República Dominicana

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En este período el libre ejercicio del periodismo fue perturbado por una cadena de hechos que incluyen arrestos injustificados, ultrajes, amenazas y agresiones violentas o verbales contra periodistas.

Varios reporteros, fotógrafos y camarógrafos han sido víctimas de las actitudes intolerantes y abusivas de agentes de la autoridad pública mientras cubrían para sus medios los pormenores de diferentes sucesos, sin que se hayan dispuesto las medidas para sancionar esos excesos.

En enero de este año, el reportero gráfico del Listín Diario en Santiago, Onelio Domínguez y el conductor del vehículo de la empresa, Noel Blanco, fueron arrestados sin ninguna justificación por dos agentes de la Policía mientras se encontraban en un expendio de comidas rápidas y llevados a un cuartel bajo la falsa acusación de que alteraban el orden público, donde estuvieron privados de su libertad por más de dos horas. La Policía dijo después que se trató de una confusión y los libertó sin formularles cargos.

La reportera de televisión María Esperanza Ceballos, de la Cadena de Noticias, fue impedida de entrar a la sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia porque lucía en su bolso un sticker con el reclamo de la asignación de un cuatro por ciento del Producto Bruto Interno para la educación y porque supuestamente no llevaba identificación. Una agente de la seguridad del Presidente de la República la sometió a tres requisas sucesivas, entorpeciendo su labor profesional.

La oficina de prensa del Palacio Nacional explicó posteriormente que no hubo atropello ni violación de los derechos de la comunicadora, aunque reconoció que la oficial de la seguridad presidencial cometió un exceso al exigirle que retirara el sticker de su bolso.

A finales de ese mismo mes, un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte despojó con violencia de su cámara filmadora al reportero Danilo Barceló, del canal 3 de Boca Chica, y le extrajo un video en el que dicho agente aparecía abusando de un menor al que tumbó desde el autobús en que se encontraba.

En febrero, tres reporteros, la periodista Sorange Batista, del diario Hoy, Awilda González, de Teleantillas y un camarógrafo que las acompañaban en la cobertura de un juicio a un supervisor de la Dirección de Prisiones, imputado de permitir el acceso de bebidas y otras sustancias a un grupo de reclusos enjuiciados por narcotráfico, fueron amenazados y golpeados por un militar asignado a la custodia del funcionario y por un familiar de este, impidiéndoseles que cumplieran con sus responsabilidades profesionales.

En marzo, el periodista Kennedy Vargas, de la sección deportiva de Hoy, denunció ante las autoridades fiscales y policiales que personas desconocidas colocaron una bomba que no llegó a estallar en su apartamento y que continuamente lo amenazan de muerte, por las denuncias que publica sobre el auge de la delincuencia en su sector. Pese a que presentó formal querella, todavía las autoridades no han accionado para investigar su denuncia.

Con marcada frecuencia, los reporteros asignados a la cobertura de juicios en los tribunales a acusados de narcotráfico y de otros delitos graves confrontan problemas para ejercer su labor ya que son sacados de las salas por órdenes de los jueces de turno, bajo alegatos baladíes, como el de que los periodistas entorpecen su trabajo o que ciertas audiencias no están abiertas para todo el público.

Tanto la nueva Constitución de la República, votada el 26 de enero del 2010, como la ley especial sobre expresión y difusión del pensamiento garantizan la libertad de prensa, pero a menudo estas garantías son ignoradas y violentadas por agentes de la autoridad pública.

El 27 de febrero, al comparecer ante el Congreso Nacional para rendir las memorias de su gestión en el año 2010, el presidente Leonel Fernández anunció el sometimiento a las cámaras de cinco leyes especiales, una que reforma la 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento, y otra que introduce cambios a la vigente Ley de Acceso a la Información Pública, así como tres que se refieren a la publicidad, al internet y a la distribución publicitaria oficial, elaboradas por una comisión de reputados juristas y periodistas.

Se espera que las leyes, una vez sometidas al Congreso, sean discutidas en vistas públicas. Como todavía no se conocen oficialmente sus contenidos, hay muchas expectativas acerca de sus alcances e impacto.

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