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México

8 de mayo de 2013 - 20:00

Un ambiente de violencia e impunidad es el que envuelve al periodismo, donde los ataques en contra de periodistas y medios de comunicación se han incrementado en los últimos seis meses, al igual que las muertes ocurridas en el escenario de la lucha en contra del crimen organizado, que ha dejado al menos 31 mil víctimas desde que inició hace poco más de cuatro años.

En este período fueron asesinados tres periodistas y uno fue desaparecido, se registraron ocho casos de agresiones y amenazas contra comunicadores, además de cinco casos de ataques a instalaciones de medios electrónicos y escritos.

Más allá de los actos de violencia, también se registraron incidentes que que buscan coartar la libertad de prensa. El 31 de marzo en la madrugada, el periódico Novedades de Quintana Roo, editado por Grupo Sipse, sufrió un boicot por parte de un grupo que consiguió restringir la circulación de la edición de ese día.

En la medianoche, cuando la rotativa imprimía los últimos ejemplares, personas que se presentaron como “muy influyentes”, acudieron al diario para comprar en efectivo todo el producto, solicitud sin precedentes que fue rechazada. Más tarde ese grupo compró todos los ejemplares en todos los puestos de venta, sin que los lectores pudieran acceder a la compra de ejemplares en diversas localidades de la región donde circula el periódico.

A pesar de las acciones del Gobierno federal no se ha podido frenar la impunidad que existe en los crímenes que se han registrado en los últimos años; y los periodistas no tienen garantías para desarrollar su labor, lo que ha llevado a algunos de ellos a abandonar el país y refugiarse en otras naciones. Organismos nacionales e internacionales afirman que México sigue siendo muy peligroso para ejercer el periodismo.

En diciembre del año pasado, se desarrolló el Foro de Editores de Diarios de la Frontera realizado en El Paso, Texas, donde participaron alrededor de 100 editores, periodistas y académicos convocados por la Asociación Americana de Editores de Noticias (ASNE, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Se concluyó que los peores enemigos a los que se enfrentan los medios y periodistas en la frontera norte de México son la impunidad y la violencia generada por el crimen organizado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que en cuanto la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos, durante 2010 se recibieron e investigaron 80 expedientes de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos de periodistas y comunicadores y se emitieron nueve medidas cautelares.

Las agresiones al gremio periodístico no sólo representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho y a la libertad de expresión, sino también, la ineficacia de las autoridades competentes que se traduce en la impunidad, estableció el organismo.

“Es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones a sus derechos humanos, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, en particular, en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo”, subrayó.

Del año 2000 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 608 quejas por agravios a periodistas y registrado 66 homicidios de comunicadores, 12 desapariciones, entre ellos la de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, ocurrida el 2 de abril de 2005.

En los últimos cinco años, también ha registrado 18 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

En ese periodo, las cinco entidades con más agravio de periodistas fueron: Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Chiapas. Y los derechos humanos más vulnerados son a la seguridad jurídica, la libertad, legalidad, integridad y seguridad personal. En la ciudad de Mérida, el 8 de noviembre de 2010 se realizó una reunión de trabajo de la Comisión Especial para dar el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados con integrantes de la SIP.

La presidenta de la comisión, María Yolanda Valencia Vales, presentó el primer informe semestral de actividades del órgano que representa en la que destacó los siguientes puntos: La presentación de diversos puntos de acuerdo para urgir a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a la Procuraduría del Distrito Federal y las Procuradurías de los Estados, para que intensifiquen las labores de investigación y sean resueltos los asesinatos de periodistas.

Hasta la fecha, en México no se ha cumplido con la promesa de impulsar la federalización de los crímenes contra periodistas y la creación de un sistema de protección, como se comprometió el presidente Felipe Calderón, el año pasado, ante delegaciones internacionales de la SIP y del Comité de Protección de los Periodistas.

A nivel nacional, el 24 de marzo de este año, se presentó la segunda edición de “Iniciativa México” que es un programa social a través del cual convoca a ciudadanos e instituciones a participar con testimonios y proyectos que tengan impacto en el futuro del país. Dentro de ese evento, más de 50 medios de comunicación firmaron un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia que se registra en México, que establece los objetivos, principios rectores y criterios editoriales comunes.

