amenaza de secuestro a un reportero, una amenaza a muerte contra un periodista radial, contra un grupo de comunicadores de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), dos actos de censura y una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiéndole al Estado protección para un comunicador. Este año las radios comunitarias recibieron las mayores amenazas. También destacan el cierre del acceso que tenían los periodistas a una oficina pública, una denegatoria de información pública por parte del Congreso Nacional, una determinación judicial que ordena a una Alcaldía entregar la información pública y una amenaza a un defensor de los derechos humanos. Cronología de violaciones más importantes a la libertad de prensa El 14 de octubre, el periodista Óscar Calona, de la radioemisora HRN, denunció ante la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) amenazas a muerte, las cuales comenzaron luego que grupos seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya lo acusaron de haber sugerido al empresario Adolfo Facussé que “mandara a matar” al polémico reportero José Luis Galdámez. El 14 de octubre, Facussé y Galdámez se enfrentaron verbalmente en los pasillos de Casa Presidencial. El 18 de octubre, la periodista Catherine Izaguirre, quien trabaja en el programa “En foro” que se transmite por Globo TV, denunció que ese día varios sujetos armados la retuvieron por más de una hora, la amenazaron, le robaron su cámara y abandonaron en un callejón de una colonia de Tegucigalpa. El 26 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó una moción que busca regular la publicación de noticias sobre hechos policiales en los que se expone a las víctimas de la violencia. La moción la presentó el diputado Midence Oquely Martínez Turcios y el Congreso nombró una comisión especial para buscar la aprobación de la norma. El 26 de noviembre, la intolerancia del gobierno de Porfirio Lobo Sosa se evidenció cuando la Secretaría del Interior y Población le canceló la ciudadanía hondureña- por naturalización- a Federico Alvarez, ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),quien tiene más de 40 años de residir en el país. Aunque el ministro del Interior y Población, Africo Madrid, justificó la determinación, aduciendo inconsistencias en los trámites realizados por Alvarez; la decisión tenía otra connotación, la de limitar su libertad de expresión. Álvarez tiene una columna en un periódico de la capital en la que ha expresado su rechazo a ciertas posiciones del actual Gobierno. De acuerdo con el acta No 2-2010, de la Secretaría de Gobernación y Justicia (hoy Secretaría del Interior) en la ciudad de Tegucigalpa, el 26 de enero de 2010, Alvarez y otros ciudadanos fueron naturalizados, tras jurar "ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes y cumplir con mis deberes ciudadanos". A pesar que los trámites fueron concluidos, el ministro del Interior asegura que Álvarez, de origen costarricense, nunca terminó el procedimiento y además los documentos presentados no estaban bien sustentados. Diversos sectores consideran que esta acción no es más que una muestra de intolerancia porque Alvarez formó parte de la Unión Cívica Democrática (UCD) que ha cuestionado decisiones del Presidente. Al ser residente extranjero, Alvarez tiene ahora limitada sus expresiones en material política, a pesar de haber recibido reconocimientos y condecoraciones de distintos gobiernos hondureños por sus aportes al país. El 14 de diciembre, la periodista Gilda Silvestrucci y su colega Danilo Osmaro Castellanos, quienes dirigen en Radio Globo el programa “En la plaza”, denunciaron que fueron censurados. A través de un operador, el propietario de la radio, Alejandro Villatoro, les ordenó que dejaran de criticar la poca transparencia del Congreso Nacional en la entrega de bonos. El 14 de diciembre, la Sociedad Mercantil Teleunsa, del empresario Elías Asfura, presentó ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 161-2010 que le confisca la frecuencia de Canal 8 para ser utilizada por la Presidencia de la República. El recurso fue admitido en febrero por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y está en proceso de sentencia. El 9 de septiembre el Congreso Nacional, mediante la aprobación del decreto, le quitó a Teleunsa el derecho de operar la frecuencia de Canal 8, la cual le había sido entregada tras una sentencia judicial firme. Tras admitir la demanda, la Sala Constitucional solicitó al Congreso Nacional, remita un informe sobre los antecedentes del proceso de aprobación de dicho decreto. Al legislativo se le concedió un plazo de cinco días para que envíe a la Sala Constitucional la documentación solicitada. Luego de cumplir este paso, la Sala de lo Constitucional tenía previsto solicitar a la Fiscalía de Defensa de la Constitución una opinión sobre si procede o no declarar la inconstitucionalidad del decreto, sin embargo el trámite no se realizó debido a un escrito de solicitud de personamiento interpuesto ante la secretaría de dicha sala. El proceso sigue su curso y se desconoce cuándo se dictará sentencia. El 15 de diciembre, policías agredieron física y verbalmente a Marlin Herrera, fotógrafo de diario El Heraldo, en la zona sur del país. El hecho se produjo mientras los gendarmes realizaban el desalojo de un grupo de pobladores que se habían tomado una vía pública. El 15 de diciembre, Elba Yolibeth Rubio y Elia Xiomara Hernández, corresponsales