Ha prevalecido un clima de libertad de prensa en este período. Sin embargo, ha sido amenazado varias veces por una serie de incidentes que ha derivado en agresiones e intentos de agresiones policiales contra periodistas que cubren un prolongado conflicto estudiantil en la estatal Universidad de Puerto Rico.
Estos atropellos se han suscitado en momentos cuando el gobierno intenta marcar los espacios para la libertad de expresión en los predios de la universidad y otros lugares públicos, como han denunciado el Centro para la Libertad de Prensa, los gremios periodísticos y la Comisión de Derechos .
Los hechos más sobresalientes en este período fueron:
El 22 de diciembre la Asociación de Fotoperiodistas denunció la agresión al camarógrafo de Telenoticias (Canal 2), David Solís, de parte de un policía que le rompió parte de la cámara cuando el fotoperiodista comenzó a grabar una escena en que varios agentes arrestaban y aplicaban técnicas cuestionables desde el punto de vista de los derechos civiles, a uno de los estudiantes en huelga.
El 28 de enero la organización sin fines de lucro Prensa Comunitaria condenó el arresto injustificado de un corresponsal de Radio Huelga y las agresiones a otros periodistas, ocurridas durante la cobertura de eventos de desobediencia civil en la misma universidad. Carla Minet, directora de Prensa Comunitaria, denunció que se trató de uno de los actos más dramáticos de un patrón de agresiones físicas y verbales hacia miembros de la prensa por parte de la Policía, especialmente la Unidad de Operaciones Tácticas que golpean a nuestros colegas, rompen e incautan equipos y no permiten informar.
El 1 de febrero la Asociación de Fotoperiodistas radicó ante el secretario de Justicia una querella por agresión de parte de la policía contra el fotoperiodista Ricardo Alcaraz, durante su cobertura de la huelga universitaria.
El 25 de febrero el Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimó una demanda radicada en julio de 2010 por organizaciones periodísticas, contra el presidente del Senado, por desalojar arbitrariamente a los periodistas y fotógrafos del hemiciclo. El acceso del público y los periodistas está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, por lo que la decisión del Tribunal de no atender la demanda de inconstitucionalidad sobre esa conducta, deja a merced del funcionario electo que se siga restringiendo el acceso al recinto y el trabajo de los periodistas.
FUENTE: nota.texto7