Los medios que firmaron ese acuerdo señalan que rechazan la violencia, promueven la participación ciudadana y proponen acciones para preservar la libertad de expresión e informar con responsabilidad. En ese acto estuvieron representantes de la sociedad civil, empresarial y la academia.

Sobre las muertes de periodistas en este período se registraron los siguientes casos:

El 5 de noviembre, el reportero del periódico Expreso de Matamoros del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, Carlos Alberto Guajardo Romero, murió durante un enfrentamiento entre efectivos federales y grupos de sujetos armados. Laboraba para el periódico Expreso de Matamoros.

El 9 de febrero, Rodolfo Ochoa Moreno, de 25 años, quien se desempeñaba como técnico de Multimedios, fue acribillado por un grupo armado que entró a las instalaciones de la radio en busca de equipo.

El 8 de marzo desapareció Noel López Olguín, colaborador de los semanarios La Verdad y Noticias de Acayucan en Veracruz. Su vehículo fue encontrado sin rastros de él.

El 25 de marzo fue asesinado Luis Emanuel Ruiz Carrillo, fotógrafo del diario La Prensa de Monclova, Coahuila. Había sido secuestrado con el conductor de un programa de Televisa Monterrey, José Luis Cerda Meléndez, quien también resultó asesinado. Entre las agresiones a periodistas, se destacan:

El 31 de octubre, Jorge Alejandro Medellín, reportero de la revista Milenio Semanal, recibió amenazas de muerte.

El 11 de noviembre el Diario de Chihuahua denunció que dos de sus reporteros gráficos abandonaron el país tras publicar la foto de un hombre que perdió la vida en un accidente automovilístico y recibir reclamos.

El 1 de diciembre, Anabel Hernández, periodista de la revista virtual Reporte Índigo, solicitó a la CNDH, que intercediera ante las autoridades respectivas para que salvaguardaran su integridad, al considerar que su seguridad personal y la de su familia se encontraban en riesgo.

El 20 de diciembre, en la Ciudad de México, el domicilio del director de la revista Veredicto Popular, Rosario Olán, fue atacado a balazos por desconocidos desde dos vehículos en movimiento.

En enero de este año, el reportero de Milenio Televisión Javier Vega y el camarógrafo Juan Carlos Martínez, fueron agredidos afuera de un rancho en Hidalgo cuya propiedad se atribuye a Martín Esparza. El 1 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició investigación de oficio por la agresión con arma de fuego cometida en contra del corresponsal de la agencia de noticias AP, Oswald Alonso Navarro, y el publicista de Radio Fórmula Morelos, Marco Antonio Vallejo Estrada, quien resultó herido.

El 5 de marzo, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició queja de oficio por el caso de Milton Martínez, asistente de la corresponsalía de Noticieros Televisa en Saltillo, Coahuila, quien fue objeto de mal trato. El reportero fue detenido y posteriormente liberado por elementos uniformados mientras cubría un enfrentamiento de autoridades contra delincuencia en esa entidad.

Ese día se denunció la agresión contra Milton Martínez y Julián Ortega, ocurrida días antes, fotógrafo de El Imparcial, Hermosillo.

También en este semestre se registraron numerosos ataques contra instalaciones de medios de comunicación:

El 10 de noviembre, en Acapulco, Guerrero, sujetos armados dispararon contra las instalaciones del periódico El Sur, causando daños materiales en el inmueble y pánico entre los trabajadores, sin dejar lesionados ni muertos.

El 8 de enero, fueron lanzadas dos granadas a las instalaciones de Televisa en Piedras Negras, Coahuila, sin que llegaran a explotar.

El 10 de enero, autoridades de Nuevo León dieron a conocer que analizaban las medidas de seguridad que se tomarían para proteger a los medios, después de que hombres armados lanzaron una granada contra una sede del periódico local El Norte del Grupo Reforma. El atentado ocurrió en la sección suburbana “La Silla”.

El 31 de marzo, el diario El Norte de Monterrey registró una agresión cuando desde un auto en movimiento, un hombre lanzó una granada contra las instalaciones de la edición La Silla, ubicadas al sur de la Ciudad. No se reportaron personas lesionadas. Éste es el tercer incidente en esta sucursal en los últimos seis meses; el primero fue el 20 de septiembre de 2010, el segundo, el 10 de enero de 2011; en ambos casos sólo se registraron daños materiales.

FUENTE: nota.texto7

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