La redacción de un proyecto de ley de medios fue el centro de atención no solo por sus contenidos, sino por declaraciones contradictorias de integrantes del gobierno que han puesto una marcada incógnita sobre cual será su destino final. Sin embargo, fue positiva la afirmación del presidente José Mujica, que tiraría a la papelera cualquier Ley de Prensa que se le presentara.
El presidente Mujica fue tajante cuando el 6 de diciembre, en una entrevista con La Nación de Buenos Aires fue interrogado acerca de una ley de prensa: Yo soy el Presidente de la República. ¡Me tienen podrido con esa pregunta! ¡Podrido! Al Presidente de la República no le llegó absolutamente nada. El día que le llegue ya ha dicho que va a tirarla a la papelera. En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente, Danilo Astori.
Sin embargo, una comisión que se encontraba en la órbita de la Dirección de Telecomunicaciones continuó trabajando en silencio en una Ley de Medios sobre los Servicios de Comunicación Audiovisual para reglamentar el funcionamiento de los denominados Servicios de Comunicación Audiovisual, que define como aquellos cuya principal finalidad es proporcionar programas con objeto de informar, entretener o educar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, de televisión o radiodifusión sonora, por medio de una oferta estable y permanente de contenidos, sobre la base de un horario de programación.
Esta comisión ha elevado a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones los lineamientos generales de una futura ley de Medios, pero hasta el momento no se ha concretado en un proyecto de ley. Incluye sugerencias muy resistidas por las radios y televisión privada, como la adjudicación de frecuencias por un plazo de 10 años, que actualmente no existe. Al respecto, la Asociación de Radios del Interior del Uruguay (RAMI), que reúne a 140 emisoras fuera de Montevideo, hizo público su rechazo a los plazos, en el entendido que lograr que un emprendimiento periodístico y comercial tenga su prestigio y reconocimiento en la audiencia, lleva años y establecer plazos al mismo es arbitrario.
Otras sugerencias polémicas, como una política de contenidos que incluyera también a la televisión para abonados, quedaron estampadas en el informe, aunque cabe reiterar que, por el momento, lo acordado por la comisión son solo expresiones de ideas. Las referencias del Presidente sobre este tema se han limitado a un Lo único que me preocupa es que los medios de Uruguay queden en manos de alguna multinacional de afuera. Seguramente tenemos problemas en nuestro espacio nacional, pero hay que separar la paja del trigo.
Un hecho que provocó revuelo en los medios fue la decisión del ente energético (UTE) de cortar el suministro de energía eléctrica el 12 de enero a una emisora radial, considerada de izquierda radical y que se ha caracterizado por sus duros ataques al gobierno. El motivo fue la deuda que la radio tenía con UTE. No hubiera llamado la atención si no hubiera existido el antecedente con el matutino oficialista La República. Mientras la radio optó (voluntariamente y como cualquier hijo de vecino, según su directora) por pagar para seguir en el aire, pero a La República se le refinanció la deuda y se le habilitó a abonar, al menos parte de la misma, con publicidad oficial del mismo ente energético. La deuda de la radio era de $287 mil (unos 14 mil dólares), mientras que la del matutino alcanzaba $6,5 millones (unos 325 mil dólares). Es una persecución mezquina y cobarde contra CX 36 dijo su directora, Sandra Berón porque es la única radio de oposición al gobierno.
El 25 de enero, el presidente Mujica advirtió la existencia de una campaña de algunos medios de comunicación por perjudicar a su gobierno. El diario Ultimas Noticias dijo que la reacción de Mujica se debía a informaciones aparecidas en los matutinos El País y La Diaria que hablaban de problemas y enfrentamientos entre el prosecretario de la Presidencia y el Ministro de Economía.
En una publicación del 4 de febrero en la revista Crasa y Caretas de una nota titulada La ofensiva de los indagables del periodista Roger Rodríguez, informando sobre el Foro Libertad y Concordia constituido semanas atrás para defender a los militares que están siendo cometidos a procesos judiciales, un militar retirado citado en su reporte publicó en Internet todos los datos personales del periodista, incluyendo un mapa para identificar su domicilio. Rodríguez, es un periodista que se ha caracterizado por sus denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar (1973-85).
El 10 de febrero la SIP condenó la actitud intimidatoria y las amenazas contra Rodríguez proferidas por militares retirados a través de la red social Facebook, al considerar que se trata de actitudes y fuerzas intolerantes del pasado en las que el poder no respetaba las leyes, la Constitución y mucho menos la libertad de expresión.
El 9 de febrero la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (Adypu), entidad que agrupa a los diarios El País, El Observador y Ultimas Noticias y a los semanarios Búsqueda y Brecha, manifestó "su inquietud" por la actitud del presidente Mujica de solamente convocar a un diario oficialista y cuatro canales de televisión a una conferencia de prensa realizada el 2 de febrero para informar de un tema de interés general y público como son las medidas fiscales en torno al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia se confirmó a la agencia Associated Press que fue una decisión del propio presidente Mujica.
El 14 de febrero un juez condenó al periodista Alvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. El condenado cumplirá con la pena bajo el régimen de libertad ambulatoria, que le permite permanecer en libertad pero con control judicial.
El juez penal de 10° Turno, Rolando Vomero, señaló en la sentencia que a través de los testigos quedó "plenamente probado" que la información manejada por Alfonso, en la página 181 del libro ´Secretos del Partido Comunista del Uruguay´, es "falsa". El periodista sostuvo que, según le confiaron fuentes militares, el militante comunista Carlos Tutzó colaboró con las fuerzas armadas durante la dictadura uruguaya.
El juez determinó que el periodista actuó con intención de dañar a Tutzó. La fiscal Ana Tellechea señaló, según la sentencia, que el periodista atribuyó ´con conciencia y voluntad´ una conducta ´ofensiva´ hacia Tutzó. La defensa apeló la sentencia. Cabe señalar en torno a este episodio, que la fiscal Tellechea también había solicitado la requisa de todos los libros "Secretos del PCU", lo que fue desechado por el juez de la causa. Vomero dijo que "no se hará lugar a dicha petición. Estamos ante un libro en el cual existen unos pocos renglones donde se difama a una persona. A juicio del decisor, impedir la venta de un libro sería un desconocimiento de la libertad de expresión".
FUENTE: nota.texto7
