Este período estuvo marcado por el estado de salud del presidente Fernando Lugo, a quien en agosto último le diagnosticaron un cáncer linfático y por el inicio del período político de cara a las elecciones generales de 2013, incrementándose las tensiones contra de la prensa.
Aunque hubo intentos de manipulación informativa sobre el diagnóstico y las vicisitudes del tratamiento médico del Presidente, los datos fueron dados a conocer sin mayores obstáculos.
El 2 de noviembre, la Cámara de Diputados postergó sin fecha determinada el tratamiento del proyecto de ley de acceso a la información pública. El proyecto es promovido por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), que nuclea a unas 17 organizaciones no gubernamentales, además del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El citado grupo inició en el año 2003 una campaña destinada a reglamentar la disposición constitucional.
Las rispideces registradas entre distintos sectores del Gobierno -se destacan un grupo de partidos y movimientos de izquierda y un partido tradicional de centroderecha- generaron ataques contra la prensa. Sobresalen las embestidas al diario ABC Color y a su propietario, Aldo Zuccolillo, por parte del secretario político del Partido Popular Tekojojá, Aníbal Carrillo, quien los acusó de propalar mitos y mentiras sobre cuestiones políticas de actualidad.
El periodista de ABC Color, Jorge Torres Romero, fue querellado por calumnia por el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Ernesto Soares, quien está imputado por la justicia por el supuesto delito de lesión de confianza y adulteración de documentos públicos.
Torres había iniciado la publicación de investigaciones sobre supuestos manejos irregulares en la SEN en casos de emisión de facturas falsificadas para justificar rendiciones de viáticos, sobrefacturaciones en la compra de alimentos para casos de emergencia y nombramientos masivos de afiliados al partido político de Soares.
A partir de esas publicaciones, el Ministerio Público imputó a Soares por los delitos mencionados, estimándose un daño patrimonial de 4.200 millones de guaraníes (aprox. un millón de dólares).
En diciembre de 2010, el ex gobernador del Departamento boliviano de Tarija, Mario Cossío, solicitó refugio al Gobierno del Paraguay, alegando persecución política por parte del presidente Evo Morales. La administración de Fernando Lugo concedió el status requerido a mediados de enero de 2011. La decisión implicó igualmente una serie de virulentos ataques contra ABC Color, al que se acusó de haber influenciado a las autoridades nacionales para acoger la solicitud de Cossío. Las acusaciones fueron formuladas por voceros del gobierno del presidente Evo Morales, algunos medios bolivianos y sectores de partidos y grupos de izquierda que forman parte del gobierno paraguayo.
En momentos en que el Consejo Nacional de Refugiados (CONARE) del Paraguay analizaba el pedido, la ministra de Transparencia de Bolivia, Nardy Suxo, se hizo presente en Asunción para reclamar el rechazo del planteo presentado por Cossío. Según declaraciones de la senadora paraguaya Zulma Gómez, con quien mantuvo un encuentro sobre el particular, la funcionaria cuestionó la labor de los medios paraguayos, a los que acusó de estar vendidos.
El 12 de enero estalló un artefacto explosivo y otro fue desactivado en las inmediaciones del Sistema Nacional de Televisión, Canal 9 Cerro Corá, de Asunción. El autoproclamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se adjudicó el hecho en un panfleto encontrado en las cercanías de Canal 9, advirtiendo a la prensa burguesa que se ha convertido en objetivo militar de nuestras fuerzas revolucionarias.
Una Cámara de Apelaciones de Asunción revocó la resolución por la cual la jueza Blanca Rojas había dejado sin efecto un embargo de 500 millones de guaraníes (algo más de 100 mil dólares) contra el periodista de ABC Color, Luis Verón, en el marco de una demanda indemnizatoria promovida por el arquitecto Luis Fernando Pereira Javaloyes. Verón había denunciado, a través de publicaciones periodísticas, al demandante por causar daño al patrimonio nacional en trabajos de restauración realizados en una iglesia de la época colonial.
El jueves 3 de marzo fue asesinado frente a sus hijos el locutor de la radio La Voz de Itakyry, Merardo Romero, en la localidad homónima del departamento de Alto Paraná. El comunicador militaba en uno de los movimientos internos del Partido Colorado (Esperanza Colorada), que eligió a sus nuevas autoridades el 13 de marzo. La viuda del comunicador, Gloria Torres, apuntó a un ex intendente de la localidad y dirigente partidario de un movimiento rival de Romero, como autor del crimen. El caso es actualmente objeto de investigación policial y judicial.
La subcomisaria Virginia Villar Burgos, de la Jefatura Departamental de San Pedro, querelló por difamación y calumnia al corresponsal de ABC Color en esa jurisdicción territorial, Omar Acosta, a raíz de una serie de denuncias que la vinculaban con la comisión de apremios físicos durante la época en que se desempeñaba como jefa de una comisaría policial en la localidad de Guayaybí. Las denuncias motivaron su destitución, aunque luego fue asignada como guardia de la familia del gobernador de San Pedro, José Ledesma.
El 8 de febrero, el juez Elvio Rubén Ovelar dispuso la realización de un juicio oral entre el 21 y el 24 de junio próximo, en el marco de una querella promovida por una ex modelo y actual empresaria, Zuni Castiñeira, contra la periodista de ABC Color, Sandra López. La misma reclama el pago de 2.000 millones de guaraníes (unos 450 mil dólares) por sentirse difamada, calumniada e injuriada, a raíz de unas publicaciones que la vinculaban con cuestionados desembolsos efectuados a favor de la misma por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), durante la administración encabezada por Víctor Bogado, actual presidente de la Cámara de Diputados.
El periodista de ABC Color, Roque González Vera fue querellado por calumnia, difamación e injuria por el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Benigno Villanueva Salinas. El político es responsabilizado por haber promovido la invasión del predio del Parque Nacional Paso Bravo. Además, se sospecha que el mismo habría cometido estafa contra un grupo de inversionistas del Brasil, interesados en la adquisición de tierras en el sector lindante con el área protegida.
Un Tribunal de Apelaciones de Asunción confirmó la absolución del periodista de ABC Color, Rosendo Duarte, corresponsal en la ciudad de Salto del Guairá (Departamento de Canindeyú), en un proceso por difamación y calumnia impulsado por el dirigente local del Partido Colorado Marciano Godoy. De esta manera, se confirmó el fallo dictado por la jueza Elsa García, el 29 de diciembre de 2009. Godoy había querellado al periodista tras una serie de publicaciones que dejaron al descubierto casos de tráfico de influencias, pago por protección y cobertura al contrabando mediante la ubicación de policías de confianza en puestos claves.
El ejercicio de la labor periodística en las zonas limítrofes con el Brasil se continúa desempeñando en un ambiente de gran precariedad y amenaza a la seguridad de los reporteros.
El 3 de noviembre, el corresponsal de ABC Color en Curuguaty (Departamento de Canindeyú), Pablo Medina, fue amenazado por un político del Partido Colorado, después de que denunció disputas por el control del tráfico de drogas en la región. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, dispuso la designación de custodia personal para el periodista. A comienzos de febrero, la locutora de la radio 102.3 FM en Pedro Juan Caballero (Departamento del Amambay), Daysi Alonso Brítez, denunció haber recibido en su teléfono móvil amenazas de muerte contra su hijo. La profesional atribuyó el hecho a un político de la zona.
FUENTE: nota.texto7
