Venezuela

Sigue vigente la prohibición impuesta por un juez a El Nacional, por publicar imágenes de la morgue de Caracas que revelaba la violación de los derechos humanos, así como persiste el acoso contra su presidente, Miguel Henrique Otero.

Varias reformas legales sirvieron para limitar y controlar medios electrónicos, redes sociales e internet y se sigue restringiendo el acceso a fuentes gubernamentales y a la Asamblea Nacional.

La empresa periodística Globovisión continúa hostigada, con procesos judiciales abiertos y el bloqueo de su cobertura. El 6 de diciembre el gobierno se apoderó del 20% de las acciones que pertenecían al dueño del liquidado Banco Federal, Nelson Mezerhane.

El presidente Hugo Chávez, el 20 de noviembre, exigió a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo y a su Vicepresidente “hacer algo” contra ese canal, acusando a Guillermo Zuloaga de propiciar el magnicidio y ordenó enjuiciarlo por “traición a la patria”. Ese asedio mantiene a Zuloaga en el exilio.

La Fiscal General Luisa Ortega lo amenazó así el 27 de noviembre: “Si Zuloaga vuelve al país será detenido”.

En noviembre, la Asamblea Nacional aplicó un Reglamento que prohíbe a las televisoras y medios independientes (privados), estar presentes dentro del hemiciclo de discusiones. Ahora la única televisora que puede transmitir es la oficialista ANTV.

El 18 de febrero, periodistas que cubren la fuente parlamentaria denunciaron que se les mantiene un cerco alrededor de la Sala de Prensa y solicitaron se modifique el artículo 66 de la Ley de Reglamento de Debates, el cual coarta el acceso de los periodistas al recinto del Congreso.

El 24 de marzo, el diputado Biaggio Pilieri, denunció la intención de los legisladores del oficialismo de secuestrar la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional e impedir que se discutan casos de libertad de prensa e información. Agregó que los 67 diputados no oficialistas que integran la Asamblea Nacional, rechazaron al cerco a los periodistas.

Varias reformas legales extienden a Internet las restricciones que ya existían sobre la radio y la televisión abierta de una manera desproporcionada, aumentando el número de exigencias, multas, prohibiciones y sanciones a los medios que usan el espectro electromagnético.

Las nuevas leyes sancionan y multan a los proveedores del servicio electrónico que infrinjan tales controles. Los textos y las imágenes que se difundan a través de internet están sujetos a controles. Prohíben la difusión de mensajes que puedan “fomentar la zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”, “desconocer las autoridades”, e “irrespetar a los poderes públicos o personas que ejerzan dichos cargos”.

Obligan a los “proveedores de medios electrónicos a establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados” que vulneren la Ley.

Pero entre los artículos de mayor peligro en la Reforma de la Ley Orgánica de la Ley de Telecomunicaciones está el número 22, que dice: “El órgano rector podrá cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la nación o cuando así lo exija el orden público o la seguridad; revocar o suspender las habilitaciones administrativas, concesiones o permisos”.

De igual manera la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, a la que ahora se le agregó Medios Electrónicos, controla todo texto, imagen o sonido cuya difusión y recepción tenga lugar dentro del territorio de la República. En su artículo 19 expresa que “son competencia del órgano rector ejecutar políticas de regulación y promoción en radio, televisión y medios electrónicos”.

El Presidente ya lo había advertido, antes de incursionar en el Twitter. Dijo en abril de 2010 que sus adversarios políticos utilizaban las redes sociales para insultarlo, engañar al público y desacreditar a funcionarios gubernamentales, y planteó, la posibilidad de regular el uso de internet.

La Asamblea Nacional desestimó el llamado de todas las organizaciones nacionales e internacionales de ajustar el marco jurídico a estándares mundiales.

Los portales informativos en el país son obligados a aplicar censura previa y controles para aquellos que escriben o comentan un hecho publicado.

Los proveedores de Internet han convertido su “filtro automático de los comentarios de los lectores en “manual” para hacer una “moderación previa” de los mensajes, según Frank de Prada, fundador y editor de Noticias 24.com. Uno de los portales informativos más visitados en Latinoamérica y el primero en el país. De Prada, dijo que el mismo día que comenzó la discusión de la reforma a la Ley Resorte y de Medios Electrónicos, fue abordado en su oficina de Caracas por nueve funcionarios del SEBIN (Policía política del Gobierno), portando armas largas y fue “invitado” a la sede central de ese organismo.

La razón habría sido un comentario publicado en su portal, que según los funcionarios instigaba al delito. Luego de tres horas de interrogatorio, no lo pudieron incriminar.