de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande, situada en la isla del Pacífico, fueron arrestadas durante una operación de expulsión de una familia de un terreno dirigida por la Policía Preventiva y la Fuerza Naval. Luego en enero, un tribunal dictaminó que los periodistas deben pedir permiso judicial para trasladarse fuera de su área y no pueden participar de manifestaciones públicas. El 22 de diciembre, la CIDH pidió al Estado proteger la vida y la integridad física del periodista José Luis Galdámez Álvarez y sus familiares. El 22 de diciembre, el periodista Eduardo David Ardón denunció ante el Comité por la Libre Expresión que tres sujetos fuertemente armados intentaron secuestrarlo. Ardón, conductor del programa “Análisis y reflexiones” de Radio Uno, en San Pedro Sula, denunció que el 21 de diciembre al llegar a su trabajo tres hombres “me atacaron, me robaron dinero en efectivo y 15 mil lempiras en cheques” y le dijeron que “ya no te queremos escuchar en la radio”. El 28 de diciembre, el comunicador Henry Suazo, corresponsal de la radioemisora capitalina HRN en San Juan Pueblo, fue acribillado a tiros cuando salía de su casa en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida, por dos personas que iban en bicicleta. Suazo, además de laborar como corresponsal para HRN, trabajaba en la cadena Cablevisión del Atlántico, en La Masica. El hecho ocurrió en la colonia Mario Ayala en la mañana. Suazo había denunciado en los medios donde laboró haber recibido amenazas de muerte. El 29 diciembre, la Asociación de Prensa Hondureña (APH) denunció amenazas de muerte ante el Ministerio Público, proferidas por Mario Francisco Coto Arce, subgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en Puerto Cortés. Los miembros de la APH se encontraban reunidos en el cuartel del Cuerpo de Bomberos cuando Coto entró y profirió insultos contra los periodistas. “Nos gritó que éramos unos perros y dando golpes en la mesa nos gritó que mandar a matar a un periodista era lo más fácil para él”, relató Mario Alberto Cano, presidente de la ANH en esa ciudad. El 5 de enero, dos individuos vestidos con uniforme del Servicio de Medición Eléctrico de Honduras irrumpieron en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras en La Esperanza, Intibucá, al noroeste de Tegucigalpa. Amenazando a las personas presentes, los asaltantes cortaron la luz del local, sacando del aire las radios comunitarias Guarajambala y La Voz Lenca. El 14 de enero, la emisora Radio Faluma Bimetu -Radio Coco Dulce-, propiedad de los pobladores de la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Atlántida, dejó de funcionar temporalmente ante las amenazas de las autoridades locales y policiales. Una delegación del municipio de Tela, acompañada de policías, quiso imponer un nuevo patronato. Ante la oposición de los pobladores, los visitantes amenazaron con quemar la emisora, la que empezó a transmitir el 26 de enero, 12 días después de su autocierre. El 27 de enero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sobreseer el recurso de amparo que contra una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) interpuso el abogado Carlos Enrique Ortiz Osorio a favor de la Corporación Municipal de Oropolí, El Paraíso. El fallo de la Sala de lo Constitucional dejó firme la resolución del Pleno de Comisionados del IAIP que establece la obligatoriedad del alcalde de Oropolí, Juan Carlos Chávez, de entregar la información pública solicitada el 17 de mayo de 2010 por el Comité de Auditoría Social de la comunidad. El 4 febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) colocó en su sitio web un anteproyecto de resolución donde se contempla suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de poca potencia, denunció Alfredo López, coordinador de Proyectos de Comunicación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). El 18 de febrero, el Congreso Nacional se negó a cumplir con una solicitud de información pública que le presentó la edición digital revistazo.com<http://revistazo.com>. Este medio de comunicación pidió al Legislativo los nombres, montos y proyectos en los cuales las y los diputados utilizaron el dinero que se les brindó en concepto de subsidios entre el año 2006 y 2010. Ante la negativa, el peticionario interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) un recurso de revisión el cual fue declarado con lugar. El IAIP ordenó al Congreso Nacional entregar la información solicitada, sin embargo las autoridades del Legislativo no cumplieron. Este hecho sucede a pocos días después de que el mismo IAIP calificó al Congreso Nacional con un 90 por ciento, ubicándolo entre las instituciones más transparentes, a pesar de que es una de las instituciones gubernamentales que opera con gran opacidad en el manejo de su presupuesto. El 23 febrero, el ministro del Interior y Población y el de Seguridad, informaron sobre la creación de una unidad especial para investigar los asesinatos de periodistas, mujeres y miembros de la comunidad gay. Álvarez, ministro de Seguridad, precisó que la unidad estará integrada por 150 investigadores y un grupo de auxiliares de justicia. El 7 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó que los periodistas ya no tengan acceso directo al interior del edificio. Los policías que cuidan la institución explicaron que tienen instrucciones precisas de no dejar entrar a nadie, mientras no sea autorizado por los magistrados.

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