A los medios de comunicación independientes, se les continúa amputando el acceso a fuentes gubernamentales de alta jerarquía. Visitas de ministros y vice ministros; en repetidas oportunidades han dejado de cubrirse porque la invitación no llega o porque la entrada es limitada para aquellos que puedan hacer preguntas comprometedoras.

A los periodistas de medios independientes no se les permite cubrir ruedas de prensa que ofrece Chávez, al tiempo que continúan las trabas burocráticas, anillos de seguridad, agresiones, amenazas y ofensas de parte de los seguidores del Presidente contra los periodistas.

El 31 marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 159 casos que constituyen violaciones a la libertad de expresión, materializados en amenazas, agresiones, hostigamiento judicial e intimidación a periodistas, así como la imposición de medidas de censura contra medios de comunicación, siendo los principales responsables de estas agresiones los cuerpos de seguridad del estado, funcionarios públicos de diversas dependencias y por último, el Poder Judicial.

También el SNTP hizo hincapié en la pasividad el Ministerio Público en cuanto a las investigaciones sobre siete denuncias presentadas ante esa instancia, entre ellas, el ataque a periodistas de la Cadena Capriles.

Otros hechos sobresalientes en este período fueron:

El 17 de noviembre grupos oficialistas agredieron a los equipos reporteriles de Globovisión y Televén cuando realizaban tomas en apoyo, para un trabajo sobre el tema de las inundaciones del Municipio Morán del Estado Lara. Les prohibieron tomar imágenes y fueron golpeados.

El 25 de noviembre fue rechazado el recurso presentado por RCTVI. La Sala Político Administrativa de Tribunal Supremo de Justicia, declaró improcedente la solicitud de Medida Cautelar innominada hecha por RCTVI.

El 30 de noviembre fue anulada una sentencia contra el periodista Francisco Pérez, que era de tres años y nueve meses de prisión y lo inhabilitaba para ejercer su profesión.

El 17 de noviembre, la SENIAT cerró temporalmente tres medios de comunicación, La Verdad y los canales Global TV y Zuliana de Televisión, imponiéndoseles multas onerosas.

El 23 de diciembre la Guardia Nacional y Policía Metropolitana, una agredieron brutalmente marcha pacífica en rechazo a la Ley de Universidades, entre ellos, un reportero gráfico de la agencia AFP.

El 21 de enero Marcel Granier, director general de RCTVI, acudió ante la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para consignar los documentos necesarios para que se autorice al medio, salir al aire como producto Audiovisual en Venezuela. al aire como producto Audiovisual en Venezuela.

Ese día fueron sacadas del aire emisoras de Ocumare de la Costa en el Estado Aragua. La Guardia Nacional ingresó en las instalaciones de la emisora radial Onda Costera 95.1 FM y procedieron a desactivar los equipos.

El 3 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la salida del aire de Radio Bonita, junto con 33 emisoras “por procesos administrativos abiertos por CONATEL”.

El 15 de febrero fue expropiado el canal de televisión “Tele Yaracuy” de la localidad de Yaracuyana. Los equipos pasaron a control del Estado.

El 25 de marzo el director de Musicable Higuerote 97.7FM, Pedro Tartak, informó que CONATEL ordenó el cese inmediato de operaciones y la incautación de los equipos de la emisora, por operar de manera clandestina. Tartak negó la acusación.

El 30 de marzo Chávez, a su llegada a Argentina, dijo que “no hemos cerrado ni un sólo medio en Venezuela”. Chávez manifestó sentirse honrado por el premio Rodolfo Walsh a la Comunicación, otorgado por la Universidad de la Plata.

Ese día, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela consideró lesivo ese premio y condenó la agresión física y verbal de la que fue objeto la periodista Lorena Cañas, corresponsal de Globovisión en el estado Bolívar.

El 6 de abril, los periodistas Maolis Castro y Ernesto Morgado, del diario El Nacional, fueron detenidos en el departamento de investigación criminal de Fuerte Tiuna, a cargo del coronel Jesús Ferrera García, después de ir a cubrir una manifestación de personas damnificadas.

El juez Jesús Jiménez, a cargo del juzgado 20 en funciones de juicio del área metropolitana de Caracas, decidió este lunes ampliar las presentaciones del periodista y editor de 6to Poder, Leocenis García. El; periodista ahora deberá presentarse a cada 30 día ante el tribunal, y no podrá salir del país. El periodista García denunció que esta prohibición de salida del país es motivada principalmente a su condición de periodista y editor. Además, el consultor de redacción, Sr. César Camejo, se tuvo que exilar en Costa Rica antes las múltiples amenazas.

FUENTE: nota.texto7